La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE), presentó formalmente una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ante las situaciones de "hacinamiento y vulneración de derechos fundamentales que afectan a las personas privadas de libertad (PPL) y a los trabajadores del sistema del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)".

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) instaló hace dos semanas una carpa frente al Parlamento con el objetivo de visibilizar las malas condiciones laborales que enfrentan en los distintos centros de reclusión del país. Este lunes, en ese espacio sesionó el Consejo Directivo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). El presidente de OFUCIPE, Jonathan Perdomo, definió la carpa como un lugar de “resistencia, denuncia, intercambio y articulación política”, y recordó a la funcionaria Liliana Serdeña, fallecida recientemente en servicio, como símbolo de la precariedad laboral en el sistema penitenciario.

Los trabajadores civiles de las cárceles instalaron una carpa frente al Palacio Legislativo en reclamo de mayor personal, mejores condiciones de trabajo, un seguro de vida y para manifestar la gran preocupación, temor, por la violencia que se registra en los establecimientos. Jonatan Perdono, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE), le informó al Portal del PIT-CNT que la carpa tiene el nombre de Liliana Serdeña, recientemente fallecida mientras desempeñaba su trabajo.

Desde la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) manifestamos nuestra profunda preocupación ante los recientes acontecimientos ocurridos en la Unidad N.º 24 (PENSE), ubicada en el departamento de Soriano, así como los hechos sucedidos el pasado fin de semana en la Unidad N.º 11 (Cañitas) de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

Tras la muerte de cuatro personas privadas de libertad a causa de un incendio intencional en el ex COMCAR, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) denunció una “emergencia carcelaria” y exigió al Estado asumir su responsabilidad en la protección de la vida y la dignidad dentro de las cárceles. El sindicato reclamó una reforma estructural del sistema penitenciario, condiciones laborales dignas para los funcionarios civiles y una política de Estado que trascienda los partidos. Su presidente, Jonathan Perdomo, advirtió que las muertes no son hechos aislados, sino parte de un sistema “perverso” que “sigue quitando vidas”, y reclamó igualdad de condiciones con el personal policial.