AFUL comparte la necesidad de asegurar al INALE un financiamiento "suficiente, estable y permanente". 

Según explica el comunicado, "el Instituto cumple una función importante para la cadena láctea y no debería depender de soluciones transitorias. El problema es que el camino elegido atiende esa necesidad retirando recursos de otra institución que también trabaja para la producción, la calidad y la inserción internacional del país".

Agrega que "la fundamentación presentada por el Poder Ejecutivo explica y cuantifica las necesidades del INALE, pero no contiene una evaluación equivalente sobre las consecuencias para el LATU. No se informa qué servicios, inversiones, proyectos o capacidades podrían verse afectados, ni se analiza el impacto sobre el trabajo y el conocimiento técnico acumulado por la institución. Tampoco se explica cómo continuará el LATU cumpliendo sus responsabilidades con menores ingresos. No se trata de una discusión abstracta ni exclusivamente administrativa. El LATU realiza certificaciones, ensayos, controles metrológicos, investigación aplicada, transferencia tecnológica y actividades vinculadas con la inocuidad y la calidad de los productos. Estas capacidades sostienen a empresas exportadoras, pequeñas industrias y organismos públicos, y son construidas durante años mediante infraestructura especializada y equipos de trabajadores con formación y experiencia. En la propia cadena láctea existen ejemplos concretos de colaboración entre el LATU, Latitud, el INALE, el MGAP, el MIEM, productores, industrias y centros académicos. La Red Tecnológica de la Cadena Láctea, las investigaciones sobre contaminantes y vitamina B12, y el sistema de certificación de la quesería artesanal muestran que las instituciones no se sustituyen entre sí: cumplen funciones diferentes y complementarias. Por eso, enfrentar al LATU con el INALE conduce a una falsa elección. La lechería necesita un INALE fuerte, pero también necesita las capacidades científicas, tecnológicas, metrológicas y humanas del LATU. Financiar una institución debilitando otra no constituye una solución completa para el sector ni para el país", afirma.

"Esta medida tampoco puede considerarse aisladamente. Se incorpora a un proceso de reducción de distintas fuentes de ingresos del Laboratorio registrado durante los últimos años. Aplicar un nuevo recorte sin una evaluación integral aumenta la incertidumbre sobre la continuidad de servicios, inversiones y puestos de trabajo. Sin información suficiente, tampoco puede descartarse que parte de los costos actualmente absorbidos o bonificados por el LATU termine trasladándose a las empresas y a los sectores productivos".

AFUL solicita al Poder Ejecutivo y al Parlamento que revisen el artículo 346 y construyan una alternativa que asegure el financiamiento permanente del INALE sin reducir los recursos necesarios para el funcionamiento del LATU. 

"Si se mantiene la reasignación prevista, deberá establecerse una compensación equivalente, acompañada por garantías expresas sobre la continuidad de los servicios, las capacidades técnicas y los puestos de trabajo. También reclamamos una instancia de diálogo con participación del MEF, el MIEM, el MGAP, el LATU, el INALE y los trabajadores, así como la elaboración de un estudio de impacto económico, operativo y laboral antes de adoptar una decisión definitiva".

Por último, AFUL señala que "la defensa del LATU no es solamente la defensa de quienes trabajamos en la institución. Es la defensa del conocimiento nacional, del trabajo calificado y de una infraestructura tecnológica construida por el país para apoyar su producción, su salud, su ambiente y su soberanía".