La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) instaló hace dos semanas una carpa frente al Parlamento con el objetivo de visibilizar las malas condiciones laborales que enfrentan en los distintos centros de reclusión del país. Este lunes, en ese espacio sesionó el Consejo Directivo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). El presidente de OFUCIPE, Jonathan Perdomo, definió la carpa como un lugar de “resistencia, denuncia, intercambio y articulación política”, y recordó a la funcionaria Liliana Serdeña, fallecida recientemente en servicio, como símbolo de la precariedad laboral en el sistema penitenciario.
“Llevamos dos semanas con la carpa instalada. Lo que desencadena esta medida es que no tuvimos ninguna injerencia en la elaboración presupuestal dentro del Ministerio del Interior. Ningún punto de la plataforma que entregamos fue contemplado. Es catastrófico para nosotros, porque por cinco años más vamos a tener poquitos ingresos frente a la enorme cantidad de personas privadas de libertad”, explicó Perdomo al Portal del PIT-CNT.
Según detalló, el Poder Ejecutivo prevé apenas 500 ingresos de personal en tres años (200 en el primero, 200 en el segundo y 100 en el tercero), mientras que “la administración se excusa señalando que ingresan mil trabajadores para la Policía, pero el único escalafón profesionalizado en cárceles somos los operadores penitenciarios”.
Plataforma reivindicativa
Entre los puntos centrales de la plataforma, Perdomo destacó el reconocimiento de la insalubridad del trabajo penitenciario. “Ya empezamos a tener pruebas de que este trabajo es insalubre. Contamos con el primer informe técnico de la ingeniera prevencionista Sonsoles Baisón, sobre la cárcel de mujeres, y próximamente se presentará el de Rivera. Los informes van a ir saliendo a medida que la ingeniera los vaya realizando”.
Ese primer informe, elaborado en la Unidad N° 5 (Mujeres – Montevideo), reveló graves problemas de seguridad, higiene y salud laboral que afectan directamente al personal civil. Constató un fuerte desbalance entre la población privada de libertad (856 internas) y la dotación de funcionarios (97), lo que equivale a más de 35 reclusas por trabajador en cada turno. También se señalaron deficiencias edilicias, instalaciones deterioradas, falta de equipos adecuados, ausencia de botiquines y señalización, riesgos eléctricos y fallas en los sistemas contra incendios.
El relevamiento detectó además acumulación de residuos, presencia de plagas, obstrucciones en el saneamiento y exposición a agentes biológicos y químicos sin protocolos adecuados de seguridad. En el plano psicosocial, la sobrecarga laboral y la violencia institucional generan altos niveles de estrés y desgaste en los trabajadores.
El informe recomienda medidas urgentes como reforzar la dotación de personal, mejorar la infraestructura, implementar protocolos de prevención de riesgos y asegurar un sistema integral de salud laboral, con atención médica y psicológica especializada.
Otro reclamo de OFUCIPE es la “jubilación bonificada”, dado que actualmente deben retirarse entre los 65 y 70 años, una edad que consideran excesiva para quienes trabajan en contextos de violencia, enfermedades y permanente desgaste.
A su vez, reclaman la implementación de un “seguro de vida”, inexistente hasta ahora. “Hace seis meses falleció una compañera de la cárcel de mujeres. La carpa lleva su nombre: Liliana Cerdeña. Ella era jefa de familia, tenía dos adolescentes a cargo y una madre en silla de ruedas. Esa familia quedó sin nada”, expresó Perdomo.
El dirigente sindical subrayó que en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) conviven 16.000 personas privadas de libertad y 1.400 trabajadores civiles. Entre policías y operadores suman unos 4.000 funcionarios, de los cuales cerca de 1.000 están con certificaciones médicas. “Es otra prueba de que este trabajo enferma”, remarcó.
Asimismo, exigen transporte gratuito. “Hay compañeros que pagan entre 8.000 y 10.000 pesos por mes para llegar a su lugar de trabajo, porque las cárceles están en zonas suburbanas o alejadas. No es un acceso frecuente como cualquier trabajador que va a su empleo. La Policía viaja gratis, nosotros no”, denunció. También reclaman “mayor ingreso de personal, vacantes de ascenso y una carrera administrativa”, porque por cinco años no podrán ascender.
Emergencia carcelaria
Consultado sobre las respuestas recibidas, Perdomo informó que hasta el momento se acercaron a la carpa los senadores frenteamplistas Gustavo González y Graciela Barrera, así como directores de cárceles y representantes de la sociedad civil, quienes también expresaron preocupación.
“Además, este lunes se reunió en la carpa, el Consejo Directivo de COFE. Vamos a definir el siguiente plan de acción, y la próxima semana seguramente hagamos una actividad pública”, adelantó Perdomo.
Finalmente advirtió sobre la gravedad de la situación actual. “Estamos en una emergencia carcelaria. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit señaló que el 46% de las personas privadas de libertad están bajo condiciones inhumanas. Nosotros, trabajadores y trabajadoras, también estamos en condiciones inhumanas. Nuestra plataforma no pide aumento salarial, pedimos los derechos que nos corresponden por trabajar dentro de las cárceles”.
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