La denuncia se dirige contra el Estado Uruguayo en la persona del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y se justifica en la necesidad de una solución estructural, dado que la INDDHH posee el mandato de ser el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura.

Agravamiento de las condiciones de reclusión

El escrito de OFUCIPE subraya que la situación de las PPL, lejos de mejorar, se ha agravado. Cita el Informe 2024 del Comisionado Parlamentario Penitenciario, el cual indica que actualmente el 46% de las PPL cumple su pena en condiciones calificadas como "crueles, inhumanas y degradantes". Este porcentaje representa un aumento de cuatro puntos respecto al 43% registrado en 2023. La Organización recuerda que, conforme a la Convención Americana, se considera tortura todo acto que inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con cualquier fin, e incluso la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad. El incremento poblacional carcelario es un factor central en el deterioro. El informe citado documenta que desde el año 2020, el volumen de la población ha crecido en promedio casi 1.000 personas por año, proyectándose un total de 16.624 PPL para mediados de 2025. Este crecimiento impacta directamente en las oportunidades de rehabilitación, ya que solo el 17% de las PPL tiene oportunidades reales de integración social, y un 37% presenta insuficientes condiciones para ese fin.

Desequilibrio entre internos y funcionarios

El documento de OFUCIPE enfatiza la crisis de gestión debido a la falta de personal. Con un registro de 16.033 personas privadas de libertad y un plantel de 1.375 Funcionarios Civiles Penitenciarios a inicios de 2024, el promedio de operadores por persona privada de libertad es bajo. La Organización detalla que, en el trato directo o convivencia, la guardia efectiva se reduce a una proporción de un funcionario para cada 60 PPL en el mejor de los casos, y hasta un funcionario por cada 180 PPL en el peor, dependiendo de la unidad o módulo. Asimismo, el informe adjunto demuestra que diversas unidades de reclusión operan muy por encima de su capacidad locativa, evidenciando un hacinamiento crítico. Como ejemplos de los déficits de capacidad se mencionan la Unidad N° 13 "Las Rosas" en Maldonado, con un saldo negativo de -603 plazas, y la Unidad N° 5 Femenina en Montevideo, con un déficit de -375 plazas.

Demanda de declaración de emergencia

La OFUCIPE sostiene que la magnitud de la crisis trasciende las acciones aisladas, incluyendo las soluciones puntuales alcanzadas mediante el Habeas Corpus Correctivo Colectivo promovido previamente. Por ello, concluye que los recursos humanos, materiales, financieros y logísticos solo pueden conseguirse con la declaración de estado de emergencia nacional carcelaria, declarada por el Poder Ejecutivo. 

El petitorio final a la INDDHH solicita que, luego de dar curso a la denuncia y notificar al Estado, la institución recomiende de forma enfática que cese de inmediato todo trato inhumano, cruel y degradante y que el Poder Ejecutivo declare el estado de emergencia nacional carcelaria. Según la organización, "esta medida es indispensable para asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad".