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FOICA reclama mesa nacional sobre industria frigorífica
Frigorífico Casa Blanca suspende actividades y 220 trabajadores irán al seguro de paro
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Martín Cardozo - Foica
Martín Cardozo

El frigorífico Casa Blanca de Paysandú decidió suspender sus actividades, por lo que unos 220 trabajadores serán enviados al seguro de paro. La empresa argumenta que la medida responde al “costo de hacienda”, es decir, al elevado precio del ganado. El presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Martín Cardozo, informó que los trabajadores solicitarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) un subsidio de desempleo por 60 días previendo que la situación se extienda hasta abril. Lamentó la situación crítica que atraviesa el sector frigorífico en general y reclamó que la problemática sea analizada en profundidad por todos los actores involucrados.

El frigorífico Casa Blanca (FRICASA) anunció la suspensión de su faena por aproximadamente un mes, enviando a más de 200 trabajadores al seguro de paro.

La planta ya venía atravesando una situación compleja por su vinculación a Conexión Ganadera, ya que tras su colapso quedó sumergida en una deuda que ascendía a los 25 millones de dólares. Esta situación se produjo en febrero de 2025, cuando la planta cerró y su actividad quedó paralizada durante cinco meses.

Con el correr de los meses el frigorífico fue retomando la actividad de forma paulatina y, en ese proceso, reincorporando trabajadores. Al momento del cierre de la planta en febrero de 2025 había 530 trabajadores. Con el paso del tiempo y con la planta cerrada, 100 empleados se retiraron voluntariamente, quedando una plantilla de 430 obreros. Con ese número se retomaron las actividades.

Posteriormente se reincorporó a 220 trabajadores más, mientras que unos 190 obreros permanecieron en el seguro de desempleo.

En diciembre de 2025 la empresa firmó un convenio con los acreedores que implicó una quita del 62% de la deuda, lo que dejó un saldo de nueve millones de dólares a pagar en un plazo de 12 años.

“Creímos que ese acuerdo significaría un aliento para la empresa y que con el pasar del tiempo iban a retomar a los 190 trabajadores que permanecían en el seguro de paro. Sin embargo, eso no ocurrió”, señaló Cardozo.

Según explicó el dirigente sindical, la empresa planteó la necesidad de despedir a 110 trabajadores de los 190 que permanecían en el seguro y retomar a 80.

“Veníamos negociando las características de los despidos. Hicimos un planteo concreto que era tener en cuenta algunos elementos para el despido, tales como el retiro voluntario, la causal jubilatoria, el vínculo familiar, los contratos más nuevos y trabajadores más jóvenes que tienen posibilidad de ir a otro trabajo. Se venía negociando, sin embargo ahora nos encontramos con esta paralización de las actividades que estimamos se extenderá hasta abril”, explicó. Por ello la situación afectaría a 220 trabajadores. 

“La empresa argumenta que la decisión de paralizar las tareas es por el elevado precio del ganado; sin embargo, para los trabajadores existen diferentes factores que se suman en la industria”, dijo Cardozo al Portal del PIT-CNT.

Más conflictos en el sector

Cardozo señaló que a la situación de Casa Blanca se suma el escenario complejo en Establecimientos Colonia S.A. “En ese caso la empresa resolvió enviar de licencia a los trabajadores. Nosotros la convocamos al Ministerio de Trabajo porque habíamos escuchado informalmente que había otro trasfondo detrás de esa decisión. Nuestra sospecha se confirmó cuando, en esa instancia en el Ministerio, la empresa planteó la necesidad de reestructurar la planta en dos o tres sectores vinculados al salario y el despido de 150 trabajadores”, indicó.

El dirigente sostuvo que la diferencia entre Establecimientos Colonia y Casa Blanca es que el primero pertenece a la multinacional Marfrig, por lo que “la realidad financiera, económica y estructural de la empresa está a años luz de lo que es Casa Blanca”. 

Además, cuestionó el argumento empresarial de falta de eficiencia. “Frigorífico Colonia está entre los seis o siete frigoríficos que más faenan en los últimos 10 o 15 años. Ha tenido altibajos, como otras plantas, pero se ha mantenido”, afirmó.

Recordó que en 2018 los trabajadores estuvieron casi un año en el seguro de paro y debieron aceptar una rebaja salarial como condicionante para retomar el trabajo. Luego, en 2024, el sector de hamburguesas se trasladó al frigorífico Tacuarembó, lo que dejó a 90 trabajadores en una situación incierta.

“De esos 90 trabajadores, unos 50 se retiraron por causal jubilatoria y el resto se redistribuyó dentro de la planta. Ahora la empresa plantea nuevamente una reestructura argumentando falta de eficiencia, pero los datos de la realidad muestran otra cosa, que históricamente se mantiene entre los frigoríficos que más faenan en Uruguay y en 2025 incluso aumentó la faena un 7% respecto a 2024”, afirmó.

Cardozo también mencionó la situación del frigorífico Carrasco, perteneciente a la multinacional Minerva Foods. “Estamos en el quinto mes de seguro de paro y todo hace pensar que vienen con el mismo mecanismo que aplicó esta multinacional en el frigorífico PUL en 2018, cuando una de las condicionantes para volver a trabajar fue el despido de 90 trabajadores”, advirtió.

Asimismo, recordó el caso del frigorífico Canelones, cuyos trabajadores permanecieron un año y medio en el seguro de paro y debieron aceptar una rebaja salarial de más del 20% para retomar la actividad.

“Recientemente tenemos el caso de BPU Meat, que también planteó como condicionante para volver a trabajar una rebaja de salario. Es un sistema que las multinacionales aplican en distintas plantas y que tienen bien aceitado”, afirmó.

Mesa nacional sobre la industria frigorífica

Cardozo señaló que la situación preocupa al sindicato desde hace tiempo y que ya se lo plantearon al ministro de Trabajo, Juan Castillo.

“Ir al Ministerio de Trabajo es poner una curita, porque es citar a las empresas, negociar despidos y pedir extensiones de seguro de paro”, sostuvo. Por ese motivo, la FOICA solicitó al gobierno instalar una mesa de negociación más amplia para discutir el futuro de la industria frigorífica.

“Queremos saber qué industria quieren y hacia dónde vamos. Acá también tienen que participar los ministerios de Industria, y de Ganadería y los actores políticos”, señaló.

El dirigente sindical recordó que en 2025 Uruguay recibió 13.500 millones de dólares por exportaciones, concentradas principalmente en cuatro rubros: carne, celulosa, soja y productos lácteos. “La carne fue el principal producto de exportación y siempre está en el primer o segundo lugar. Es un sector muy importante para la economía nacional”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que los trabajadores observan una serie de mecanismos que afectan el empleo, como la “rotación de plantas de las multinacionales, la importación de carne y la exportación de ganado en pie”.

Sobre este último punto, recordó la reciente polémica generada cuando el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, decidió suspender la exportación de ganado en pie para faena, medida que posteriormente fue revertida. “Los productores activaron una caja de resonancia y un lobby que terminó con el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, declarando en contra de otro integrante del propio Ejecutivo”, sostuvo.

Cardozo también cuestionó el impacto de la importación de carne. Recordó que originalmente se justificó para abaratar precios al consumidor, pero considera que el mecanismo se desvirtuó.

“Antes había frigoríficos vinculados al mercado interno, como Schneck o Cativelli, que faenaban animales nacionales y destinaban cortes al mercado interno o al proceso continuo para embutidos. Esas empresas empezaron a importar carne para hamburguesas, panchos y otros productos, pero no se ve la consecuencia en el precio, porque siguen valiendo lo mismo o más que hace tres o cuatro años”, afirmó.

Según el dirigente, la carne importada suele ser más barata y de menor calidad que la nacional, pero el beneficio no se traslada al consumidor. “El beneficio fue para las empresas, que redujeron costos, aumentaron su ganancia y eso terminó en el cierre de frigoríficos”, sostuvo.

En ese marco, insistió en que el debate debe involucrar a todos los actores. “La industria frigorífica tiene cuestiones transversales, no solo económicas, sino también sociales y políticas”, afirmó.

También cuestionó que el subsidio por desempleo sea financiado con recursos públicos. “Hay una confusión de términos. El Estado es una cosa y el gobierno es otra. No es el BPS el que paga los seguros de paro, sino Rentas Generales, que transfiere al BPS, y esos ingresos provienen de los impuestos de los trabajadores y de la población”, señaló.

Para el dirigente sindical, el silencio sobre el tema es preocupante. “Nadie quiere hablar del tema. Ir al Ministerio de Trabajo es tan solo poner una curita en una gran herida. Se discuten los despidos, se piden extensiones de seguro, pero hay cuestiones más profundas como por ejemplo qué industria queremos”, afirmó.

Finalmente, planteó interrogantes sobre el proceso de concentración del sector. “Hay 26 frigoríficos habilitados para trabajar, 18 habilitados para exportar, pero la concentración está en cinco frigoríficos que hoy manejan más del 50% de la producción. Nos gustaría saber hacia dónde se apunta”, puntualizó Cardozo.