La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE), presentó formalmente una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ante las situaciones de "hacinamiento y vulneración de derechos fundamentales que afectan a las personas privadas de libertad (PPL) y a los trabajadores del sistema del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)".

La exjueza penal Mariana Mota, recientemente designada por la Asamblea General como integrante del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), dijo al Portal del PIT-CNT que “los derechos humanos no son conquistas eternas" y "deben sostenerse día a día”. En este sentido, aseguró que los avances de discursos negacionistas y regresivos en el mundo nos deben impulsar a "recuperar la conciencia" sobre el valor de las luchas históricas que permitieron alcanzar estándares de dignidad. “Perder esos derechos cuesta caro, especialmente para las poblaciones más vulnerables”, afirmó.

Tras la muerte de cuatro personas privadas de libertad a causa de un incendio intencional en el ex COMCAR, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) denunció una “emergencia carcelaria” y exigió al Estado asumir su responsabilidad en la protección de la vida y la dignidad dentro de las cárceles. El sindicato reclamó una reforma estructural del sistema penitenciario, condiciones laborales dignas para los funcionarios civiles y una política de Estado que trascienda los partidos. Su presidente, Jonathan Perdomo, advirtió que las muertes no son hechos aislados, sino parte de un sistema “perverso” que “sigue quitando vidas”, y reclamó igualdad de condiciones con el personal policial.