El Sindicato Policial Nacional (SIPOLNA) lamentó el crimen ocurrido el fin de semana en Los Cerrillos, donde un policía de 26 años asesinó con su arma de reglamento a su expareja, una mujer de 29 años, y a la actual pareja de ella, un hombre de 37, para luego suicidarse. El gremio sostuvo que el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de “fortalecer las políticas de prevención y atención en salud mental” dentro del Ministerio del Interior, ante el impacto que generan las situaciones de “estrés y desgaste” que atraviesan los funcionarios policiales.
Días pasados, la Jefatura de Policía de Canelones informó que un policía de 26 años asesinó a su expareja, una mujer de 29 años, y a la nueva pareja de ella, un hombre de 37, para luego suicidarse. El hecho ocurrió en Los Cerrillos y generó una fuerte conmoción pública.
El caso se suma a otro episodio ocurrido el pasado 10 de abril en Punta de Rieles, Montevideo, cuando otro efectivo policial de 26 años asesinó con su arma de reglamento a su expareja, de 18 años, y a los padres de ella, de 43 y 56 años, y luego también se quitó la vida.
Ante esta situación, el Sindicato Policial Nacional (SIPOLNA) expresó su pesar y, si bien reconoció que el Ministerio del Interior ha impulsado acciones vinculadas a la atención de la salud mental, consideró que las medidas actuales “no son suficientes”.
Carencias
Charles Cubilla, secretario de Organización y vocero del sindicato, integrante de la Comisión de Salud Mental del Ministerio del Interior y enfermero del Hospital Policial, sostuvo que estos hechos muestran la necesidad de “fortalecer la prevención y el acompañamiento a los efectivos policiales”.
“Lamentamos lo sucedido, sabemos que hay familias que están sufriendo. Hacemos hincapié en la salud mental y en el acompañamiento cuando ocurren estos hechos, pero también antes, desde la prevención, para evitar llegar a esta situación”, afirmó en declaraciones al Portal del PIT-CNT.
Cubilla señaló que la problemática de la salud mental “no es nueva” y atraviesa a toda la sociedad, aunque remarcó que en el caso de la Policía existe una “exposición permanente a situaciones de estrés y violencia”.
“Cuando ocurre algo como lo de Los Cerrillos conmueve a toda la sociedad. Atrás de esto hay familias destrozadas, víctimas muy jóvenes y también un funcionario que tomó la decisión de quitarle la vida a otras personas y luego quitársela él mismo”, expresó.
A su entender, un hecho de estas características “no ocurre de un momento para otro”, sino que existe “todo un proceso mental previo que evidencia fallas en los sistemas de acompañamiento”.
“Queda más que nunca de manifiesto que no hay un acompañamiento suficiente en salud mental para los funcionarios del Ministerio del Interior”, afirmó.
El dirigente recordó además que la Policía mantiene desde hace años cifras elevadas de suicidios entre sus filas y aseguró que, pese a algunos cambios impulsados por las autoridades, “las políticas llevadas adelante hasta ahora no han tenido el efecto esperado”.
“Lamentablemente las cifras se mantienen bastante estables año tras año. Eso significa que las medidas implementadas no han logrado generar un cambio real”, sostuvo. Cubilla aclaró que hablar de estadísticas “no implica deshumanizar” los casos, sino comprender la dimensión del problema. “Si atendés la salud mental de los funcionarios también estás colaborando a prevenir eventuales femicidios. Eso también es prevención”, subrayó.
Tal como lo apunta una crónica de la diaria feminismos, entre 2019 y 2024 el Ministerio del Interior registró 146 femicidios en Uruguay, de acuerdo al informe “Femicidios en Uruguay: análisis para la homogeneización de criterios y su categorización (2019-2024)”, elaborado por el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres (OVBG). El estudio señala que el 27% de los casos fueron cometidos con armas de fuego yun 32% con armas corto punzantes.
El representante sindical destacó al Portal que “existen equipos técnicos y funcionarios comprometidos en el abordaje de la salud mental dentro de Sanidad Policial” y valoró especialmente las campañas y recorridas realizadas en el interior del país.
“Hay voluntad y compromiso. Se hacen charlas en comisarías, se brinda información y acompañamiento sobre estrés laboral, burnout y también sobre problemas económicos y sociales que terminan afectando la salud mental”, explicó.
No obstante, insistió en que las acciones actuales “no alcanzan” y pidió una política “mucho más amplia y sostenida”. Entre otras medidas, planteó la necesidad de realizar “entrevistas psicológicas periódicas a todo el funcionariado policial”.
“Estamos hablando de los 30.000 funcionarios. Hay que comenzar con todo el universo y luego los especialistas determinarán quiénes necesitan seguimiento. Además, hay que señalar que muchas veces a la salud mental no se la coloca al mismo nivel que otras enfermedades graves como lo puede ser una cardiopatía”, afirmó.
En ese sentido, consideró que el Estado debería destinar “mayores recursos” y articular acciones con la academia y otros organismos especializados para fortalecer el sistema de atención.
Cubilla, quien además trabaja en asistencia sanitaria a personas privadas de libertad, sostuvo que las situaciones de autoeliminación deben abordarse desde una perspectiva de salud. “Por más que culturalmente todavía cueste entenderlo, una persona que toma esa decisión es una persona enferma. Eso no implica justificar los hechos ni desconocer las responsabilidades legales, pero sí entender que tiene que existir una intervención oportuna”, señaló.
El dirigente remarcó que desde el sindicato no buscan justificar los crímenes cometidos, sino “advertir” sobre las carencias existentes en el sistema de atención. “No somos ajenos al dolor de las víctimas. Detrás de cada una hay madres, hermanos, amigos. Nosotros levantamos la voz para defender la salud mental por las víctimas y también para intentar prevenir que estas cosas vuelvan a suceder”, sostuvo.
Asimismo, informó que desde hace dos meses funciona la Comisión sobre Salud y Seguridad Laboral en el Ministerio del Interior, integrada por autoridades, sindicatos policiales, representantes de Bomberos, abogados y otros técnicos, con el objetivo de abordar las condiciones laborales y la salud mental de los funcionarios.
También recordó que la Comisión de Salud Mental del Ministerio del Interior -de la que forma parte- elaboró un documento con propuestas que fue elevado a las autoridades en diciembre pasado y recibió una “respuesta favorable”.
“Hay carencias en el sistema y creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera para intentar evitar este tipo de tragedias”, sentenció.