La investigación sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante el terrorismo de Estado en Uruguay continúa abierta y en revisión. Así lo señala el nuevo informe presentado este jueves 14 de mayo por el Equipo de Investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que actualizó la cifra histórica de casos reconocidos y confirmó que actualmente existen 205 personas identificadas como víctimas de desaparición forzada.

Hasta ahora, la nómina pública incluía 197 casos. Sin embargo, el nuevo relevamiento incorporó ocho situaciones más: tres pasaron a considerarse casos activos de búsqueda y otras cinco ya estaban aclaradas, aunque no integraban formalmente la lista histórica.

El informe sostiene que las investigaciones no están cerradas y que los datos “están en permanente revisión”, ya que continúan apareciendo nuevos elementos que permiten reabrir líneas de trabajo o incorporar nuevas denuncias. Incluso, la última denuncia incluida en el relevamiento llegó a mediados de abril de este año y refiere a hechos ocurridos hace más de medio siglo.

Por otro lado, existe un número aún indeterminado de casos de uruguayos desaparecidos en el exterior que no han sido denunciados y cuya identidad se desconoce. El equipo llegó a esta conclusión luego de “profundizar en expedientes judiciales (Argentina y Chile) o intercambiar datos con otras unidades de búsqueda (Colombia) donde existen testimonios que refieren a la existencia de ‘uruguayos’ que fueron detenidos en diversas circunstancias y fueron víctimas de desaparición forzada”.

La documentación presentada por la INDDHH indica que al 14 de mayo de 2026 existen “243 investigaciones abiertas vinculadas a denuncias de desaparición forzada ocurridas entre 1968 y 1985. De ellas, 162 corresponden a casos activos -personas consideradas víctimas de desaparición forzada- y 81 permanecen en análisis porque todavía no fue posible confirmar o descartar plenamente la hipótesis de intervención del aparato represivo estatal”.

El Equipo de Investigación explicó que la revisión de los casos implicó el análisis de “archivos oficiales y privados, expedientes judiciales y documentación de organismos de derechos humanos de Uruguay y otros países de la región”. Entre los materiales estudiados aparecen archivos de inteligencia policial y militar, como “el Archivo Castiglioni”, “el Archivo Gavazzo” y el “Archivo Lezama”, además de documentación aportada por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Asimismo, se destaca el acceso a expedientes judiciales en Argentina y Chile, así como el intercambio de información con organismos internacionales vinculados a la búsqueda de personas desaparecidas. 

También señala que se recogieron “decenas de testimonios” relacionados con denuncias específicas, “lugares de enterramiento clandestino y posibles actividades irregulares en predios civiles y militares”.

La INDDHH establece que las investigaciones abarcan dos grandes períodos históricos, uno que vadel 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, y corresponde al período previo al golpe de Estado, marcado por la aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad, el incremento de la represión política, sindical y estudiantil, y la actuación creciente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna; y el otro del 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985, que comprende el período de la dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado en Uruguay, iniciado con el golpe de Estado y que se extiende hasta la restauración democrática.

Ocho casos nuevos

Entre los nuevos casos activos incorporados a la nómina figuran los de Luis Eduardo Bergés García, Aldeber Elgart y Antonio Cosimo Vulcano Díaz. En paralelo, el informe añadió cinco casos ya aclarados que no integraban la lista histórica pública, entre ellos los de Modesto Orestes Caballero Osuna, Ángel Eduardo González Rodríguez, María Mercedes Hourquebie de Francese y Eduardo Rosado Galarza.

También se advierte que “podría existir un número aún indeterminado de uruguayos desaparecidos en el exterior que nunca fueron denunciados formalmente y cuya identidad todavía se desconoce”. Esa hipótesis surge del análisis de “expedientes judiciales y testimonios obtenidos en otros países”, donde aparecen referencias a ciudadanos uruguayos detenidos y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años setenta y ochenta. 

De acuerdo al relevamiento oficial, “desde el retorno a la democracia se recibieron 326 denuncias vinculadas a desaparición forzada”. De ese total, “43 casos fueron aclarados mediante hallazgos de restos o determinación del paradero de las víctimas, mientras que otras 40 denuncias fueron descartadas tras las investigaciones correspondientes”.

Casos activos

Luis Eduardo Bergés García nació en Trinidad, el 22 de enero de 1944. Fue perseguido por el Servicio de Información de Defensa, que lo tenía fichado desde su militancia en la Juventud Comunista en Uruguay, a la que se afilió a los 18 años en 1962. Estuvo detenido en Argentina, en la Colonia Penal de Viedma 12 de la provincia de Río Negro. Desde allí, el 12 de agosto de 1982, les informó a sus padres que el 22 de enero de 1983 sería liberado y que lo pondrían en manos de Migraciones para su eventual regreso al país, siendo esa su última comunicación con su familia en Uruguay, por lo tanto, la fecha que se toma como su desaparición.

Aldeber Elgart, nació en Uruguay el 23 de agosto de 1921. Vivía en la ciudad argentina de Mar del Plata. Trabajaba en el Yacht Club Playa Grande, y militaba en el Partido Comunista y en el Sindicato de Gastronómicos. Fue secuestrado el 21 de junio de 1977 por cuatro hombres armados que se identificaron como policías e irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron. Le dijeron a su esposa que se quedara tranquila, que enseguida lo traían de vuelta. Nunca más se supo de su paradero. La fecha de su desaparición es el 24 de junio de 1977. El caso de Elgart fue denunciado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de Argentina y ante la Justicia, que lo declaró como ausente por desaparición forzada.

Antonio Cosimo Vulcano Díaz, nació el 18 de febrero de 1956 en Montevideo. Fue militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y se exilió en Chile, donde continuó con su militancia. También estuvo en Cuba y en México. En 1981 viajó a Colombia, donde se integró al grupo guerrillero M-19. El 11 de agosto de 1984 participó en el operativo militar “La toma de Yumbo”, dirigido por ese grupo, donde fue herido de muerte. Fue enterrado como NN (nombre desconocido) en una fosa común, según información aportada por el Ministerio de Defensa de ese país. Es el segundo caso de uruguayos víctimas de desaparición forzada en el marco de su vinculación a la guerrilla colombiana. El primer caso es el de Carlos Modernell.

Casos aclarados

Modesto Orestes Caballero Osuna, nació el 7 de noviembre de 1941, en Bella Unión. En Argentina, fue militante del Sindicato de la Unión de Tranviarios Automotores-Seccional Sud, donde fue detenido el 21 de enero de 1977, tras concurrir a una reunión del sindicato en la sede de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La familia interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Juzgado Penal de Banfield y denuncia ante el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires. Sus restos fueron inhumados como NN en el cementerio de Avellaneda y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ángel Eduardo González Rodríguez, nació el 27 de julio de 1950. Militó en el MLN-T y en la Junta Coordinadora Revolucionaria. Fue asesinado el 23 de diciembre de 1975, en el marco de un intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601 de Buenos Aires, conocido como “Domingo Viejobueno” por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La acción estaba en conocimiento de los servicios de inteligencia argentinos debido a una infiltración dentro de la organización. Más de 60 militantes fueron asesinados y sus cadáveres depositados en el batallón y más tarde enterrados en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Su madre, Blanca Margarita Rodríguez de Bessio -nacida en Río Negro-, es una de las detenidas desaparecidas denunciadas por Madres y Familiares. En 1977 viajó a Argentina para buscar a su hijo y allí fue secuestrada. Los restos de González Rodríguez fueron recuperados e identificados en 2006.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, nació el 28 de junio de 1951. Fue militante del MLN-T e integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Falleció el 23 de diciembre de 1975 en la misma acción del ERP donde murió González Rodríguez.

María Mercedes Hourquebie de Francese, nació el 9 de mayo de 1900, en Montevideo. Fue secuestrada en Argentina, el 3 de noviembre de 1977, en un operativo en su casa, acusada de apoyar económicamente y resguardar a militantes del grupo Montoneros. Fue la última de cuatro miembros de su familia en ser secuestrada. Su caso fue judicializado en Argentina y sus restos recuperados en el cementerio de Avellaneda e identificados en 1987 por el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Eduardo Rosado Galarza, nació el 12 de marzo de 1949 en La Teja. Comenzó su militancia sindical a los 17 años como obrero en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y luego en el MLN-T. Estuvo exiliado en Argentina, Francia y Cuba. Viajó a El Salvador, donde participó en el conflicto armado de ese país. Fue asesinado en 1984; sus restos fueron exhumados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense como parte del trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda de ese país, señala el informe.