El abogado especializado en Derechos Humanos y asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), doctor Pablo Chargoñia, considera imprescindible "construir un consenso social que nazca desde abajo, desde el movimiento popular, y que mandate y exija del sistema político un compromiso leal respecto de la memoria, la verdad y la justicia".

La secretaria general del PIT-CNT y de la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), Elbia Pereira, junto con delegaciones de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES) y de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), participa en el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación que se celebra en Buenos Aires.

Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, solicitó que el próximo gobierno asuma el compromiso de exigir a las Fuerzas Armadas la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura, “porque tienen mucha documentación que no han proporcionado”. Además, reclamó una política de Estado en la búsqueda de la verdad para comenzar a cerrar este proceso.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) confirmó el hallazgo de nuevos restos humanos, cubiertos con una gran cantidad de cal, en el Batallón N°14 de Paracaidistas en Toledo. En el mismo predio militar ya se habían encontrado los restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), como Amelia Sanjurjo, Julio Castro y Ricardo Blanco.

Delegados de la Asociación de Funcionarios del CASMU (AFCASMU) y de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se reunieron con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, a raíz de la intervención de CASMU. Este martes, el sindicato de trabajadores de la mutualista analizará las medidas sindicales a tomar.

El periodista Leandro Grille dijo que el sistema de comunicación predominante en Uruguay es “dominante, abrumador y sesga la información”, creando en la ciudadanía “una visión hipertrofiada de la realidad”. Por ello, destacó la necesidad de proponer espacios que ofrezcan una perspectiva alternativa. 

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resolvió invitar a todos los candidatos a la Presidencia de la República para analizar en conjunto sus propuestas. Entre ellas se incluyen aspectos programáticos, como la reforma del Estado y temas vinculados a las áreas social y productiva. Por otro lado, se abordarán aspectos reivindicativos, como mejoras salariales, condiciones de trabajo y el ingreso de personal.

El Sindicato Único del INAU (SUINAU) expresó que la adolescente que falleció en Rivera el pasado 8 de mayo, víctima de explotación sexual, no se encontraba bajo el amparo del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Asimismo, manifestó su sorpresa y desagrado hacia el presidente del Directorio de INAU, Guillermo Fossati, quien insinuó que las adolescentes “eligen” exponerse a riesgos, calificándolo como una demostración de profunda ignorancia sobre la explotación sexual.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó su enfático rechazo a la creación del monopolio privado conformado por un consorcio compuesto por los cableoperadores propiedad de los canales 4, 10 y 12, cuyo único objetivo es favorecer a estas empresas en detrimento de los servicios brindados por ANTEL.

El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) rechaza enfáticamente la intención del gobierno de “seguir beneficiando a los amigos de siempre y perjudicando a ANTEL” mediante la firma y autorización de la creación del consorcio de las empresas de televisión por cable: Montecable, TCC y Nuevo Siglo. En tal sentido, SUTEL analiza, junto a sus asesores legales, interponer un recurso de revocación contra lo que considera un “atropello a la democracia y libertad de expresión”. 

La secretaria general del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), Florencia Leymonié, expresó que el proyecto de Ley de Medios del actual gobierno es una pieza en un rompecabezas que busca favorecer los intereses privados en detrimento de las condiciones de vida de la sociedad y la democracia del país. Por su parte, el presidente de SUTEL, Gabriel Molina, aseguró que el movimiento sindical “no dejará pasar el atropello del gobierno”.

La Organización Nacional de Obreros del Dulce Ramas y Afines (ONODRA) ha denunciado que la empresa “Los Nietitos”, ubicada en la localidad de La Paz en Colonia y perteneciente a capitales franceses, enfrenta un conflicto sindical debido a la negativa de sus gerentes en Uruguay de la sindicalización de los trabajadores. La represión se manifiesta en “maltratos psicológicos y despidos por causales injustificadas”, alegando "notoria mala conducta".

Les hicieron pedazos sus vidas. Les expusieron y sometieron al escarnio público. Les condenaron de manera sumaria porque la decisión claramente ya estaba tomada: había que aprovechar la oportunidad para demonizar a los trabajadores que ocupaban su lugar de trabajo. 

La Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) repudió la agresión física de un conductor hacia un guardia aduanero del Resguardo de Aduana de la localidad de Isidoro Noblía, en Cerro Largo. Además, el sindicato anunció que tomará acciones legales contra el agresor. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada expresa:

El director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano, expresó que el movimiento sindical tiene la responsabilidad de ser un actor fundamental en la búsqueda de acuerdos nacionales que permitan avanzar en la transformación productiva y en la elaboración de un plan de urgencia para abordar necesidades actuales como la pobreza infantil, la calidad del empleo y la informalidad.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó que es positivo concebir la seguridad social en clave de derechos humanos como una esfera dedicada a la protección de las personas y no al lucro financiero. Remarcó que la reforma de la seguridad social impulsada por los sectores sociales y populares no tendrá ningún tipo de impacto fiscal negativo en los próximos 20 años.