El movimiento sindical del Mercosur ratifica su rechazo al Acuerdo Mercosur–Unión Europea, tal como viene siendo negociado, a espaldas de la sociedad y sin considerar las asimetrías entre ambos bloques. El sindicalismo debe seguir acompañando de cerca los debates en los parlamentos nacionales y en el Parlasur sobre la aprobación e implementación del acuerdo. Nuestro objetivo central es asegurar que las conquistas de los trabajadores, obtenidas en el ámbito del Mercosur y en las legislaciones nacionales, sean preservadas y ampliadas en el texto final.

El acuerdo actual, resultado de 25 años de negociaciones entre los gobiernos de los dos bloques, suscita profundas preocupaciones para las organizaciones de trabajadores del Mercosur. La ausencia de un organismo vinculante de seguimiento de los derechos laborales y del impacto en el empleo constituye un retroceso en la institucionalidad del Mercosur, además de vulnerar el espíritu de la consulta tripartita prevista en el Convenio 144 de la OIT y en la Declaración Sociolaboral.

Es nuestro deber innegable alertar a la clase trabajadora sobre los riesgos que este acuerdo representa para el proceso de integración regional, con énfasis en la amenaza de desindustrialización y desintegración productiva. El texto privilegia una lógica de comercio exterior que puede desincentivar inversiones en países del Mercosur menos favorecidos por la actual logística regional, hoy protegidos por normativas del bloque.

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Nos causa enorme preocupación el hecho de que esta lógica comercial privilegiará sectores como el agronegocio, la minería y la explotación maderera – actividades históricamente marcadas por violaciones a los derechos humanos, sociales y laborales; persecución a dirigentes sindicales; ataques a pueblos originarios; y mayor incidencia de trabajo infantil y trabajo forzoso en sus cadenas productivas. Estos serán los sectores más beneficiados, en detrimento de la industria regional y en favor de la industria europea. Consideramos inaceptable que, en 2025, continuemos sometidos a una lógica colonial de exportar materias primas e importar bienes industrializados.

Defendemos como estratégico que, además del seguimiento de los debates en los parlamentos nacionales, en el Parlasur y en el Parlamento Europeo, el Foro Consultivo Económico-Social y el Comité Económico y Social Europeo influyan activamente en el proceso, garantizando de manera clara y objetiva la protección de los derechos sociales y laborales previstos en la Declaración Sociolaboral del Mercosur, en las legislaciones nacionales y en las normas internacionales de la OIT. Estas referencias deben ser un piso mínimo, a partir del cual lucharemos por la ampliación de derechos. Rechazamos la lógica actual que establece ciertos estándares internacionales como techo; para nosotros, trabajadores y trabajadoras, dichas normas son solamente la base para avanzar en nuevas conquistas.

Alertamos al movimiento sindical del Mercosur: no es momento de bajar la guardia frente a los procesos de ratificación e implementación del acuerdo. El actual contexto geopolítico global – en el cual los Estados Unidos, mediante tarifas arbitrarias y desiguales, intentan intimidar a los países – no puede justificar que el Mercosur se someta incondicionalmente a la Unión Europea, aceptando un acuerdo a cualquier precio. Señalamos también que la Unión Europea, en el proceso de aprobación del Consejo, decidió crear salvaguardas unilaterales para proteger a sus sectores más sensibles. Tales medidas funcionarían como barreras no arancelarias adicionales al sistema de cuotas previsto en el propio acuerdo, lo que desafía las normas de la OMC.

Aunque los jefes de Estado anuncien que el acuerdo esté cerrado y que el texto revisado será firmado antes de fin de año, es imprescindible seguir presentando las preocupaciones y exigir estudios de impacto que consideren no solo los aspectos económicos, sino también los efectos sobre el trabajo y los trabajadores de todos los países del bloque.

En paralelo, debemos identificar espacios de acción sindical en el marco del acuerdo y fortalecer las posibilidades de participación y control sociolaboral por parte de las organizaciones de trabajadores en su aplicación e implementación. Esto permitirá detectar, lo antes posible, cualquier amenaza a los derechos laborales o riesgo de desarticulación económica que pueda generar desempleo y debilitar los sistemas productivos del Mercosur, de modo de presionar a los Estados a adoptar medidas de compensación o de freno a esta lógica desigual.

Foz de Iguazú, septiembre de 2025.