Rechazamos enfáticamente la instauración de un modelo autocrático que pretende centralizar el poder absoluto en un Director General. Desde O.Fu.Ci.Pe. sostenemos que la gestión del sistema penitenciario no puede quedar sujeta al arbitrio de una sola persona.

Exigimos la creación de un Directorio Colegiado de cinco integrantes, garantizando por ley que uno de ellos sea un representante de los trabajadores, elegido democráticamente por sus pares. La conducción del I.N.R. requiere idoneidad y control social, no una estructura de mando cerrada y politizada.

Tras esta presentación, queda al descubierto que el Ministerio del Interior profundiza una política de segregación, consolidando la existencia de funcionarios de "clase A" y "clase B", donde los funcionarios del Escalafón “L” pueden salir en pase en comisión, y los del Escalafón “S” no, argumentando que los Operadores Penitenciarios son un escalafón especializado en seguridad, ¿y los Policías? ¿ellos no son especializados para la seguridad?. Esta arbitrariedad no solo fractura al sistema, sino que premia la lealtad política por encima de la carrera administrativa y el sacrificio de quienes están en la primera línea.

Esta administración persiste en una práctica sistemática de vulneración de derechos, clausurando los canales de diálogo real y excluyendo la voz de los trabajadores en las transformaciones que definen su vida laboral. No aceptaremos ser convidados de piedra en la destrucción de nuestro futuro.

O.Fu.Ci.Pe. se declara en estado de alerta y movilización. Seguiremos en la lucha, de pie y con la firmeza necesaria ante estos reiterados atropellos. Si no hay negociación real, habrá conflicto.