Jorge Ramada, referente de la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, explicó que el ambiente es el resultado de la interacción de la sociedad y que su deterioro responde fundamentalmente al modelo de producción dominante. “El ambiente es una responsabilidad colectiva de la sociedad, pero fundamentalmente de los dueños de los medios de producción, que son quienes generan el modelo. En algunos temas la sociedad en general puede tener más responsabilidad, como por ejemplo en el manejo de residuos, pero el problema de fondo es el modelo productivo. Es inherente a la generación de residuos, al daño a la salud, al deterioro del ambiente y a la contaminación del agua. Todo eso va de la mano”, afirmó al Portal del PIT-CNT.

Según Ramada, el modelo basado en la sobreproducción y en el incremento permanente de las ganancias genera una “cantidad excesiva de bienes que terminan convirtiéndose en desperdicios”.

“El modelo de producir cada vez más para aumentar la ganancia genera exceso de bienes que luego se transforman en residuos o impulsa formas de producción donde una parte importante termina siendo desperdiciada. Un ejemplo es todo el sistema de ventas por internet, donde desde el último confín del mundo te mandan un destornillador envuelto en un paquete que tiene más envoltorio que producto. Pero también está el modelo de intensificación de la producción agropecuaria, con el uso creciente de productos químicos que terminan degradando los suelos, el agua y la salud, que es lo más importante”, señaló.

Asimismo, consideró que el consumismo ha instalado una “fiebre por tener cosas”, muchas veces innecesarias. “El consumismo ha generado una fiebre por tener cosas, la mitad de las cuales capaz que son inútiles y la otra mitad ni siquiera las usás. Eso está determinado porque el pensamiento dominante en una sociedad es el pensamiento de la clase dominante, y a la clase dominante le interesa instalar ese pensamiento porque es lo que le permite seguir produciendo”.

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Jorge Ramada

Consultado sobre cómo comenzar a revertir esta situación, Ramada explicó que uno de los objetivos de la Proclamación es profundizar la discusión ambiental dentro del movimiento sindical. “Uno de los objetivos es interiorizar estos temas en los sindicatos, aumentar la comprensión y el compromiso de los trabajadores para relacionarlos con el conjunto del modelo productivo. Ese es uno de los debes que tenemos. Es real que los sindicatos enfrentan tantos problemas que a veces no pueden hacerse cargo de todo, pero para nosotros es importante que se vaya creciendo en la toma de conciencia y, a partir de ahí, plantear alternativas”.

En ese sentido, sostuvo que una de las tareas actuales del movimiento sindical es precisamente construir alternativas. “Si este modelo no funciona, hay que buscar otro. Hay que discutir la limitación del consumo y entender fenómenos como la obsolescencia programada, que se debate en Estados Unidos desde la década de 1940, producir cosas que duran cada vez menos para que las tires y tengas que comprar otras”.

También planteó la necesidad de “cuestionar” el modelo del agronegocio y promover otras formas de producción.

“Hay que discutir el modelo del agronegocio y contraponerle alternativas. Uno de los puntos fuertes en los que estamos trabajando es la agroecología. La agroecología es una solución y una alternativa válida. En Brasil se produce arroz libre de agroquímicos con niveles de rendimiento y calidad equivalentes a los que se obtienen aquí. En Uruguay existen grupos agroecológicos que trabajan en esa dirección, aunque todavía son limitados. Además, hay una ley de agroecología, pero prácticamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no la impulsa. No hay recursos suficientes y el Ministerio sigue apostando al productivismo porque es lo que permite exportar y obtener divisas”, dijo. A su juicio, esas divisas terminan fortaleciendo a los sectores más poderosos.

“La realidad es que con el tiempo sigue creciendo la desigualdad y la acumulación de riqueza en menos manos”, expresó Ramada.

Asimismo, consideró que “todo ese modelo debe ser cuestionado” y que la producción de alimentos debería tener como prioridad alimentar a la población. “Hay que poner el acento en que lo primero, en todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, es alimentar a nuestra gente. Es una vergüenza que siga habiendo personas pasando hambre cuando tenemos alimentos para cerca de 30 millones de personas”. 

En esa línea, destacó la importancia de fortalecer experiencias comunitarias y de producción local. “Es importante ayudar a empoderar a los grupos que se forman en distintos lugares, generar huertas orgánicas para alimentar a determinados sectores de la población, promover que ellos mismos produzcan sus alimentos y que desarrollen mecanismos de intercambio. Son medidas a pequeña escala, pero hoy las grandes escalas están dominadas por los grandes capitales”.

Para Ramada, el desafío es construir un modelo basado en trabajadores y productores organizados. “Se trata de pelear por un modelo donde la base sean los grupos de trabajadores o productores organizados y no los grandes capitales, los grandes monocultivos ni las grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos. Terminamos volviendo a la vieja consigna de la reforma agraria y a la tradición artiguista”.

Agregó que el actual proceso de acumulación de capital provoca una creciente concentración de la tierra y la expulsión de población rural. “Cada vez tenemos menos población rural y más concentración en las ciudades. Eso genera nuevos problemas, más desperdicios, más contaminación, problemas de tránsito y otros fenómenos que vemos todos los días. Todo está relacionado. No podemos dejar de verlo como un todo”.

Por ello, remarcó la importancia de que los trabajadores coordinen acciones con otros actores sociales. “Desde la Comisión de Ambiente coordinamos con investigadores de la Universidad de la República, con la Sociedad de Medicina Familiar, con organizaciones vinculadas a la agroecología y con redes como Amigos de la Tierra. Son espacios que comenzaron a articularse a partir del Congreso del Pueblo, una experiencia que quedó relegada y que deberíamos pensar si no es necesario retomar, o generar algo similar”.

Según sostuvo, esa articulación permitiría construir respuestas frente al modelo agroexportador predominante. “Necesitamos una respuesta unificada frente al crecimiento de este modelo agroexportador, excluyente y patriarcal que hoy predomina”.

Respecto a la gestión de residuos, Ramada fue especialmente crítico con la situación de varios vertederos del interior del país. “Hay vertederos que son dantescos. Conozco los de Tacuarembó y Salto, y me han hablado de otros. Son una vergüenza. Son montañas de basura donde conviven familias, ratas y cerdos, mientras los residuos siguen acumulándose. Eso no se ha terminado porque ha faltado voluntad política”.

Recordó que Uruguay cuenta desde 2019 con una ley de residuos que establece que el problema debe abordarse como una política pública. “Lo primero que se hizo en 2020 fue devolverle el manejo a los privados. La ley establece que determinadas corrientes de residuos deben ser gestionadas por quienes las generan, algo razonable en casos como neumáticos, baterías o residuos electrónicos. Pero los envases, que constituyen una parte central del problema, requieren una intervención estatal mucho más fuerte”.

Afirmó que el Estado dispone de herramientas para impulsar soluciones más profundas. “El Estado puede aplicar impuestos a los generadores para gestionar mejor los residuos, incluir a quienes viven de esa actividad y terminar con los vertederos a cielo abierto. Pero terminar con ellos no significa simplemente cerrarlos y abandonar a la gente que trabaja allí, sino desarrollar formas de producción vinculadas al reciclaje”.

En su opinión, la lógica actual perpetúa la exclusión social. “No se trata solamente de clasificar residuos para que después algún depósito los compre al precio que quiera. Se necesita otra política, otra concepción, que estaba en la base de la ley de residuos pero que nunca se asumió plenamente”.

También cuestionó el funcionamiento del “Plan Vale” impulsado por la Cámara de Industrias. “Como gran logro anunciaron que generarían 40 puestos de trabajo nuevos este año y, al mismo tiempo, han conseguido postergar varias veces las metas de recuperación de residuos. Prometen, buscan inversiones, reclaman beneficios, pero avanzan muy lentamente”, dijo.

Para Ramada, se trata de un problema grave que requiere medidas drásticas. “Mientras tanto siguen sufriendo quienes viven de la basura. Hay gente que todavía come de la basura. En Montevideo la situación es algo mejor y existe la intención de transformar el vertedero en una verdadera planta de clasificación, pero sigue habiendo contradicciones enormes. Toda esa lógica es perversa y perpetúa el modelo”.

Petróleo, hidrógeno verde y militarismo

En relación con la búsqueda de petróleo, Ramada admitió que el PIT-CNT aún no ha debatido el tema en profundidad. “Aquí aparece una contradicción que muchas veces nos complica, los daños ambientales frente a los puestos de trabajo que podrían generarse. Es una discusión que debemos dar”. Sin embargo, manifestó sus reparos. “Este es un gran negocio de las petroleras. ¿Para qué queremos trabajar para el negocio de las petroleras? Si hablamos de descarbonización y de una matriz energética diferente, ¿para qué queremos buscar más petróleo? Además, el petróleo que se busca hoy es cada vez más caro de extraer”.

También advirtió sobre los intereses financieros asociados a estas iniciativas. “Muchas veces detrás de las empresas exploradoras hay fondos de inversión para los cuales la sola firma de contratos de exploración aumenta el valor de sus acciones. Entonces no sabemos si el objetivo es encontrar petróleo o simplemente especular en la bolsa, como ocurrió en su momento con el proyecto Aratirí”. Los daños serían mayores que los beneficios para el país, añadió.

Respecto al hidrógeno verde, valoró una reciente campaña pública de AUTE. “AUTE hizo un spot muy claro porque estas empresas quieren gastar lo menos posible y ganar lo máximo posible. Están reclamando subsidios y tarifas especiales de UTE, lo que inevitablemente repercute en lo que pagamos todos”.

A su entender, el modelo reproduce una lógica extractiva. “Es el mismo esquema, venir a utilizar nuestra agua, nuestro aire y nuestro sol para producir algo que se va del país y que termina sirviendo a grandes empresas y grandes navieras”.

Asimismo, cuestionó las contradicciones de ciertos discursos ambientales. “Vienen consultores europeos a enseñarnos cómo cuidar el ambiente desde países que están recortando gasto social para aumentar el gasto militar. Nadie pone esa contradicción sobre la mesa”.

Para Ramada, el militarismo constituye uno de los principales problemas contemporáneos. “El incremento del militarismo es uno de los grandes problemas del mundo y también del ambiente. La industria armamentística es una de las más poderosas y rentables del planeta. Le interesa seguir produciendo y que las armas se destruyan cuanto antes para producir más. Esa es una lógica profundamente perversa”.

No obstante, aclaró que no rechaza todas las experiencias vinculadas al hidrógeno verde. “Es posible pensar en proyectos de hidrógeno verde con impacto local. Existe una experiencia en Fray Bentos, impulsada por Montes del Plata, que produce cantidades moderadas para abastecer una flota de camiones destinada al transporte de troncos. Aunque esté vinculada al negocio forestal, muestra que pueden desarrollarse formas de energía más limpias para impulsar actividades productivas en el país. Eso sí vale la pena pensarlo”.

Ramada informó que distintas organizaciones ambientales participan actualmente en el denominado “Grupo Salud”, un espacio de coordinación impulsado por el subsecretario de Salud Pública.

“Estamos trabajando en el ‘Grupo Salud’, donde coordinan acciones organizaciones vinculadas al ambiente. El objetivo es colocar en primer plano el impacto que tiene el modelo productivo sobre la salud, especialmente en relación con el uso de agroquímicos”.

Explicó que uno de los problemas es la dificultad para detectar y registrar adecuadamente los efectos de la exposición a esos productos.

“Muchas veces los efectos son invisibles. Hay trabajadores que no reciben diagnósticos adecuados, no existe un seguimiento sistemático de su historia clínica en relación con la exposición a estos productos y, además, cuando se sienten mal prefieren no decir nada porque temen perder el empleo y no tienen otra alternativa”, sentenció.

Según indicó, el grupo pretende avanzar en investigaciones concretas sobre determinadas zonas del país. “Es un tema serio. Lo estamos discutiendo y tenemos la intención de desarrollar algún trabajo específico en una zona determinada para profundizar el estudio de estos impactos. Ese grupo también emitió recientemente una declaración sobre el tema”.

“Si este modelo no funciona, hay que buscar otro”

La Comisión de Ambiente del PIT-CNT emitió una declaración en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora este 5 de junio, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972 para sensibilizar a la población mundial y movilizar a los gobiernos en la protección de los ecosistemas.

En el documento, se sostiene que el ambiente es el resultado de la interacción entre la sociedad y la naturaleza que la sustenta, una condición que determina la calidad y la posibilidad misma de la vida. Sin embargo, advierte que ni los beneficios ni los perjuicios derivados de los usos productivos del ambiente se distribuyen de forma equitativa dentro de la sociedad.

Según la Comisión, el modelo productivo predominante permite que pequeños grupos utilicen los recursos naturales para obtener ganancias que se apropian privadamente, mientras los costos ambientales son soportados por el conjunto de la población. “Por eso, esto no es solo ambiente. Es una disputa por nuestros territorios y recursos naturales, por quién decide y para quién se produce”, afirma la declaración.

El texto señala que el actual modelo genera residuos, contaminación y pérdida de biodiversidad, afectando procesos fundamentales como “el ciclo del agua, la regulación de la temperatura y la protección de los suelos”. También alerta sobre los efectos del “uso intensivo de agroquímicos en la salud de los trabajadores y de las comunidades cercanas”.

La Comisión sostiene además que la expansión de monocultivos industriales y otras actividades agropecuarias reduce la disponibilidad de agua para consumo humano y encarece su potabilización. “Ganancias privadas, daños ambientales socializados”, resume el documento al referirse a los costos que termina asumiendo la sociedad.

La declaración también vincula el modelo productivo con las dificultades de acceso a la alimentación. Si bien Uruguay alcanza altos niveles de producción para la exportación de arroz, soja, carne y leche, recuerda que el 13,2% de los hogares presenta inseguridad alimentaria moderada o grave, según datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud Pública correspondientes a 2025. Las situaciones más críticas se registran en hogares con niños pequeños, menores de 18 años y en los sectores de menores ingresos.

Frente a esta realidad, la Comisión de Ambiente plantea la necesidad de construir “alternativas” a un modelo “capitalista, concentrador, excluyente, colonialista y patriarcal”. En ese sentido, destaca el trabajo conjunto con “clasificadores de residuos, trabajadores rurales, investigadores de la Universidad de la República, la Sociedad de Médicos de Familia, la Red de Agroecología y Redes Amigos de la Tierra, entre otros actores”.

“Queda claro entonces que los problemas ambientales no son ajenos a los intereses de clase de los trabajadores y nos convocan a la acción. En este Día Mundial del Medio Ambiente llamamos a los sindicatos a involucrarse en las luchas en defensa del ambiente, levantando el reclamo de ‘mejor ambiente con más trabajo’”, concluye la declaración.

Organizaciones sociales y sindicales reclaman acciones ante exposición a agrotóxicos

Una amplia red de organizaciones sociales, sindicales, académicas y profesionales advirtió sobre el aumento de la “exposición de la población a plaguicidas” y reclamó al Estado “políticas públicas específicas para proteger la salud de trabajadores, comunidades rurales y consumidores”.

La declaración fue suscrita por la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), el Núcleo Interdisciplinario de Agua y Salud en Uruguay, el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ, el Núcleo de Investigadores de la Universidad de la República, RAPAL-Uruguay, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Grupos de Mujeres Rurales, la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, REDES-Amigos de la Tierra y la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria.

Las organizaciones señalaron que en las últimas décadas Uruguay experimentó una fuerte expansión de la producción agroindustrial, tanto agrícola como forestal, acompañada por un incremento en la intensidad del uso de fertilizantes y plaguicidas. Según advierten, este proceso “ha profundizado la exposición de la población a los agrotóxicos, especialmente entre trabajadores y trabajadoras vinculados a las actividades agropecuarias y forestales, así como en las comunidades ubicadas en zonas de alta intensidad productiva”.

El documento sostiene que, si bien existen abundantes antecedentes internacionales sobre los efectos nocivos de los plaguicidas para la salud humana y el ambiente, en Uruguay la información disponible sobre los niveles de exposición y sus consecuencias sanitarias sigue siendo “fragmentaria y escasa”.

En ese sentido, las organizaciones cuestionan la “ausencia de una política pública proactiva orientada a garantizar el derecho a la salud de las personas expuestas a estas sustancias”. Explican que la exposición puede producirse de forma directa -en quienes trabajan con estos productos o residen en áreas rurales- o indirectamente, a través de residuos presentes en los alimentos, la bioacumulación en peces y ganado destinados al consumo humano, o por la dispersión de contaminantes en el aire y las fuentes de agua.

Asimismo, alertan que la exposición a agrotóxicos puede “generar efectos agudos y crónicos sobre la salud, cuya gravedad depende de factores como la edad, el género, la frecuencia de exposición y la existencia de otras condiciones de vulnerabilidad”. Entre los grupos más afectados identifican a niños y niñas, mujeres embarazadas y trabajadores con mayor tiempo e intensidad de contacto con estas sustancias.

Las organizaciones sostienen que esta problemática suele hacerse visible únicamente a partir de denuncias de personas directamente afectadas, particularmente en casos que involucran escuelas rurales. Sin embargo, advierten que “muchas veces no existe claridad sobre dónde realizar las denuncias ni qué organismos estatales son responsables de controlar, corregir y sancionar las situaciones detectadas”.

En el caso de los trabajadores, agregan, las denuncias resultan “especialmente difíciles debido al riesgo de represalias por parte de los empleadores”.

A partir de este diagnóstico, las organizaciones exhortaron a sindicatos, movimientos sociales y a la ciudadanía en general a “dar mayor visibilidad al problema” y a exigir “respuestas concretas del Estado para proteger a las poblaciones expuestas”.

Entre las medidas planteadas, reclamaron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que “brinde información clara y sistematizada sobre los principios activos utilizados en los plaguicidas”, así como sobre los volúmenes aplicados, los lugares donde se utilizan y las actividades productivas involucradas. También solicitaron que la Dirección General de Servicios Agrícolas deje de utilizar el término “fitosanitarios”, por considerar que minimiza la percepción de riesgo asociada a estos productos, y reclamaron la “prohibición” de los Plaguicidas Altamente Peligrosos.

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le solicitaron “reforzar los controles y las acciones vinculadas a la seguridad laboral de los trabajadores del sector agropecuario y forestal”.

En tanto, al Ministerio de Salud Pública le reclamaron incorporar en la historia clínica de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud información relativa a la “exposición a agrotóxicos, ya sea por actividad laboral o por lugar de residencia”. También pidieron datos sistematizados sobre “intoxicaciones agudas, afectaciones crónicas eventualmente vinculadas a estos productos y la presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos”.

Además, propusieron implementar sistemas de “monitoreo adaptativo” que permitan analizar prioritariamente las sustancias más utilizadas en cada territorio.

Por otra parte, reclamaron al Ministerio de Ambiente que proporcione información accesible y sistematizada sobre la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, especialmente en las fuentes de agua.

Finalmente, solicitaron a OSE y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) incorporar “estrategias de monitoreo adaptativo” que prioricen y aumenten la frecuencia de análisis de los plaguicidas más utilizados en cada cuenca hidrográfica.

En la declaración, las organizaciones realizaron un llamado a toda la institucionalidad pública a “visibilizar” esta problemática y a desarrollar políticas que permitan proteger a las personas afectadas.

“El objetivo es sacar del desamparo a quienes sufren directamente las consecuencias de la exposición a agrotóxicos y avanzar en acciones que minimicen sus impactos sobre la salud de la población y el ambiente del país”, concluye el documento.