Dra. Alicia Deus: “El único objetivo de este proyecto es permitir que un progenitor denunciado por abuso siga en contacto con la víctima”

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó el pasado martes el proyecto de Ley de Corresponsabilidad en la Crianza a pesar de los reparos y cuestionamientos que expresaron públicamente decenas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancias, particularmente en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Una de las voces referenciales en la materia, la doctora Alicia Deus, dijo al Portal del PIT-CNT que el proyecto aprobado en la comisión parlamentaria “desprotege a los NNA en situaciones de violencia” y “sigue habilitando el contacto con los NNA en caso de denuncias de violencia o de abuso”, lo que según la experta, “privilegia el interés de los adultos por sobre la protección o el principio de precaución que tiene que regir en materia de infancia, para prevenir un eventual daño”.

Deus es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, ha obtenido diplomas en especialización en derechos de la Infancia y Políticas públicas (UdelaR) y en especialización en Género y Políticas Públicas por FLACSO (Argentina). Además, se desempeña como consultora independiente para diversas agencias internacionales y para organismos nacionales uruguayos en temas vinculados con género, derechos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes, ruralidad, violencia y acceso a la justicia. Asimismo, fue coredactora de la Ley Integral No. 19.580 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género aprobada en Uruguay en diciembre de 2017.

Según explicó Deus al Portal, resulta evidente que las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la infancia y que trabajan con casos concretos de niñas y niños víctimas de violencia y de abuso sexual intrafamiliar,  se oponen a este proyecto que promueve el gobierno, mientras que a su favor, cuentan con el respaldo de organizaciones de padres que alegan haber sido privados de ver a sus hijos “por denuncias falsas”.

En este sentido, sostuvo que “no existe ninguna evidencia que acredite que hay denuncias falsas que coartan los derechos de los niños a ver a sus padres y a su familia paterna. Claramente, el único objetivo de este proyecto, es permitir el contacto de las niñas y los niños cuando hay denuncias de violencia o de abuso contra uno de los progenitores. Permitirlo de cualquier manera, ese es el sentido del proyecto”, subrayó.

Para la experta, los dos proyectos originales que posteriormente se sintetizaron en uno solo, establecían que el juez tenía la obligación de dictaminar las tenencias compartidas. “Ahora este proyecto le da una serie de parámetros para analizar y sigue estableciendo que se privilegiara la tenencia compartida. Por lo que se le otorga cierta flexibilidad al juez. No obstante, lo que seguimos cuestionando es que se desprotege a los NNA en las situaciones de violencia. En primer lugar porque entre los parámetros que el proyecto de ley le da al juez para resolver no se menciona el tema de violencia. Si en un litigio sobre tenencia se planea una situación de violencia, debe valorarse en primer lugar. Por otro lado, el proyecto sigue habilitando el contacto con los NNA en caso de denuncias de violencia o de abuso. Esto es lo que entendemos como muy preocupante. Se privilegia el interés de los adultos por sobre la protección o el principio de precaución que tiene que regir en materia de infancia. Prevenir un eventual  daño”.

SIPIAV alerta

Otro aspecto que Deus explicó como “altamente preocupante” es que no se haya tenido en cuenta como evidencia las “alarmantes cifras de violencia intrafamiliar” que ha denunciado en reiteradas oportunidades el Sistema Integral de Protección a la Infancia (SIPIAV).

“Hay evidencia y tenemos cifras concretas sobre la magnitud de la violencia intrafamiliar. Y según el SIPIAV, el 92% de las situaciones de violencia o de maltrato que vive las NNAse produce en el ámbito intrafamiliar. Esto es una cuestión que se debió considerar. La violencia intrafamiliar es un problema en nuestro país, por su magnitud, por su entidad, por la cantidad y por las consecuencias que produce a los NNA en el corto, mediano y largo plazo”, advirtió.

Otro aspecto que lamentó Deus es la contradicción que se genera a partir de la eventual aprobación de esta normativa en relación a los acuerdos internacionales de protección a la infancia que el Estado ha suscrito en las últimas décadas. “A raíz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue aprobada en 1990 en Uruguay, y de los compromisos asumidos, es que en 2004 se sancionó el Código de la Niñez y de la Adolescencia, para adecuar nuestra legislación a los principios y normas de la Convención. Un principio fundamental es el derecho de los niños a vivir una vida libre de violencia. La desprotección que supone este proyecto para los NNA, violenta los principios de la Convención.

El principio del  interés superior del niño supone   en la práctica,  que siempre debe primar por sobre el interés de los adultos. Esto es lo que establece la Convención. Al respecto, Deus explicó que “el  proyecto habla de que el juez cuando pueda habilitar las visitas tiene que tener en cuenta el principio de inocencia. Pero este principio constitucional rige en materia Penal. En materia de Familia el principio que debe primar es la protección de niñas y niños que son la parte más vulnerable. La prevención es una cuestión absolutamente razonable, no es algo caprichoso. Después que el daño se produce las consecuencias son gravísimas y hay que evitar por todos los medios que se produzcan. A esto se le suman otras cuestiones, como que el proyecto parte de la base de que hay un conflicto entre los adultos y que hay denuncias falsas de las mujeres a los varones para perjudicarlos, por venganza o por despecho. Esto es la base real del proyecto y es lo que sostienen estos grupos de varones que están detrás de este proyecto. Pero lo concreto es que la gran mayoría de los activistas de estos grupos están peleando por causas personales. Parten de que las denuncias son falsas, que son unos pobres señores que los acusan falsamente o por venganza. Pero se desconoce que muchas veces las denuncias de violencia o de maltrato no provienen de la otra parte, ni siquiera es la madre la que denuncia la violencia sino que proviene del centro de salud o de los centros educativos que son quienes detectan la situación de violencia”, subrayó. Este dato prácticamente no ha sido considerado a la hora de aprobar en comisión el proyecto. Sin embargo, la experta recordó que a partir de la ley de violencia integral basada en género, las instituciones que tienen conocimiento de una situación de violencia de un NNA, tienen la obligación de hacer la denuncia. “El proyecto está desconociendo esta realidad, que parece no existir para la propuesta ya que  solo se centra en la pareja heteroparental de padre y madre, cuando el niño puede vivir con la abuela, por ejemplo, algo que ocurre en muchos casos y ser ésta quien detecta una situación de violencia o es a quien el niño devela la situación de abuso”, apuntó.

Patriarcas

La especialista en derechos de infancia, también explicó que más allá de las presiones que eventualmente puedan ejercer los grupos de varones que impulsan este proyecto de ley, también se debe considerar el sustrato ideológico  que evidencia que hay varones que se sienten desplazados de su autoridad familiar y consideran que hay que restablecer esa cuestión. Si se ve quiénes militan en las redes a favor del proyecto, rápidamente se pueden leer conceptos  tales como ‘hay que terminar con las feminazis’, o hablan de ‘la ideología de género’ y por supuesto, “que se debe derogar la ley de género”. Y en realidad, acá no se trata de defender a las mujeres y sus derechos, sino a los NNA porque también hay madres  que ejercen violencia o explotan sexualmente a sus hijos para obtener un beneficio económico y de aprobarse el proyecto, podrían seguir vinculadas a sus hijas e hijos, aun habiendo sido denunciadas.

Para Deus, el proyecto supone “una regresión en los derechos de la infancia que hoy están vigentes en el Uruguay, supone volver al NNA como un objeto del adulto en disputa y que tiene que resolverse salomónicamente: la mitad para cada uno. También está el rol del defensor del niño en materia judicial, le pauta una cantidad de cuestiones que tiene que hacer, como por ejemplo, presentar un informe al juez. Y ese tampoco es el rol de la defensa del NNA. “El rol de la defensa del NNA es el mismo que tenemos los abogados cuando patrocinamos y asesoramos a un adulto. No hacemos informes, no somos auxiliares de la Justicia. Nuestro rol es defender los intereses de nuestro cliente. Ese es el deber primero de cualquier abogado, en cualquier situación. El interés de nuestro cliente es el que debe primar y defenderse con las mismas herramientas y armas que defendemos a un adulto. Escuchando en primer lugar a nuestro cliente, que en este caso es el NNA. Y no haciendo “informes” porque nuestro rol no es de auxiliar de la justicia sino que nuestra función es asesorar y patrocinar a los NNA en la defensa de sus derechos".

Por último, Deus fustigó que el Parlamento siga adelante con un proyecto que ha sido cuestionado por todas las voces calificadas en materia de derechos de infancia.