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SUTIGA advierte sobre precarización, falta de pagos y persecución antisindical en dispositivos para personas en situación de calle
Alerta roja y los atrasos del MIDES
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Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA), reclaman la eliminación de las tercerizaciones laborales en la gestión de las políticas sociales y una participación más activa del Estado, denuncian atrasos sistemáticos en el pago de salarios y situaciones de persecución sindical. Este jueves comenzó el operativo alerta roja de nivel nacional, destinado a personas en situación de calle, y mientras tanto, la precarización laboral y la falta de pagos se mantiene incambiada.  

 

Agustina Cappelli, integrante de la Comisión de Tercerizados de SUTIGA, explicó al Portal del PIT-CNT que continúan registrándose demoras en el pago de salarios a trabajadores de distintas organizaciones que prestan funciones para el MIDES.

“Distintas organizaciones informaron que están con atrasos salariales, mientras que en algún caso se está abonando solamente el 40% del salario y todavía se le adeuda a las y los trabajadores el 60% restante. Esto no es una excepción, no se trata de un caso aislado, y esto se sigue reiterando en distintos dispositivos”, detalló.

Cappelli explicó que la población destinataria de estos programas afectados por la falta o atraso en los pagos de salarios, "son personas en situación de calle". Algunos dispositivos funcionan como refugios para varones y otros son mixtos. “Uno de los mixtos se rige por la Ley de Faltas, el resto son refugios nocturnos y voluntarios”.

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Agustina Capelli

La dirigente sindical señaló además que varias organizaciones mantienen atrasos en las liquidaciones correspondientes a contratos finalizados. Explicó que los convenios son anuales y que muchos proyectos ya culminaron. En algunos casos hubo recontrataciones, pero en otros no.

Asimismo, advirtió que debido a la denominada “alerta roja” o alerta máxima que comenzó a regir hoy jueves 7 -lo que implica la evacuación obligatoria de personas en situación de calle- varios centros pasarán a funcionar las 24 horas a partir del 15 de mayo. “A raíz de tal situación, vamos a necesitar más personas trabajando, porque con el personal que normalmente cubre un refugio nocturno no alcanza cuando se pasa a funcionar las 24 horas. Se necesitan más trabajadores para sostener esos espacios”, afirmó.

En ese sentido, expresó preocupación por el escenario que puede generarse durante el invierno. Planteó que si en la actualidad existen atrasos en los pagos de salarios, la situación podrá empeorar cuando pasen a trabajar más horas. En tal sentido manifestó alerta por las proyecciones que pueda tener el MIDES respecto al pago de salarios durante el invierno y en medio de una alerta.

Persecución antisindical

La integrante del SUTIGA también denunció que en determinadas organizaciones "fue necesario luchar por la reincorporación de trabajadores debido a situaciones de persecución antisindical". Afirmó que se han constatado situaciones tanto en el interior del país como en Montevideo. “En el interior hubo compañeros que comenzaron a sindicalizarse cuando empezaron los atrasos salariales. A uno de ellos lo despidieron y a otro le redujeron las horas de trabajo. Inmediatamente se contactaron con SUTIGA”, explicó. Actualmente, ambos continúan trabajando en la organización involucrada. Mientras que otro trabajador que había sido despedido también fue reincorporado.

Cappelli sostuvo que en Montevideo se registraron situaciones similares. “Despidieron a trabajadoras por sindicalizarse y reclamar algo tan básico como el salario. No estamos pidiendo nada excepcional, sino el pago en tiempo y forma, como corresponde. En estos casos también fueron reincorporadas”, indicó.

Agregó que algunas organizaciones utilizaron evaluaciones de desempeño para “justificar despidos y posteriores recontrataciones”. Sin embargo, cuestionó la transparencia de esos procesos. “En realidad, el contenido de esas evaluaciones no era claro ni respondía a buenas intenciones”.

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Supernumerarios 

Consultada sobre la mirada crítica que parte de la sociedad tiene hacia las personas en situación de calle, Cappelli consideró que se trata de una consecuencia del sistema social y económico vigente. “Es producto del sistema capitalista, que genera permanentemente supernumerarios o excedentarios y no crea las condiciones para que las personas puedan desarrollar su autonomía de manera estable, sostener un trabajo y una vivienda”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que existen “soportes” que hoy no están garantizados para estas personas. “El Estado no llega, y eso también tiene que ver con el tipo de capitalismo que estamos atravesando”, expresó.

Cappelli planteó la necesidad de fortalecer políticas públicas y revisar el modelo de tercerización de los servicios sociales.

“Hay que reforzar muchas políticas y también desprivatizar algunas áreas, porque hoy los refugios quedan en manos de organizaciones de la sociedad civil y no necesariamente de equipos técnicos. No digo que todo deba quedar exclusivamente en manos de técnicos, porque el vínculo con el territorio es importante, pero sí hay que repensar bajo qué lógica queremos desarrollar estas políticas públicas para que no se sigan produciendo estos supernumerarios”, señaló.

Explicó que los “supernumerarios” o “excedentarios” son aquellas personas excluidas de la relación salarial y del mercado laboral activo, una exclusión que no solo es económica, sino también social y de derechos.

Pérdida de confianza política

En relación al Programa Calle, sostuvo que existe una pérdida de confianza política en la capacidad transformadora de estos dispositivos.

“Creo que, a nivel jerárquico y político -sin hablar de partidos concretos, sino de todos los gobiernos que han pasado-, se perdió un poco la esperanza de que programas como el Programa Calle puedan funcionar. También viven en el mismo sistema que vivimos todos y no se comen la pastilla. Entonces, esta falta de mejoras profundas en la política, o incluso el no pago de salarios, tiene relación con eso: con que no existe una verdadera expectativa de éxito. Y como no creen que vaya a funcionar, tampoco se avanza en destercerizar ni en que el Estado asuma directamente la gestión, porque no quieren hacerse cargo de ese fracaso”, opinó.

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Para la integrante de SUTIGA, otra de las problemáticas que se debe atender es que "vivimos en una sociedad profundamente individualista. Cada uno está en la suya. Además, atravesamos una pandemia cuyos impactos aún no se han dimensionado completamente. Hay una parte importante de la sociedad que construyó su subjetividad desde la individualidad y falta capacidad empática para comprender qué procesos sociales llevan a una persona a terminar en situación de calle”, reflexionó.

“Después, cuando la persona ya está en la calle, aparecen mecanismos de adaptación vinculados a la supervivencia. Pero nadie llega ahí por elección. Hay todo un proceso de desafiliación social que empuja a las personas hacia esa situación”, agregó.

Citando al sociólogo francés Robert Castel, sostuvo que comienzan a surgir discursos que responsabilizan a las personas marginadas por distintos problemas sociales.

“Se las señala como una clase peligrosa, la que roba o ensucia, como si el resto de la sociedad no tuviera ninguna responsabilidad por participar de este sistema o por no involucrarse en redes comunitarias que puedan ayudar a revertir estas situaciones. Faltan mediaciones y reflexiones sobre qué lleva a una persona a atravesar un proceso vital que termina empujándola a vivir en la calle”, puntualizó.

Perfil 

Capelli actualmente se encuentra finalizando la licenciatura en Trabajo Social y se desempeña como educadora en un centro nocturno para varones mayores de 18 años que próximamente pasará a funcionar las 24 horas. Sus tareas están vinculadas al acompañamiento de los procesos personales de los participantes.

“En algunos casos orientamos en temas de documentación, porque muchos jóvenes llegan a los refugios sin cédula de identidad ni credencial cívica. También hacemos acompañamientos en salud cuando es necesario, siempre intentando fomentar la autonomía de las personas. Además, brindamos espacios de escucha”, explicó.

Anteriormente se desempeñó como cuidadora, principalmente en tareas vinculadas a alimentación e higiene.

Cappelli destacó la diversidad de situaciones que atraviesan quienes llegan a los refugios. “Tenemos jóvenes recién egresados del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que pasan directamente de allí a la calle y luego a un refugio. También personas que recuperan la libertad y son derivadas desde la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI). Hay jubilados cuyas prestaciones son tan bajas que no pueden sostener un alquiler. Personas que se divorciaron, perdieron vínculos familiares y quedaron sin redes de apoyo”, relató.

También mencionó el caso de migrantes que llegan al país en busca de oportunidades y terminan viviendo temporalmente en refugios. “Es una población que suele tener egresos más exitosos porque viene con el objetivo de trabajar, ahorrar, enviar remesas y eventualmente regresar a su país de origen”, sostuvo.