El paro general nacional de 24 horas en toda la industria de la construcción será este miércoles 24 de septiembre, a partir de las 00.00 horas, bajo la consigna “En defensa de la vida”.

Esta convocatoria da cumplimiento a la resolución de la reunión del Comité Ejecutivo del SUNCA el día 10 de septiembre que entre otras cosas analizo la emergencia que vive hoy Uruguay “con la seguridad laboral y el aumento de la siniestralidad en el trabajo, con especial énfasis en el sector de la construcción.

A nivel nacional la jornada tendrá en todos los departamentos puntos d concentración, en plazas con actos, mesas de debates en la cual expondrán autoridades departamentales, legisladores, académicos y profesionales sobre varios temas que convocan a esta jornada.

En la zona metropolitana, desde Canelones, San José y Montevideo se concentrará en la Plaza 1º de mayo desde las 9.30 horas hasta las 17 horas, con la instalación de una carpa en la cual se expondrán mediante cuatro mesas temas relacionados a la seguridad y salud laboral. Todas mesas contarán con presencia de legisladores, profesionales y académicos conjuntamente con integrantes del SUNCA.

En el caso de las y los trabajadores de la rama del Peaje la medida se aplicara desde el inicio del turno1 del 24 de septiembre al inicio del turno 1 del día 25 de septiembre.

Reflexión, lucha y movilización 

El paro nacional de 24 horas del SUNCA, que se realizará este miércoles fue definido por Javier Díaz como “un paro de reflexión, un día de lucha, un día de movilización, un día de reclamos y también un día de colocación de propuestas”.

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“Se trata de poner la vida en el centro. Para nosotros la vida está primero. Eso está muy vinculado a la mejor ética de la lucha de los trabajadores”, afirmó el dirigente sindical.

Díaz explicó que la medida se da en el marco de un deterioro en las condiciones de seguridad laboral. “Más allá de todos los avances en materia de seguridad y salud laboral que se han dado en Uruguay -y donde las trabajadoras y los trabajadores tuvieron un papel protagónico-, estamos en un momento muy complejo. Durante décadas, desde principios del siglo XX, el país transitó un proceso de reducción de la siniestralidad y de ampliación de derechos, para que el trabajo no se asociara a la muerte. Pero desde 2023 volvimos a los peores momentos de la historia”.

El sindicalista recordó que, hasta hace unos años, los siniestros laborales apenas figuraban en las páginas policiales. “Gracias a la lucha de la organización sindical logramos desclandestinizarlos, sacarlos de las páginas policiales, llevarlos a la órbita penal, a la agenda legislativa y pública, y a la generación de leyes. Pero hoy ese proceso resulta insuficiente”.

Cifras alarmantes

Díaz aportó datos contundentes. En 2023, 838 trabajadores quedaron con incapacidad permanente producto de accidentes de trabajo.

En 2024, el Banco de Seguros del Estado (BSE) registró 40.000 siniestros laborales, cifra que asciende a más de 54.000 si se suman los no denunciados. El 15% correspondió a la construcción, con más de 6.000 accidentes.

En 2025, ya se registraron 13 muertes, lo que equivale a un siniestro mortal cada 12 o 13 jornadas de trabajo. Díaz remarcó que se trata de una situación “inadmisible”.

Una ley integral de seguridad y salud laboral

Frente a este panorama, el SUNCA reclama que el Parlamento apruebe una ley integral en la materia. Díaz detalló los principales puntos que debería contemplar, son: “Campañas de sensibilización permanentes. Todo el mundo está de acuerdo con que son necesarias. Pero en la realidad, no todas las organizaciones ni empresas pueden hacerlas, incluso por razones económicas. Si estuviera previsto en una ley, si fuera una política de Estado, como lo son las campañas del Ministerio de Salud Pública, entonces el país avanzaría de manera significativa. Tendríamos campañas sostenidas, con planificación y programa anual. Capacitación en seguridad y salud laboral. Nadie dice que sea mala idea. Pregúntele a empresarios, trabajadores o al gobierno, todos van a responder que la capacitación es positiva. Pero, ¿cuánta capacitación se hizo este año en cada centro de trabajo, en las distintas industrias o en el interior del país? Nadie lo puede responder. Y si se hace o no, da lo mismo. En la práctica, donde se ha avanzado ha sido por impulso de las organizaciones sindicales. Por eso es necesario que haya planificación estatal, con participación del INEFOP, del Ministerio de Salud Pública y en el marco de la CONASAT, que ya tiene más de 30 años como espacio de diálogo social”.

Díaz agregó que la ley también debe incluir un Registro de empresas infractoras. “El actual es del año 2005 y funciona mal. Ni siquiera registra a las empresas como tales, sino a las razones sociales. Una empresa puede acumular cinco o seis incumplimientos y accidentes en un año, pagar una multa y luego presentarse a licitaciones en igualdad de condiciones con otra que cumple con la normativa, con los convenios colectivos y con los protocolos. Eso genera competitividad a la baja y no a la alta. El Estado exonera más de 2.300 millones de dólares anuales en impuestos al gran capital, pero la COMAP no cruza datos con el registro de empresas infractoras. Así como tenemos trazabilidad de un animal destinado a exportación -sabemos qué comió, qué controles tuvo-, necesitamos trazabilidad de las empresas. Y las sanciones no pueden limitarse a una multa económica”.

Otro de los aspectos que debe incluir la normativa es la Investigación de los siniestros. “Cuando hay un accidente de tránsito con lesionados se cierra el perímetro, viene Policía Científica y se investiga. En el mundo del trabajo, no. Los siniestros no se investigan en profundidad. De los 838 trabajadores que quedaron con incapacidad permanente en 2023, ¿cuántos casos fueron investigados a fondo? ¿Hubo dolo empresarial? ¿Cuántas denuncias se hicieron? Los datos que llegan a la Inspección General de Trabajo desde el BSE son incompletos. Necesitamos protocolos claros, investigaciones profundas y, en caso de corresponder, denuncias penales. Incluso deberíamos avanzar en una Fiscalía especializada o en una formación específica de los fiscales”.

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La lucha es por la vida

Díaz insistió en que Uruguay supo ser más riguroso en el pasado, y que gracias a ello la siniestralidad se redujo. Hoy, advirtió, “es hora de volver a actuar”.

“El Parlamento tiene las herramientas, pero este cambio también requiere del compromiso y de la acción de miles de trabajadores en la calle empujando. Estuvimos en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y en los próximos días recorreremos el Parlamento para dialogar con todas las bancadas. Al mismo tiempo, seguiremos discutiendo con los trabajadores a lo largo y ancho del país. Porque esta lucha, en definitiva, es por la vida”, puntualizó.