Días atrás, el PIT-CNT emitió una declaración en la que repudió “enérgicamente” las acciones de la multinacional PedidosYa y cuestionó el cierre de cuentas de repartidores que mantienen juicios en curso contra la empresa por el reconocimiento de una relación laboral de dependencia.

Según la central sindical, en momentos en que avanzan las demandas que buscan demostrar la existencia de una relación laboral encubierta, la empresa utiliza su potestad sobre el algoritmo para suspender o cerrar las cuentas de los trabajadores, afectando de esa manera su fuente de ingresos.

En diálogo con el Portal del PIT-CNT, la delegada sindical Claribel Blanco señaló que los trabajadores se encuentran a la espera de la reunión con las autoridades, instancia en la que plantearán la situación que atraviesa el colectivo y buscarán alternativas para resolver el conflicto.

Incumplimientos 

Los trabajadores también han expresado, mediante manifestaciones y registros audiovisuales, incumplimientos de las normas vinculadas a la bromatología y a las condiciones de descanso de los repartidores.

La empresa está enviando notificaciones de “cumplimiento” y colocando cuentas de trabajadores “en revisión”, argumentando que se habrían registrado incumplimientos contractuales vinculados a la permanencia de repartidores en aglomeraciones en la vía pública.

En las comunicaciones enviadas por la empresa se señala que se habría detectado la participación de trabajadores en “aglomeraciones en la vía pública durante lapsos en los que no contabas con un pedido asignado”, lo que, según PedidosYa, constituiría una infracción al decreto municipal vigente.

La empresa advierte además que el servicio debe realizarse “en estricto cumplimiento de las regulaciones municipales aplicables” y que el mantenimiento de esas condiciones constituye un requisito para la continuidad del vínculo comercial. También recuerda que el contrato establece la obligación de prestar el servicio “cumpliendo con las normas de tránsito y demás leyes aplicables”.

Los trabajadores cuestionan estos argumentos y sostienen que la empresa, al mismo tiempo, “incumple disposiciones que establecen condiciones mínimas para quienes realizan tareas de reparto”.

En particular, señalan el artículo 5 del reglamento de la ley, que establece que las empresas titulares de plataformas digitales que faciliten servicios de entrega o reparto de mercaderías “deben contar con locales adecuados para cumplir con las obligaciones de bienestar”. Según la normativa citada por los trabajadores, esos espacios deben contemplar “servicios higiénicos, lugares de resguardo y alimentación para quienes realizan tareas de reparto o transporte, sean dependientes o autónomos, además de espacios adecuados para el estacionamiento de los vehículos utilizados para el trabajo, cuando corresponda”.

“Es decir, la empresa incumple con el reglamento de la ley, que establece que los trabajadores tienen que tener un lugar donde poder esperar los pedidos. La realidad es que ni siquiera tenemos un baño”, aseguran los trabajadores.

Como ejemplo, se refirieron a la situación que se registra en el local de Ciudad de la Costa, donde las puertas de embarque utilizadas por los cadetes para retirar los pedidos “permanecen cerradas”. De acuerdo con los registros audiovisuales, los repartidores deben “permanecer en una calle lateral de la ruta mientras esperan los pedidos, expuestos a las condiciones climáticas y sin un espacio adecuado para esperar”.

Otro de los puntos planteados por los trabajadores refiere a la utilización de la aplicación y del algoritmo para “suspender o cerrar las cuentas de quienes participan en la actividad sindical”.

En ese sentido aseguran que las cuentas de trabajadores son suspendidas durante 48 horas “sin ningún motivo” y ello vinculado a algunas instancias de negociación mantenidas ante el Ministerio de Trabajo.

Según se explicó, luego de una reciente reunión en el MTSS para analizar las condiciones de trabajo de los repartidores y las sanciones aplicadas por la empresa -entre ellas, los cierres de cuentas-, algunos trabajadores recibieron notificaciones de suspensión o revisión de sus cuentas.

Los trabajadores consideran que se trata de una “nueva modalidad de persecución sindical mediante las aplicaciones móviles”.

También cuestionan los denominados “acuerdos transaccionales” mediante los cuales, según señalan, los repartidores firman documentos en los que figuran como trabajadores autónomos, sin que queden suficientemente claras las condiciones en las que continuarán desarrollando sus tareas ni las garantías frente a eventuales sanciones o cierres de cuentas.

Los trabajadores también cuestionan las notificaciones de “revisión” de cuentas que reciben los delegados sindicales. Según explicaron, algunas de esas comunicaciones invocan una cláusula contractual que prohíbe al prestador “manipular, extraer copias, bloquear o afectar de cualquier forma o modo la aplicación”.

Los trabajadores se preguntan qué entiende la empresa por “manipular” la aplicación y señalan que, en algunos casos, las capturas de pantalla realizadas por los repartidores tienen como finalidad “documentar irregularidades”. Entre ellas mencionan “fallas de la aplicación que, según sostienen, generan pérdidas o problemas en los pagos, además de posibles irregularidades en el sistema de propinas y en la liquidación correspondiente a los kilómetros recorridos”.

“Nos suspenden la cuenta y nos impiden trabajar”, cuestionan los trabajadores, quienes también reclaman conocer en qué circunstancias la empresa puede suspender una cuenta, cuáles son los fundamentos para hacerlo y con qué anticipación debe comunicarlo.

Los trabajadores cuestionan, asimismo, “incumplimientos de las normas bromatológicas” relacionados con los lugares elegidos para almacenar y retirar los pedidos.

En particular, señalan la situación del local de Ciudad de la Costa y afirman que un baño químico ubicado en el lugar presenta “pérdidas de fluidos y materia fecal, mientras que en ese mismo espacio se almacena mercadería que posteriormente es retirada para su distribución”.

Los trabajadores sostienen que estas situaciones deben ser abordadas por las autoridades competentes y forman parte de los planteos que llevarán a la reunión con representantes del gobierno.

La instancia será, de acuerdo con lo planteado por la delegación, una oportunidad para analizar las condiciones en que trabajan los repartidores, las sanciones y cierres de cuentas, la situación de quienes mantienen demandas judiciales por el reconocimiento de una relación laboral y el incumplimiento de las normas que regulan la actividad.