"La LUC expresa más represión y mano dura hacia los pobres y libertad económica para los ricos"

Para el economista Bruno Giometti, integrante del Instituto Cuesta Duarte, la LUC sintetiza la visión de país que tiene el gobierno, que implica “ahorro fiscal y pérdida de salarios”, “más represión y mano dura” hacia los pobres, un Estado “más chico desde el punto de vista social” y “libertad económica para los ricos”.

¿Cómo valorás la conducción económica de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y del director de la OPP, Isaac Alfie?

El gobierno ganó diciendo que el Estado se había agrandado mucho, que hubo demasiados gastos y de lo que en campaña llamaron despilfarro. Eso permeó mucho en la gente. También deslizaron aunque no en la campaña electoral, que con los gobiernos del FA los salarios habían crecido mucho y eso perjudicaba el empleo y la competitividad. Y que a los sindicatos “se les iba la mano” pidiendo aumentos. Si bien no lo dijeron explícitamente, creo que el mandato más subjetivo con el que llegó este gobierno era la idea de que había que achicar el Estado. Y también esta idea de achicar el peso de los costos y el salario, que desde su visión, es un costo sobre la competitividad de las empresas y particularmente de la agroindustria y la agroexportación. Eso lo dijeron muy claramente en el 2018 aquellos autoconvocados -que después se llamaron Un Solo Uruguay- que hablaban de las mochilas y una de las que mencionaban era el salario, incluso en el caso del sector rural donde el salario es muy bajo. Eso lo plantearon descarnadamente. Y creo que en gran medida están cumpliendo con su objetivo de achicar el Estado social. Dijeron que iban a recortar 900 millones de dólares pero nunca admitieron que iban a tocar lo social. Y ese recorte era imposible implementarlo sin tocar lo social. Si bajás 900 millones de dólares, tenés que bajar salarios, bajar inversión y jubilaciones. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno.

¿Hasta qué punto realmente dijeron lo que iban a hacer?

Es una discusión permanente. Yo creo que en parte sí lo dijeron al señalar que iban a reducir el costo del Estado. Pero sin explicitar todo lo que eso implicaba. Mucha gente honestamente confió que iban a bajar el costo del Estado sin salarios, jubilaciones y la educación pública.

Si te dicen que van a bajar el despilfarro, es imposible no estar de acuerdo.

Exacto.

Pero si te dicen que te van a bajar los salarios por el bien del sector agroexportador, cambia, ¿no?

Por supuesto. Están aplicando ese programa que es muy negativo para las mayorías, más allá de que hubo quienes creyeron que el país necesitaba bajar el costo del Estado en su rol social y también bajar el peso de los salarios.

¿Cómo hace el presidente para obtener tanta simpatía recortando salarios y jubilaciones?

Desde mi percepción personal, creo que la pandemia favoreció mucho la imagen del gobierno. Una pandemia genera cierta unidad nacional detrás de quien conduce. Y el gobierno fue muy hábil en la comunicación, esa idea de que la pandemia se gestionó muy bien. Y si bien no creo que el gobierno haya hecho todo mal estos años, creo que pudo hacer las cosas de manera distinta, particularmente para que la gente no pasara tan mal. El gobierno convenció a la gran mayoría de la sociedad que sus decisiones eran lo único posible. El gobierno fue muy hábil en convencer a la gente de que las seis mil muertes que tuvimos fueron inevitables. Y que si se tomaban otros caminos, la realidad habría sido mucho peor para todo el mundo. Y esa discusión de alguna forma la perdimos desde la visión de izquierda y desde el movimiento sindical. Mucha gente se solidarizó con el presidente diciendo que le tocó lo peor para su gobierno y que hizo lo que pudo. Y eso generó cierta simpatía.

¿Coincidís en que el gobierno gana por destrozo la disputa en el terreno de la comunicación?

Sí. Y no alcanza defender las posturas con razones, datos, estudio e investigación. Hay que saber comunicar. Y no alcanzan los comunicados de prensa. Por más rigurosos que sean nuestros planteos, tenemos que saber comunicarlos.

¿Cómo crees que incidirá la realidad que vive la gente todos los días -con la rebaja de salarios, jubilaciones y el aumento de precios de combustibles y alimentos- a la hora de recordar que le prometieron los mejores cinco años de sus vidas?

Yo creo que este gobierno incumplió algunas promesas, ocultó información en la campaña y luego se difundieron confusiones intencionales como la de los ‘violadores sueltos’. Las 800.000 firmas fueron algo heroico que logró el movimiento popular y quedará en la historia grande más allá del resultado del 27 de marzo, y eso posibilitó que se pudiera conocer de manera más pública de qué se trataba la LUC porque nadie conocía el texto. Y las consignas no implican el contenido. Cualquiera está de acuerdo con la premisa que la seguridad sea mejor y que la eficiencia del Estado sea más alta. Pero ¿realmente creemos que se mejora la seguridad con la gente metida más tiempo en las cárceles o permitiendo que la ‘legítima defensa’ alcance no solo a la vida humana sino también a los bienes materiales que se defienden? Nosotros creemos que no. Y hay que hablar de estas cosas pero con información real. Porque está claro que hay mucha gente que está de acuerdo con aumentar las penas o defiende al mercado y dice que los pobres se arreglen como puedan. Nosotros estamos tratando de convencer de lo contrario. Y en este referéndum hay una pugna entre dos viejas concepciones históricas del Uruguay, por un lado la visión más herrerista, del orden en lo político y liberalismo económico; que considera que el sector privado es el que genera la riqueza y el Estado no tiene que hacer mucha cosa. Y, por supuesto, defiende la libertad económica por sobre todas las cosas que -a mi juicio- termina siendo la libertad de los que tienen poder económico. Y por otro lado está la concepción más batllista que hoy está encarnada fundamentalmente en el FA, que considera que el Estado social es muy importante y que la sociedad debe preocuparse por los que están en situación más vulnerable.

También se ha cuestionado la forma de legislar y gobernar con una mega ley de 500 artículos en tiempos de urgencia.

Claramente, y también se incluyeron cosas que por el apuro quedaron mal redactadas. Esto de los cuatro años de prisión mínima para el microtráfico de droga cuando la prisión mínima para el homicidio intencional es de dos años. Eso es algo que incluso muchos legisladores del gobierno han dicho que habrá que corregirlo. No se explayan mucho porque no quieren decir que eso quedó mal pero es bastante obvio que es un disparate que a una mujer por entrar 10 gramos de droga a una cárcel le den cuatro años de mínima y a alguien que comete un homicidio le den dos. Parece claro que no se puede gobernar a las apuradas.

¿Cómo se explica que un gobierno se jacte de haber ahorrado US$ 600 millones durante una pandemia, mientras más de 100.000 personas comían en ollas populares?

Tiene que ver con esa idea de que lograron instalar que el Estado gastaba mucho. Y la insistencia con el ahorro como respuesta al supuesto despilfarro. Mucha gente tiene la visión de que si el Estado se achica, algún día le van a bajar los impuestos. Y lo que sucede con este gobierno es que -a lo sumo- les ha bajado algunos impuestos a los ricos, pero no a los trabajadores. Además, el gobierno dice que le fue tan bien en la gestión sanitaria que no tuvo que gastar tanto. Eso también tiene que ver con que lograron convencer a mucha gente de que habían gestionado muy bien la pandemia y en materia económica y social es bastante discutible. Pero en su discurso, lograron convencer a mucha gente que era mejor ahorrar y que era inevitable que aumentara la pobreza. Aunque eso implicara a 100.000 personas.

En esa confrontación de visiones, surgieron fuertes embates desde el gobierno contra la Universidad de la República, las y los investigadores, los sindicatos, la cultura. ¿Creés que eso es parte del proceso para poder instalar esa visión?

Sí, claramente. Por un lado hay un ataque presupuestal que es a largo plazo. Con rebajas y recortes que se han implementado. Y después un ataque discursivo en el que se puede visualizar como exponente de mayor agresividad a la senadora Graciela Bianchi. Ella cuando habla de la UdelaR siempre insiste y remarca que está “infiltrada”. Utiliza ese término para decir que la Universidad adoctrina a la gente. Yo creo que eso no tiene pies ni cabeza, pero hay mucha gente que lo piensa. Los universitarios, los académicos, los docentes, los investigadores tienen una visión del mundo, algunos más progresistas, otros más liberal. Obviamente hay distintas miradas. Pero decir que en la principal casa de estudios -que es la que genera la mayoría del conocimiento en Uruguay- se adoctrina la gente, es un disparate. Pero la senadora ha logrado erosionar un poco y convencer a unos pocos. Y eso ya es preocupante porque en el fondo lo que se busca es desacreditar a la academia y la generación de conocimiento.

Más allá de que el presidente Lacalle es muy cordial con la gente, el gobierno tiene fuertes representantes que mandan callar a los gritos a legisladores y descalifican al barrer a la Universidad, la cultura, los sindicatos y a todo el que no piense como el gobierno. ¿Cuánto puede afectar la construcción futura? ¿No hay riesgo de ingresar en una escalada y hasta cierto revanchismo cuando cambie el signo político del gobierno?

Eso es muy preocupante y deberíamos hablar más de ello. Soy de los que cree de que hay diferencias de clase en la sociedad, de intereses, que existen objetivamente. No soy de la idea de que no hay ideología. Yo creo que hay diferencias de clase, diferencias ideológicas que no es lo mismo el FA que el Partido Nacional, que el movimiento sindical, si bien tiene independencia política, tiene una base ideológica en la que construye su accionar y sus planteos. Pero creo que no está bueno traspasar eso a la agresión personal, a la falta de respeto y a la provocación que es lo que a veces se ve. Capaz que hay algo de ello de los dos lados, tampoco voy a decir que en la izquierda y en el movimiento sindical somos todos puros y nunca se nos va la mano con nada. Pero sí creo que algunos actores del gobierno están obsesionados con esta forma de actuar muy agresiva y virulenta, que raya a veces las agresiones personales y que atribuye mala intención a lo que hacen los otros. Y no se trata de militantes de las redes sociales sino de figuras muy relevantes del gobierno. Y no es solamente la senadora Bianchi. Hay actores de Cabildo Abierto que expresan un anticomunismo muy explícito. Y eso no está bueno. Creo que lo mejor es poder discutir las diferencias -que son de fondo, de intereses, de visiones ideológicas sobre el rumbo que tiene que tener la sociedad-, pero en el marco de respeto y tratando de hacer un análisis de lo más riguroso posible, sabiendo que hay cuestiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sin traspasar límites.

¿Creés que más allá del resultado del referéndum, inmediatamente se vendrá la reforma de la seguridad social y el aumento de la edad del retiro para jubilarse?

Todo indica que sí. Hay una comisión de expertos que se reunió, que funcionó y que elaboró un informe que salió por mayoría. Es comprensible que el gobierno lo haya congelado porque es un tema muy delicado para plantearlo antes del referéndum. Seguramente después van a tratar de seguir con su agenda porque pensemos que no queda tanto tiempo de gobierno como para impulsar temas pesados porque a mediados del 2023 arrancará la campaña electoral. Creo que este gobierno sabe que está haciendo muchas cosas que no son desde el punto de vista económico simpáticas y tolerables para un sector grande de la población y es esperable que para el final de gobierno traten de aflojar un poco la cincha a los trabajadores. También creo que el resultado del referéndum condicionará el futuro inmediato. Si el gobierno gana con una diferencia muy grande, se va a sentir con la libertad de decir que la gente lo apoya en todo y dirá que puede impulsar la reforma tal cual está planteada en la comisión de expertos, que esencialmente lo que hace es rebajar jubilaciones y subir la edad jubilatoria sin tocar la Caja Militar ni las AFAP, que son como los dos grandes agujeros negros que quedan. Y si el resultado es más parejo -ni hablar si gana el Sí-, tendrán que ver cómo encaran el tema, porque podrán percibir que hay mucha gente que no está de acuerdo con las orientaciones que está llevando el gobierno. Más allá de que el referéndum es sobre los 135 artículos, está claro que también tiene que ver con la gestión y la orientación del gobierno. Y naturalmente vendrá un año pesado en cuanto a distintas discusiones sobre algunos cambios que pretenden en el sistema de relaciones laborales.

¿Será en tono de amenaza? Te lo pregunto porque a veces se puede leer una suerte de advertencia más o menos velada del estilo “ahora vamos a por ellos” en relación a los sindicatos.

Por más que mucha gente pueda tener una visión y posturas muy agresivas hacia los sindicatos, creo que hoy nadie discute que los salarios se tienen que negociar de forma colectiva. Y que es importante que no se retroceda en materia de relaciones laborales. Yo creo que la LUC expresa este modelo de gobierno de orden -desde el punto de vista político- más seguridad, más represión, más mano dura y un Estado más chico desde el punto de vista social. Y libertad económica, pero para los ricos. El que quiere tener un maletín con 100.000 dólares y comprar una casa con eso sabe que nadie le va a preguntar de dónde sacó ese dinero. El que quiera poner algo en alquiler y después sacar a los tres días al otro, lo podrá hacer. Es una libertad económica en el sentido puro y duro del liberalismo. Y eso se complementa con la visión de la política económica de la OPP de rebajar salario para relanzar la actividad económica y que algún día se reparta la torta. Achicar el Estado y generar libertad económica para que las empresas -que dicen que son las que generan la riqueza- puedan emprender y generar más riqueza. Ese es el discurso y si el gobierno triunfa en el Sí, esa visión tomará más vuelo. Y eso será complicado.