Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó una política integral de búsqueda de parte de todo el Estado y que “la orden a las Fuerzas Armadas de parte del Presidente de la República, no puede tener más dilaciones”. Además, cuestionó la persistencia de la impunidad, advirtió sobre el avance de discursos negacionistas y reiteró el reclamo de verdad y justicia bajo la consigna: “Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?”.

Con apenas 21 años, Daniela Lópes vivió el secuestro, la violencia y la tortura durante la interceptación israelí a la Global Sumud Flotilla, que intentaba romper el bloqueo sobre Gaza. Durante los días previos al secuestro y la prisión, se preparó para llegar a Gaza con medicamentos y alimentos. Nunca se había subido a un barco y en pocos días, junto a activistas de otras tierras, tuvo que aprender algo de mecánica, a intentar reparar motores, a no responder a las provocaciones y las coordenadas básicas para resistir cuando las tropas del ejército de Israel les secuestraran en aguas internacionales. Fue testigo y protagonista de días y noches que marcarán la historia contemporánea. Durante un trayecto del recorrido, tuvo que tomar el timón del barco en el que viajaba y se hizo cargo de sus compañeros húngaros, catalanes, vascos y de otras tierras. 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) actualizó la nómina de víctimas de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado y confirmó que los casos reconocidos ascienden ahora a 205. El nuevo informe incorpora ocho situaciones que no figuraban en la lista histórica y advierte que las investigaciones continúan abiertas debido a la aparición de “nuevos documentos, archivos y testimonios en Uruguay y el exterior”.

El próximo viernes 15 de mayo, a las 18.30 horas, se realizará una concentración en la Explanada de la Intendencia de Montevideo y una posterior movilización en rechazo al genocidio que sufre el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel. La convocatoria se enmarca además en los 78 años de la “Nakba palestina”-palabra que significa “catástrofe”- y que refiere al desplazamiento masivo y despojo del pueblo palestino durante la creación del Estado de Israel en 1948.

La directora del Observatorio Luz Ibarburu y secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, afirmó que en Uruguay persisten “tácticas dilatorias” por parte de los defensores de quienes cometieron delitos durante el terrorismo de Estado, para “garantizar la impunidad de represores condenados por delitos de lesa humanidad” y cuestionó la falta de una política estatal “que posibilite acceder a toda la verdad para impartir justicia”. Además, denunció la “pasividad” de la comunidad internacional frente al “genocidio del pueblo palestino” y reclamó que los gobiernos condenen con firmeza las violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel y Estados Unidos.

La Asociación de Funcionarios/as de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (AFINDDHH) expresa su preocupación ante la integración, metodología y conducción del Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo aprobado por el Consejo Directivo de la INDDHH y por las recientes declaraciones del director Marcos Israel.

El Gobierno resolvió eliminar el artículo 331 de la reforma del CPP que habilitaba a que condenados por delitos de lesa humanidad accedieran a la libertad anticipada. En este sentido, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifestó su conformidad con la decisión del Poder Ejecutivo y recordó que "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, y no pueden ser equiparados a delitos comunes ni sometidos a criterios automáticos -como la edad o el tiempo transcurrido-, ya que ello implicaría desconocer su gravedad y debilitar las obligaciones del Estado en la materia".

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, junto a más de 15 organizaciones sociales y de derechos humanos, entregará este martes 7 de abril una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al canciller Mario Lubetkin, en la que solicitan medidas ante la situación en Cuba y su vínculo con el escenario regional.

El juez Claudio de León condenó a nueve militares retirados por torturas cometidas contra vecinos de San Javier durante la dictadura, entre ellos el médico Vladimir Roslik. El asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, destacó el fallo como un “hito histórico” y subrayó que “no existen antecedentes de un pedido de disculpas expreso formulado por la Justicia en causas de esta naturaleza”, al que calificó como una forma de “reparación simbólica muy valiosa”.

En el marco del caso Roslik la justicia condenó a nueve militares retirados por las torturas contra 20 habitantes de la colonia San Javier entre 1980 y 1984. Las penas van de 13 a 15 años de prisión. 

Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron como “regresivos, negacionistas y promotores de impunidad” los proyectos de ley que buscan otorgar prisión domiciliaria automática o excarcelación a condenados por crímenes de lesa humanidad. Advirtieron que las iniciativas constituyen una “afrenta a la memoria de las víctimas, violan obligaciones internacionales del Estado uruguayo y reabren, por otras vías, la lógica de la Ley de Caducidad”.

El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura. 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, el PIT-CNT reafirmó su “compromiso en la defensa y el pleno respeto de los derechos humanos” y remarcó que continúa “exigiendo verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985)”.

La defensora de los derechos humanos, integrante del nodo Uruguay de la Red por el Derecho a la Identidad y ex parlamentaria, Macarena Gelman, destacó la importancia de “sostener la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos humanos frente a los nuevos embates autoritarios”. Sus declaraciones se enmarcan en la presentación de la campaña conjunta entre organizaciones de DDHH de Argentina y Uruguay para encontrar en nuestro país a nietos apropiados durante las dictaduras del Cono Sur. Asimismo, Gelman está participando de distintas actividades reflexivas a 50 años del Plan Cóndor.

En un encuentro desarrollado en el Teatro Solís de Montevideo, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció ayer la iniciativa para impulsar el trabajo conjunto entre Argentina y Uruguay para encontrar nietos nacidos entre 1975 y 1983, víctimas del accionar de las fuerzas represivas durante la dictadura cívico-militar.

El criminal Jorge Tróccoli fue condenado en Roma por segunda vez a cadena perpetua, ahora por el asesinato de la maestra Elena Quinteros y de la pareja conformada por el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaella Filipazzi, desaparecidos en 1977. La doctora Franccesca Lessa, investigadora y profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London (Reino Unido) y presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, presenció en Roma la lectura de la nueva condena a cadena perpetua excapitán de navío y calificó el fallo como “un hito de la justicia”. Asimismo,  dijo que “cada sentencia permite sumar un fragmento más en la reconstrucción de la verdad sobre los crímenes del Plan Cóndor”.

La abogada especializada en derechos de la infancia y corredactora de la Ley 19.580, señaló que el Estado ignora las obligaciones establecidas por la Ley de Violencia de Género y denunció la falta de presupuesto y voluntad política para su cumplimiento. Rechazó, además, los discursos de odio que pretenden presentarse como “otra campana” frente al feminismo. “No se puede debatir con la ideología del odio”, sostuvo.

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT denunció este jueves en conferencia de prensa la “expulsión arbitraria y sin garantías” del ciudadano uruguayo Juan Pedro Martínez Piedrahita desde Argentina, y reclamó al Estado uruguayo la creación de dispositivos de contención ante situaciones de vulneración de derechos humanos a compatriotas en el exterior.