La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) expresó su preocupación por las restricciones presupuestales previstas en la Rendición de Cuentas y reclamó una mayor inversión para atender necesidades del sistema educativo, entre ellas “infraestructura, reducción del número de estudiantes por grupo, creación de cargos y fortalecimiento de las políticas de acompañamiento”. En ese contexto, los docentes de Secundaria y UTU convocaron a un paro nacional de 24 horas para este jueves y anunciaron nuevas acciones durante el tratamiento parlamentario del Presupuesto. 

El PIT-CNT realizará un paro general parcial el miércoles 10 de junio entre las 9:00 y las 13:00 horas, acompañado de una movilización en Montevideo con delegaciones de todo el país y a rticulación regional junto a la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. En el caso de la educación, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), integrada por gremios de Primaria, Secundaria, UTU, Formación en Educación, UTEC, educación universitaria, educación privada y organizaciones estudiantiles, resolvió parar, en algunos casos, durante 24 horas. FUM-TEP, FENAPES y AFUTU, ya confirmaron que la medida será por 24 horas mientras que otros sindicatos de la enseñanza están definiendo las características de su implementación. La plataforma reivindicativa incluye defensa del empleo, mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, combate a la precarización, una Rendición de Cuentas enfocada en las necesidades populares, mayor presupuesto para la educación pública, avances en seguridad social, un impuesto del 1% al 1% más rico de la población y consignas internacionales vinculadas a la paz y el rechazo a la guerra y al genocidio.

La Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE) rechazaron de plano el convenio firmado entre el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa Nacional, que prevé la incorporación de jóvenes privados de libertad a talleres de capacitación del Ejército Nacional como parte de las políticas de rehabilitación.

El segundo estudio sobre inseguridad alimentaria en el Municipio A reveló que uno de cada diez hogares se encuentra en situación grave, con integrantes que “pasaron hambre durante el último año”. La cifra de 10,5% es cinco veces superior a la media nacional (1,9%) y una vez y media mayor que la de los hogares más pobres del país. Aunque los indicadores mejoraron respecto a 2023, cuando la inseguridad grave alcanzaba el 20%, el informe advierte que “más de una cuarta parte de las familias del Municipio A (27,1%) sigue enfrentando dificultades para acceder a una alimentación suficiente y variada”.