La secretaria de Discapacidad del PIT-CNT, Laura Martínez, reclamó el efectivo cumplimiento de la Ley Nº 19.691, que promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector privado. A ocho años de su promulgación, exigió una fiscalización efectiva, con los recursos humanos y materiales necesarios, datos oficiales sistemáticos sobre el cumplimiento de la cuota del 4% en los ámbitos público y privado, y mecanismos reales de exigibilidad y sanción. “Una norma sin sanción es una sugerencia”. También reclamó procesos de selección inclusivos y accesibles que reconozcan las capacidades, los saberes y las trayectorias de vida de las personas, y sustituyan los filtros rígidos por criterios acordes a cada puesto de trabajo.
La Ley Nº 19.691, promulgada el 29 de octubre de 2018, promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector privado de Uruguay. Establece que las empresas privadas con 25 o más trabajadores permanentes deben contratar personas con discapacidad cuando incorporan personal, hasta alcanzar el 4% de su plantilla. Para acceder a esos puestos, las personas deben contar con idoneidad para las tareas y estar inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
En el marco de los ocho años de vigencia de la ley, Laura Martínez señaló, durante una conferencia de prensa, que se trata de una “conquista impulsada por los movimientos sociales, el PIT-CNT y las organizaciones de la sociedad civil, que lucharon para darle un marco normativo a un derecho humano fundamental, como lo es el acceso al empleo digno de las personas en situación de discapacidad”.
“Ha pasado el tiempo y es momento de que esta ley se cumpla”, afirmó. En ese sentido, remarcó que la inclusión no puede quedar reducida a declaraciones de buenas intenciones o gestos voluntaristas, sino que debe traducirse en oportunidades concretas. “Cuando hablamos de inclusión no estamos hablando de buenas intenciones ni de gestos de voluntarismo, sino de inclusión real, que una persona con discapacidad pueda formarse, postularse, ser seleccionada por sus capacidades, permanecer y desarrollarse en ese lugar de trabajo, con los apoyos y ajustes necesarios y en condiciones de igualdad con sus compañeros y compañeras”, expresó.
Martínez recordó que el trabajo dignifica, brinda autonomía e independencia económica y permite la participación plena en la vida de la comunidad. Por eso, advirtió que “negar el acceso al empleo no significa solamente incumplir una normativa, sino también impedir que miles de personas puedan construir un proyecto de vida”.
Dijo que datos del Censo 2023 dan cuenta de la magnitud de las desigualdades. La tasa de empleo de las personas con discapacidad de entre 20 y 64 años se ubica en el 49%, frente al 78% de quienes no tienen discapacidad, lo que representa una brecha de 29 puntos porcentuales. A su vez, el desempleo en este grupo alcanza el 14%, casi el doble que en el resto de la población.
La situación también se refleja en las trayectorias educativas, porque uno de cada cinco adolescentes con discapacidad, de entre 15 y 17 años, no ha culminado la educación primaria. En la población sin discapacidad, en cambio, la finalización de ese ciclo educativo es prácticamente universal.
En el ámbito estatal, la obligación legal de incorporar un 4% de personas con discapacidad “está lejos de cumplirse”. Durante 2025 ingresaron apenas 56 personas a los organismos obligados, lo que representó un 0,33% de los puestos ocupados. En el sector privado, ni siquiera existen datos oficiales consolidados que permitan conocer cuántas contrataciones se realizan al amparo de la ley.
“A ocho años, el debate ya no es la existencia de la norma, sino su efectividad”, planteó la Comisión de Discapacidad. En ese sentido, no alcanza con promover el empleo, sino que es necesario fiscalizar su cumplimiento. “Sin fiscalización ni rendición de cuentas, la obligatoriedad queda librada a la voluntad de cada empleador, y un derecho no puede depender de la voluntad de nadie”, advirtió.
Frente a este escenario, la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT planteó una serie de exigencias para avanzar hacia una inclusión laboral efectiva. Entre ellas, reclamó una “fiscalización real, respaldada por los recursos humanos y materiales necesarios; la publicación de datos oficiales y sistemáticos sobre el cumplimiento de la cuota del 4% tanto en el sector público como en el privado; y la implementación de mecanismos efectivos de exigibilidad y sanción”. Porque “una norma sin sanción es una sugerencia”, advirtió la secretaria de Discapacidad.
Asimismo, la Comisión reclamó “procesos de selección inclusivos y accesibles, capaces de reconocer las capacidades, los saberes y las trayectorias de vida de las personas con discapacidad, sustituyendo los filtros rígidos por criterios adecuados a las características de cada puesto de trabajo”.
Desde la Comisión señalaron que Uruguay cuenta con condiciones para avanzar, dispone de un marco normativo consolidado, organizaciones sociales con experiencia y compromiso, y un movimiento sindical que hizo de esta causa una bandera. También cuenta con miles de personas con discapacidad que tienen capacidades, conocimientos y voluntad de trabajar.
“Hablamos de un derecho humano, del trabajo y de una deuda que el Estado uruguayo mantiene aún con miles de personas que ven postergado su acceso al empleo digno año tras año. A ocho años de la ley, exigimos inclusión real”, puntualizó la Comisión.