Blue Cross & Blue Shield es un seguro médico privado que cuenta con una amplia red de centros de atención y se encuentra instalado en Uruguay desde hace aproximadamente 30 años.

En diálogo con el Portal del PIT-CNT, el secretario general de la FUS, Marcos Franco, señaló que se trata de una empresa cuyos afiliados tienen un “poder adquisitivo elevado” y que atiende a un sector “privilegiado de la sociedad”. En ese sentido, destacó los “altos costos de sus servicios, particularmente el valor de las cuotas que abonan sus usuarios”.

Franco explicó que el conflicto comenzó a tomar forma hace aproximadamente dos meses, “cuando los trabajadores resolvieron organizarse sindicalmente, a partir de un intento de la empresa de implementar modificaciones contractuales que afectaban sus condiciones laborales”.

Según detalló, “la empresa pretendía desglosar de los salarios el pago de la antigüedad y las horas extras”. Esto se relaciona con dos situaciones que, de acuerdo con la FUS, se arrastran desde hace 30 años, como por ejemplo que “los trabajadores cumplen jornadas de nueve horas, cuando el laudo del sector establece un régimen de siete horas diarias, y tampoco se respeta el pago de la prima por antigüedad, cuyo porcentaje se determina en función de los años trabajados. Esto nunca se ha respetado”.

El dirigente sindical explicó que, luego de una denuncia y una inspección del Ministerio de Trabajo, la empresa pretendió modificar “unilateralmente” la composición de los salarios, desglosando los conceptos correspondientes a la prima por antigüedad y a las dos horas extras que, según el planteo sindical, debían reconocerse por encima de la jornada establecida en el laudo.

En ese contexto, los trabajadores conformaron su organización sindical, que cuenta con el reconocimiento de la Federación Uruguaya de la Salud y del ámbito del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, a partir de entonces comenzaron a surgir nuevas dificultades. Franco denunció que “la empresa desconoce a la organización sindical y no habilita ámbitos de negociación y discusión bipartita”. También señaló que “no funcionan la Comisión de Salud Laboral ni la Comisión de Género, cuyos espacios no han podido conformarse porque la empresa no los convoca”.

“Lo que sí funciona es la política del apriete”, afirmó. Según sostuvo, los trabajadores reciben presiones y amenazas para que no se sindicalicen, incluso con advertencias de posibles despidos.

El secretario general de la FUS también manifestó preocupación por las situaciones de “desigualdad” que afectan particularmente a las mujeres, quienes representan más del 90% de la plantilla de trabajadores. En ese sentido, denunció la existencia de “diferencias salariales entre hombres y mujeres” y consideró que “las prácticas de la empresa remiten a situaciones laborales de varias décadas atrás”.

“Lo que están haciendo los responsables de la empresa, sus jerarquías y mandos superiores, es apretar a la gente”, señaló.

Franco sostuvo que el reclamo de los trabajadores está respaldado por las disposiciones del laudo, particularmente en lo que refiere al pago de la prima por antigüedad y su correspondiente porcentaje en función de los años de trabajo. Por ese motivo, consideró que existen fundamentos para defender los derechos reclamados.

Asimismo, remarcó que la mayoría de la plantilla está integrada por mujeres que, según denunció, reciben “presiones permanentes” para firmar contratos que no cuentan con el aval de los abogados del sindicato. En caso de negarse, aseguró, “son amenazadas con perder sus puestos de trabajo”.

“Queremos darles tranquilidad a todos los trabajadores de Blue Cross & Blue Shield, estén afiliados o no al sindicato, porque cuentan con el respaldo de la Federación Uruguaya de la Salud. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que no se vulnere ningún derecho laboral y se respete la libertad sindical”, afirmó Franco.

En cuanto a los próximos pasos, Franco anunció que la semana siguiente solicitarán una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Además, adelantó que llevarán la situación al Parlamento y concurrirán a la Comisión de Salud para exponer las denuncias relacionadas con el funcionamiento de los seguros médicos privados. El dirigente manifestó que existe “preocupación” por las condiciones laborales en la que se puedan encontrar otras empresas del sector.

Por su parte, representantes del sindicato de trabajadores de Blue Cross & Blue Shield calificaron la situación como “muy grave” y consideraron que requiere una “discusión profunda para evitar que continúen vulnerándose los derechos laborales”. En ese sentido, cuestionaron que una empresa que brinda servicios de salud mediante un seguro privado, con importantes niveles de recaudación, mantenga prácticas que afectan las condiciones de trabajo y los derechos de sus funcionarios.

Los representantes sindicales reconocieron que la decisión de organizarse y hacer pública la situación no fue sencilla, debido al vínculo afectivo que muchos trabajadores mantienen con la empresa, en la que llevan varios años desempeñando sus tareas. “Tenemos pruebas de que agotamos todas las instancias de diálogo y nunca se reconocieron nuestros derechos. Siempre nos plantearon quedar sometidos a una especie de isla jurídica dentro de la empresa”.

Agregaron que, como cualquier trabajador, están ejerciendo derechos amparados por la legislación vigente y manifestaron su expectativa de que el conflicto pueda resolverse de la mejor manera, preservando especialmente las fuentes laborales.

Explicaron que el primer acercamiento para dialogar con la empresa fue promovido por los propios trabajadores. Sin embargo, pese a que se concretaron instancias de intercambio, no encontraron disposición para atender sus reclamos ni reconocer sus derechos.

“Nos preocupa la imposición de un nuevo contrato elaborado por la empresa que fue considerado nulo y abusivo por nuestro abogado y por otros profesionales especializados en Derecho Laboral”, indicó el gremio del seguro de salud.

También denunciaron situaciones de “discriminación hacia quienes se negaron a firmarlo y amenazas de pérdida del puesto de trabajo”.