El Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (ERT-BPS), con motivo de las próximas elecciones del organismo, que se celebrarán el 22 de noviembre, los candidatos de la Lista 11, Carlos Clavijo y Gabriel Nánchez, se reunieron con trabajadores del Sindicato Único Nacional de la Construcción (SUNCA) que se desempeñan en las obras de Aventura Shopping de Sayago.

En ese marco, los representantes de la Lista 11 destacaron que las y los trabajadores votan a sus representantes en el Directorio del BPS para “defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora y promover una seguridad social universal, justa, solidaria y sin fines de lucro”.

Asimismo, Clavijo y Nánchez repasaron algunos de los principales objetivos alcanzados por el ERT-BPS, entre ellos la aprobación de las leyes 18.395, de flexibilización de las jubilaciones (2008); 18.399, de flexibilización del subsidio por desempleo (2008); 19.590, conocida como la ley de los “cincuentones” (2017), y 19.690, que creó el Fondo de Garantía de Créditos Laborales (2018).

Los representantes de los trabajadores también remarcaron que durante el período se conquistó el “derecho al acceso a las Ayudas Especiales para las y los trabajadores de la actividad pública”, así como el “reconocimiento del Subsidio Transitorio por Inactividad Parcial, por tres años y por única vez, como prestación de actividad”. Esto implica que sus beneficiarios puedan acceder a los mismos derechos que tienen los trabajadores activos.

Otro de los avances señalados fue el acceso a lentes, órtesis y prótesis para trabajadores y trabajadoras de la actividad pública, además del reconocimiento del Subsidio Especial por Inactividad Compensada como prestación de actividad, con los beneficios correspondientes.

Asimismo, destacaron que se logró que “no se reclamen las prestaciones mal otorgadas por errores de la administración y se flexibilizaron los criterios para el reconocimiento de las pensiones por concubinato”.

Propuestas

Tanto Clavijo como Nanchez detallaron las principales propuestas de la Lista 11 para el período 2026-2031.

En tal sentido, buscarán “ampliar el cupo de asistentes personales”, teniendo en cuenta que las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños merecen ser cuidados. “Las familias tienen cada vez más obligaciones y necesitan el auxilio de la seguridad social”, señalaron.

Por otro lado, la Lista 11 propone “establecer una determinación única de discapacidad a nivel nacional, válida para acceder a las prestaciones asociadas, evitando que las personas deban realizar gestiones por separado para cada beneficio, con los costos y demoras que ello implica”.

Asimismo, buscarán “eliminar el control de ingresos para acceder a las pensiones por discapacidad”, de manera que estas prestaciones no dependan de la situación económica de sus familiares.

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En materia de jubilaciones, impulsarán la posibilidad de “acceder al retiro a los 60 años”. Fundamentan esta propuesta en las dificultades que enfrentan las personas mayores para mantenerse o ingresar al mercado laboral y en que no todas llegan a los 65 años en condiciones de continuar trabajando y generar los ingresos necesarios para vivir.

Otro de los aspectos centrales de la plataforma tiene que ver con la “modificación del sistema de ahorro individual”, para evitar que los trabajadores deban pagar altas comisiones por la administración de los fondos generados con su trabajo.

También promoverán cambios en la forma de financiamiento de la seguridad social. Desde la Lista 11 consideran que el mundo del trabajo se ha vuelto “cada vez más inestable” y que los avances tecnológicos “inciden sobre las posibilidades de empleo”. En ese contexto, entienden que “no se puede continuar pretendiendo que la seguridad social sea financiada exclusivamente por quienes viven de su trabajo”. Desvincular parte de su financiamiento del salario permitiría, además, combatir la informalidad laboral.

La plataforma también plantea “modificar el acceso a las pensiones para víctimas de delitos violentos”, especialmente en los casos que afectan a menores de edad y que los privan de la protección familiar. En ese sentido, proponen “equiparar los montos de estas prestaciones con los que se abonan a las víctimas de violencia doméstica”.

En relación con las condiciones de trabajo, impulsarán una “revisión de los regímenes de bonificaciones para incorporar actividades que representan riesgos para la salud y que actualmente no cuentan con ese reconocimiento”. También proponen “establecer una verdadera causal de retiro especial para quienes desempeñan tareas peligrosas o de alto desgaste físico”, que dificultan la continuidad laboral a edades avanzadas. “El aumento de la expectativa de vida no es parejo para todos y no todos los trabajos se pueden realizar a edades avanzadas”, es uno de los fundamentos de la propuesta.

Otro de los planteos apunta a “modificar el Fondo de Garantía de Créditos Laborales”, creado para proteger los derechos de los trabajadores ante el cierre de empresas que no cumplen con el pago de salarios y despidos. Según la Lista 11, los requisitos actuales dejan fuera de cobertura a la mayoría de los trabajadores, pese a que no son responsables del cierre de las empresas.

En materia de protección frente al desempleo, proponen “flexibilizar el acceso al seguro, particularmente para quienes realizan trabajos zafrales”, cuyas temporadas son cada vez más cortas y dificultan el cumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a la prestación.

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Asimismo, consideran necesario “controlar y regularizar” el trabajo en plataformas digitales. Advierten que se trata de una actividad peligrosa en la que los trabajadores y el Estado terminan asumiendo los costos, mientras las empresas obtienen importantes beneficios. Por ello, entienden que “es necesario revisar las condiciones en que se desarrolla esta actividad y las responsabilidades de las plataformas”.

La Lista 11 también propone “revisar las exoneraciones de aportes patronales”, mediante evaluaciones que permitan determinar su contribución efectiva a la generación de puestos de trabajo y avanzar en la eliminación de aquellas que no tengan una utilidad social comprobable.

En cuanto a los colectivos con características laborales específicas, plantean “introducir ajustes a la Ley de Artistas y Oficios Conexos”. Si bien reconocen que esta norma permitió regularizar la actividad de un sector que difícilmente puede desarrollar su trabajo en condiciones de continuidad, consideran necesario revisar los criterios para los trabajadores a término y los requisitos para reconocer años de actividad anteriores a la aprobación de la ley.

Otro de los objetivos es “mejorar la coordinación del BPS con otras instituciones, como la Dirección General Impositiva (DGI), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Seguros del Estado (BSE), entre otros organismos”. La finalidad es “simplificar los trámites y facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a la información personal y a las prestaciones correspondientes”.

En esa misma línea, proponen “aumentar la cobertura de las prótesis, ortesis y lentes que brinda el BPS”, al considerar que los montos actuales resultan insuficientes para adquirir en el mercado insumos de calidad adecuada. También buscarán “extender el acceso a las Ayudas Especiales y a lentes, ortesis y prótesis a las y los trabajadores municipales, equiparando sus derechos con los de quienes se desempeñan en la actividad pública y privada”.

La plataforma incorpora, además, la “creación de una pensión para los hijos de víctimas de violencia doméstica”. En los casos en que la persona fallecida sea la madre y el padre resulte privado de libertad por el delito, los hijos pueden quedar en una situación de especial vulnerabilidad. La Lista 11 considera que la prestación prevista para estas situaciones debe equipararse con la que reciben los hijos de víctimas de delitos violentos, dado que actualmente existe una diferencia en los montos que no tiene una justificación razonable.

Finalmente, proponen “permitir el reconocimiento de los servicios de todas las personas que efectivamente trabajaron, sin establecer plazos que puedan hacerles perder ese derecho”. Sostienen que el trabajo informal responde a una realidad económica y que no puede responsabilizarse a quienes aceptan empleos en esas condiciones ante la falta de otras alternativas.

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