En la madrugada del día de ayer, el buque pesquero CALON 2 estuvo a punto de zozobrar y hundirse, poniendo en riesgo la vida de su tripulación. El hecho, que afortunadamente no terminó en una tragedia, vuelve a encender una señal de alarma que los trabajadores del mar venimos advirtiendo desde hace años.

No se trata de un episodio aislado; hace 2 meses un video similar pero en el buque Santa María del Mar nos mostraba la misma situación grave, exponiendo las falencias de las condiciones de seguridad en el sector pesquero: embarcaciones envejecidas, falta de controles efectivos, incumplimientos reiterados de la normativa y una peligrosa desvalorización de la profesión, al punto de instalarse el discurso de que se puede salir a navegar sin experiencia, sin formación adecuada, con solo una cédula o un documento en la mano.

Esa lógica mercantilista e irresponsable no solo bastardea el trabajo del marinero, sino que pone en riesgo directo la vida humana en el mar. La seguridad de la navegación no es un trámite administrativo, no lo determina una inteligencia artificial, no es una formalidad; es una responsabilidad del Estado en su conjunto.

Desde hace años los trabajadores del mar venimos alertando sobre estas situaciones. Hemos recorrido todas las vías institucionales, participamos de instancias de diálogo, presentamos informes técnicos, impulsamos movilizaciones y solicitamos formalmente la intervención del Ministerio de Trabajo y de los organismos competentes. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido sistemáticamente insuficiente, tardía y, en los hechos, reducida a declaraciones sin impacto real sobre las condiciones de trabajo y de seguridad.

A pesar de las denuncias públicas y los pedidos formales de intervención, no se han activado los ámbitos tripartitos previstos por la normativa vigente debido a la negativa del sector empleador a participar en ellas, ni se han implementado inspecciones integrales que garanticen condiciones mínimas de trabajo seguro. Esta omisión resulta inadmisible en un sector con riesgos críticos y antecedentes reiterados de irregularidades.

Esta responsabilidad atraviesa a todo el Estado. El Presidente de la República conoce la situación del sector pesquero, pero lo ha hecho desde una mirada parcial, reuniéndose exclusivamente con las cámaras empresariales de la pesca, sin habilitar ámbitos de diálogo con las y los trabajadores del mar. A esto se suma la inacción de los organismos competentes, que eligen mirar hacia el costado frente a problemas que comprometen el trabajo digno y la seguridad y la vida humana en el mar.

Exigimos el cumplimiento estricto de la normativa vigente y el reconocimiento de que la pesca es una actividad de alto riesgo que requiere formación, experiencia y condiciones laborales dignas. La vida de los trabajadores del mar no puede seguir siendo puesta en juego por desidia, negligencia o intereses comerciales.

Frente a este escenario ¿qué se espera para actuar? ¿Una desgracia? ¿Que un padre, un hermano o un hijo que sale al mar a ganarse el pan para su familia no regrese?

¡Arriba las y los que luchan!