La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, ante el primer informe respecto al proceso de revisión de la Transformación Curricular Integral, declara:

1. El reciente Informe sobre la primera fase de revisión de la Transformación Curricular Integral (TCI), cuyo resultado primario es producto de una serie de consultas realizadas al gremio docente, marca un punto de inflexión en la disputa por el sentido de la Educación Pública uruguaya, en tanto el documento contiene un avance político de enorme trascendencia: el inicio del desmontaje del marco competencial como eje transversal del currículo y, con ello, la posibilidad de recuperar la centralidad del conocimiento como aspecto profundamente democrático.
2. La TCI —heredera directa de la agenda impulsada por Eduy21 (ahora Ágora) y por los organismos financieros internacionales— no fue una propuesta pedagógica neutra, sino la traducción local de un modelo de gobierno educativo global, funcional al capital, centrado en la medición de resultados, la estandarización de desempeños individuales y la subordinación del trabajo docente a parámetros tecnocráticos de eficacia y eficiencia.
3. El discurso de las competencias y las progresiones de aprendizaje disolvió la historicidad del conocimiento y lo redujo a destreza utilitaria. Su racionalidad liberal transformó la educación en un dispositivo de adaptación y la docencia a la aplicación de “contenidos” estandarizados y gestión de resultados. Detrás de la retórica de la innovación y la flexibilidad se impuso una pedagogía del mercado, que responsabiliza al individuo ante los parámetros de éxito o fracaso, y que anula la discusión sobre las desigualdades materiales de origen y de fondo, promoviendo, entre otras cosas, el deterioro de la institución educativa y la alarmante inasistencia estudiantil.
4. Proponer una política educativa basada en contenidos, reconoce —aunque sin decirlo abiertamente— la necesidad de revertir esa lógica. La reaparición del conocimiento como núcleo central de la enseñanza no es un detalle técnico o didáctico, sino una afirmación política: el conocimiento, como producción cultural, democrática y democratizante, vuelve a ocupar su lugar frente a las prescripciones del mercado. Y con ello, se restituye también la autonomía pedagógica y la libertad de cátedra del docente como sujeto político del acto educativo.
5. La lógica del enfoque competencial, impulsado por la OCDE, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales desde los años 80, fue alinear la educación con las demandas del mercado laboral, reemplazando la formación integral por la “empleabilidad”, y el conocimiento por el rendimiento. No representó un avance pedagógico, sino la internalización del paradigma empresarial en la escuela, donde el conocimiento se convierte en instrumento de adaptación y la escuela en un laboratorio de productividad individual. Los contenidos y las asignaturas, en cambio, expresan una concepción de la educación como derecho, como acceso a la cultura y como condición de igualdad.
6. En síntesis, la superación del marco competencial implica recuperar el carácter político de la educación y afirmar su carácter público. Significa volver a discutir las condiciones materiales que hacen posible enseñar y aprender, y reconocer que el trabajo docente no puede reducirse a la gestión de desempeños. Supone también colocar en el centro del debate la dimensión económica: sin presupuesto no hay democratización del conocimiento posible.
7. Por esto, nuestra Federación, que durante sus últimos cuarenta años desde la reconstitución post dictadura denunció y resistió históricamente estos embates, sostiene que el desafío actual consiste en avanzar hacia un presupuesto educativo que garantice las condiciones materiales del trabajo docente y del derecho al conocimiento.

En este marco, nuestra organización reafirma que la histórica reivindicación del 6+1% del PBI para ANEP y Udelar no es una cifra técnica: es la expresión de un proyecto de país que concibe la educación como bien público, instrumento de justicia social y condición indispensable de soberanía.