El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT manifestó su solidaridad y respaldo a los trabajadores del frigorífico BPU, perteneciente al grupo Minerva Foods, ubicado en el departamento de Durazno, ante las reiteradas situaciones de conflictividad que "incluyen prácticas de persecución sindical, suspensiones arbitrarias, observaciones masivas y presiones contra los trabajadores afiliados o que pretenden incorporarse al sindicato”. La central sindical cuestionó además los “incumplimientos vinculados a las categorías laborales y las condiciones salariales”, rechazó las “prácticas antisindicales” y exigió a la empresa el “respeto de la normativa vigente”, en particular de la Ley 17.940. Asimismo, anunció que solicitará una instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para abordar el conflicto y garantizar el respeto a la organización sindical.

En ese marco, Martín Cardozo, presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, donde se desempeña como secretario del Interior, explicó al Portal de la central que el frigorífico BPU, ubicado en Durazno, perteneció a capitales japoneses hasta 2024, cuando pasó a manos de la multinacional brasileña Minerva Foods. El grupo económico también es propietario de los frigoríficos Canelones y Carrasco, así como del frigorífico  , en Cerro Largo.

Cardozo señaló que, durante la administración japonesa, las relaciones laborales eran “excelentes”. Destacó que esa gestión respondía a una cultura empresarial diferente, caracterizada por el respeto a las normas laborales, a los trabajadores y al ambiente de trabajo. Sin embargo, afirmó que, con la llegada de Minerva Foods, se encontraron con una multinacional que tiene un historial de “persecución sindical, no respeto a las leyes laborales” y que, si bien no adopta medidas bruscas, desarrolla “acciones sistemáticas”.

En ese contexto, sostuvo que la empresa comenzó por “romper” las relaciones laborales. “Ni bien adquirió la planta, envió a los trabajadores al seguro de desempleo por seis meses y los compañeros sufrieron una rebaja salarial”, recordó. La medida afectó a unos 800 trabajadores.

Cardozo identificó esa situación como el primer episodio de conflictividad. “El envío al seguro de desempleo y la consecuente rebaja salarial, con todas las dificultades que implica una situación de esas características, particularmente en el interior del país”. Además, señaló que los trabajadores “ya conocían antecedentes similares en otras plantas del grupo, como los frigoríficos PUL y Canelones”.

Explicó que posteriormente comenzó a operar un mecanismo que Minerva utiliza sistemáticamente para “debilitar o quebrar” la organización sindical de manera solapada. Entre las prácticas mencionó “los cambios de puestos de trabajo, el trato diferencial entre afiliados y no afiliados y la aplicación de sanciones desmedidas ante situaciones menores y habituales en los ámbitos laborales”.

Según explicó Cardozo, estas prácticas se repiten de forma “sistemática” y terminaron derivando en distintos conflictos, que llevaron a los trabajadores a realizar asambleas y paros. Como ejemplo de la situación actual, relató que la empresa sancionó a un trabajador que debía caminar casi 200 metros para ir y volver del baño. “Por demorarse diez minutos, recibió una sanción de cinco días, que finalmente el sindicato logró revertir. "Estamos hablando de situaciones de esa escala", puntualizó.

El dirigente reconoció que, en comparación con otras plantas, “bno presenta incumplimientos generalizados en materia de salarios, ni otras vulneraciones condiciones de trabajo; existe puntualidad en el pago de haberes y no se han denunciado incumplimientos de obligaciones como el pago de licencias y aguinaldos”. Sin embargo, consideró que “sí existe un problema muy grave en la relación entre el sindicato y la empresa”.

En ese sentido, denunció que los supervisores reciben “instrucciones para adoptar medidas contra los trabajadores sindicalizados” y afirmó que estas prácticas se profundizan en las empresas ubicadas en el interior del país.

Cardozo explicó que el acercamiento al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT surgió a partir de una solicitud de los trabajadores de BPU, quienes plantearon la necesidad de mantener un encuentro con sus integrantes. La reunión se realizó el viernes pasado y, si bien no estuvo presente la totalidad del Secretariado, participaron algunos de sus integrantes y se desarrolló un intercambio sobre la situación de la planta.

A partir de esa conversación surgió, a solicitud de los propios trabajadores, "la necesidad de emitir un comunicado de respaldo a los compañeros de Durazno". También se planteó colectivamente que un integrante del Secretariado Ejecutivo participe en la próxima instancia tripartita ante el Ministerio de Trabajo.

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Las diferencias entre las cámaras empresariales

Cardozo consideró que se trata es necesario distinguir entre las cámaras empresariales que representan al sector frigorífico.

Explicó que existen dos organizaciones con características diferentes. “La Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), más vinculada a empresas de capital nacional, y la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (ADIFU), que representa mayoritariamente a capitales internacionales, en particular a empresas brasileñas, aunque también incluye a dos o tres empresas nacionales”.

Asimismo, consideró necesario tener en cuenta las situaciones que se producen dentro del sector y mencionó como ejemplo el caso de Frigocerro S.A, donde, según denunció, se convoca a trabajar a los trabajadores no afiliados y se otorgan “menos jornadas a los afiliados”.

A juicio del dirigente, esa situación constituye una “clara persecución sindical” y podría tener consecuencias en un eventual juicio. En cambio, sostuvo que Minerva opera de otra manera, “ya que dentro de la norma, toma medidas, aplica un mecanismo de cansancio y desgaste”.

El presidente de la FOICA advirtió que la situación de BPU se suma a otras definiciones empresariales que se vienen registrando en distintas plantas frigoríficas y que, a su entender, apuntan a “limitar la actividad sindical”.

Como ejemplo recordó que, anteriormente, cuando se presentaba un conflicto en algún sector de una planta, los delegados podían solicitar al supervisor que cubriera su puesto de trabajo para trasladarse a conversar con los compañeros e intentar resolver la situación. “Se trataba de una práctica habitual en establecimientos que cuentan con más de 700 u 800 trabajadores, como ocurre en varias plantas, o incluso con 1.700 trabajadores, como en Tacuarembó”.

Sin embargo, señaló que “actualmente varias empresas comenzaron a descontar de la licencia sindical las actividades que los delegados realizan dentro de la propia planta”. Según explicó, se trata de una modalidad que anteriormente no se aplicaba y que modifica las condiciones en las que se desarrolla la representación sindical.

Cardozo consideró que, de esta manera, “las empresas buscan que los delegados agoten rápidamente las horas de licencia sindical. A las actividades que deben desarrollar fuera del centro de trabajo -como reuniones tripartitas, bipartitas u otras instancias sindicales- se suma ahora la movilidad dentro de la propia planta, donde permanentemente surgen situaciones que requieren la intervención de los representantes de los trabajadores”.

El dirigente advirtió que esta modalidad está planteada en los frigoríficos Yí, BPU y Tacuarembó, y la interpretó como “una definición” que responde a una orientación de las cámaras empresariales y que antes no se producía. “Es como un mecanismo para atacar la herramienta sindical”, afirmó.

Asimismo, explicó que esta situación genera dificultades concretas para el funcionamiento de los sindicatos. Cuando se produce un problema entre las partes y los delegados deben participar de una instancia tripartita, las empresas les descuentan hasta 32 horas por concepto de movilidad sindical. En organizaciones que disponen de 100 horas mensuales de licencia, esto significa que, después de tres o cuatro actividades, prácticamente se quedan “sin horas disponibles” y "eso es lo que buscan las empresas”, remarcó.

Por otra parte, Cardozo señaló que el sector también atraviesa una instancia de negociación en los Consejos de Salarios y cuestionó las últimas propuestas presentadas por las cámaras empresariales.

Según indicó, las dos últimas propuestas estuvieron “por debajo de los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo, por debajo del mínimo previsto” para una industria exportadora que, afirmó, “atraviesa un buen momento económico”.

“Es una industria que está gozando de buena salud, que es multimillonaria”, señaló el presidente de la FOICA.