Días pasados, el Ministerio del Interior entregó a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República documentación original correspondiente al período 1968-1985 que se encontraba bajo custodia de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

La entrega incluyó 23 cajas con documentación original que incluyen más de 100 encuadernaciones, documentos sobre la Operación Morgan y otros operativos policiales. Estos documentos fueron digitalizados en más de 73.000 imágenes y el material fue remitido al Archivo del Ministerio del Interior, a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, al fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y al Equipo de Investigación de la Búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

El trabajo fue posible tras la firma de un nuevo convenio entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que permitió que el equipo de archivo de la Secretaría realizara un proceso de limpieza y digitalización de archivos históricos mediante escáneres de última generación. La tecnología utilizada incorpora reconocimiento óptico de caracteres (OCR), lo que facilita la recuperación y localización de la información.

Como resultado, se obtuvieron más de 73.000 imágenes digitales -equivalentes a unos 40 GB de información en formato PDF- correspondientes a documentación sobre la Operación Morgan, Boletines de Órdenes Diarias entre 1964 y 1985 y Partes de Novedades de 1970 a 1974. Todo el material fue descrito bajo criterios archivísticos en un inventario analítico con 14 campos descriptivos para facilitar su consulta.

La tarea demandó diez meses de trabajo continuo, con jornadas de seis horas diarias de lunes a viernes. Además, se acondicionaron espacios específicos para preservar la documentación y garantizar el tratamiento adecuado de materiales de alto valor histórico y relevancia para las investigaciones vinculadas al pasado reciente. Los archivos quedaron bajo la salvaguarda de Presidencia de la República.

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, destacó al Portal del PIT-CNT que el proceso se desarrolló a partir de una lógica de “trabajo colectivo”.

“La mejor manera de trabajar era en conjunto. Creamos una mesa integrada por Madres y Familiares, el equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el fiscal Ricardo Perciballe, el equipo archivístico del Ministerio del Interior y el archivo de la Secretaría”, señaló.

Casablanca explicó que gran parte de la labor de la Secretaría se desarrolla de forma silenciosa debido a la “sensibilidad de los temas abordados”. Entre ellos mencionó el trabajo archivístico, la búsqueda de identidad de origen de personas nacidas entre 1968 y 1985 y la construcción de lo que denominó un “archivo del presente”, integrado por testimonios de personas de distintas localidades del país que “comienzan a relatar experiencias vinculadas al terrorismo de Estado”.

En relación con la documentación entregada por el Ministerio del Interior, indicó que el trabajo comenzó en julio del año pasado con un equipo integrado por tres digitalizadores y una archivóloga. A diferencia de experiencias anteriores, señaló, se optó por conformar una “mesa interinstitucional” para definir conjuntamente las prioridades de digitalización.

Casablanca sostuvo que uno de los principales desafíos fue definir por dónde comenzar el proceso de digitalización. “Hay dos criterios en materia archivológica, dos escuelas. Una plantea empezar desde la carpeta cero. Si nosotros hubiéramos comenzado por ahí, más allá de todo lo realizado anteriormente por el equipo de Humanidades, quizás estaríamos por el año 50. Y la verdad es que el tiempo apremia, porque quienes tienen información directa sobre dónde están los detenidos desaparecidos no la brindan”, afirmó.

A partir de ese criterio, la mesa acordó priorizar documentación que pudiera resultar relevante para las investigaciones en curso. En los primeros diez meses de trabajo se logró completar la digitalización de las 23 cajas entregadas.

“Trabajamos en Operación Morgan y en partes diarios que, para quien no conoce la jerga policial o militar, pueden pasar desapercibidos. Pero hay documentos que, cruzados con otros ya existentes, pueden ayudar a reconstruir hojas de ruta sobre el recorrido de presos, detenidos desaparecidos o líneas de investigación que hoy están abiertas”, sostuvo.

La jerarca calificó el proceso como “un trabajo impresionante” y destacó especialmente la labor de Natalia Correa, Agustina Kowinsky, Diego Pérez y Yanina Rosado. “Desde julio del año pasado, de lunes a viernes, todos los días, en un trabajo silencioso, digitalizaron seis horas por día, 30 horas semanales, estos materiales”, señaló.

Casablanca también agradeció al director de la Secretaría de Presidencia, Diego Pastorín, por respaldar la adquisición de los cuatro escáneres de última generación y de las herramientas tecnológicas necesarias para avanzar en nuevas etapas de digitalización. “Esa inversión nos va a permitir en breve trabajar con rollos microfilmados de uno de los archivos del Ministerio de Defensa”, adelantó.

La directora recordó que la recuperación y digitalización de archivos forma parte de los compromisos asumidos por el actual gobierno. “Dentro de los objetivos que nos propusimos para 2025 y parte de 2026 estaba el ingreso y reingreso de archivos que durante todo el gobierno anterior permanecieron cerrados.”, afirmó.

En ese marco, destacó además la firma y reactivación de convenios con distintos organismos del Estado y con la Universidad de la República. Entre ellos mencionó acuerdos con los ministerios del Interior, Defensa y Educación y Cultura, así como con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Facultad de Información y Comunicación (FIC).

Según explicó, el convenio con la FIC ya se encuentra encaminado, mientras que el acuerdo con Humanidades permanecía hasta la semana pasada en el Tribunal de Cuentas debido a aspectos presupuestales.

“Todo el presupuesto de la Secretaría, que fue votado en el Parlamento y asciende a 12 millones de pesos, va íntegramente para estos acuerdos y para agilizar el acceso y la digitalización de archivos que son tan necesarios”, indicó.

Casablanca señaló que la Secretaría busca “descentralizar su gestión y fortalecer el vínculo con organizaciones e instituciones de todo el país vinculadas a la memoria y al pasado reciente”.

“El año pasado recorrimos siete departamentos y este año, entre marzo y fines de mayo, otros siete. Además, participamos el 20 de mayo en las marchas realizadas en Montevideo, Piriápolis, Rivera, Paysandú y Young”, expresó. 

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Política pública

La jerarca destacó que uno de los objetivos centrales de la Secretaría es avanzar hacia una “política pública permanente” en materia de memoria.

“Uno de los objetivos centrales y de los lineamientos políticos de la Secretaría es lograr una política de Estado de memoria, construida desde una pedagogía de la memoria, como existe en Argentina, Chile, Colombia, España o Alemania. Entendemos que sigue siendo un debe del Estado uruguayo”, afirmó.

En esa línea, recordó algunas de las iniciativas desarrolladas recientemente, entre ellas “Montevideo Sonoro de la Memoria”, los conversatorios por los “50 años del Plan Cóndor”, actividades en distintas localidades del interior, la intervención artística de Manuela Aldabe “En ella estamos todas”, dedicada a Amelia Sanjurjo, y el conversatorio “Testigos del 20”, acompañado de la presentación de un mapa interactivo a 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y del secuestro de Manuel Liberoff.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con la directora de Derechos Humanos de la ANEP, Nilia Viscardi, y con el profesor Marchelo Tort.

Casablanca remarcó la importancia de continuar profundizando el acceso a los archivos luego de “cinco años de vacío” en materia de nueva digitalización y sostuvo que el material recuperado podrá aportar nuevos elementos a las investigaciones del equipo de búsqueda.

Además, realizó un llamado público a quienes posean información vinculada al pasado reciente para que la acerquen a las instituciones correspondientes. “Quiero solicitar a toda persona que tenga una información, por mínima que sea, que la acerque a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría, a Familiares o al lugar que le dé mayor seguridad”, manifestó.

“Este país se merece una democracia que no esquive la verdad sobre el terrorismo de Estado, busque la verdad, colabore con la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos y se posicione firmemente contra la nueva oleada de discursos negacionistas” y reiteró el lema que guía la gestión de la Secretaría: “Más memoria es más democracia”.

Avances en la digitalización 

Entre julio de 2025 y mayo de 2026 se avanzó en la digitalización y descripción del archivo de la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior, en jornadas laborales de seis horas diarias. Durante ese período se completó la serie documental “Operación Morgan”, integrada por cinco cajas de archivo que contenían ficheros, actas de interrogatorio del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y documentación vinculada a las elecciones nacionales de 1971. El trabajo finalizó el 31 de julio de 2025 y permitió procesar un total de 14.088 imágenes.

Asimismo, continuó la digitalización de la serie “Partes de Novedades Diarias (1970-1985)”. Hasta el 30 de abril de 2026 se completó el tratamiento de la documentación correspondiente al período comprendido entre 1970 y julio de 1974, abarcando 92 volúmenes y unas 34.159 imágenes.

Por otra parte, se avanzó en la serie “Boletines de Órdenes Diarias (1964-1985)”, integrada por 51 volúmenes, mediante la sistematización de aproximadamente 25.103 imágenes.

El informe también señala que se realizó la digitalización y descripción de documentación seleccionada por la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMIDESA). En conjunto, las tareas desarrolladas alcanzaron 217 volúmenes encuadernados y un total de 73.360 imágenes digitalizadas y descriptas.

Esta fue una primera entrega ya que el equipo de la Secretaría continuará trabajando sobre los cientos de miles de archivos que paulatina y persistentemente digitalizará para continuar el trabajo de recuperación de la memoria de lo guardado en la ex DNII. 

Gobierno redefinió funciones de la Secretaría de DD.HH

El pasado 27 de marzo, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que reorganiza y sistematiza los cometidos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, organismo que continuará dependiendo de la Presidencia de la República y tendrá como objetivo central promover el “conocimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de quiebre institucional y la dictadura”.

La normativa establece que la Secretaría será responsable de la “custodia, organización, digitalización e indexación” de los archivos vinculados al pasado reciente, así como de la entrega de la documentación digitalizada a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que actúa como repositorio de la información relativa a la búsqueda de detenidos desaparecidos. También podrá “recibir denuncias” sobre nacimientos en cautiverio y casos de personas adoptadas que busquen conocer su identidad biológica.

Entre los nuevos lineamientos se incluyen la “promoción de políticas de memoria histórica, la creación de centros de memoria, la coordinación con organismos nacionales e internacionales, el impulso a convenios con la Universidad de la República y la formación en derechos humanos para futuros policías y militares”. Asimismo, la Secretaría podrá realizar investigaciones históricas a requerimiento de la Justicia y participar en ámbitos internacionales vinculados a memoria, verdad y justicia.