La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar decididamente en la búsqueda de verdad y justicia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Aseguró que conocer el paradero de los detenidos desaparecidos “es un compromiso que, para este Gobierno, no es letra muerta”.
Este miércoles 21 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó en Torre Ejecutiva los avances y lineamientos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, en el marco de un acto que contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi; la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde; la secretaria de Derechos Humanos, Alejandra Spinetti; y la propia Casablanca. También asistieron integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento, representantes del cuerpo diplomático, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Hijos, Abuelas de Plaza de Mayo, y organizaciones civiles, sindicales y culturales.
La iniciativa se enmarca en la conmemoración del “Mes de la Memoria” y en la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay.
Durante su intervención, Casablanca señaló que una de las prioridades del Gobierno es “agotar todas las instancias para alcanzar la verdad sobre los detenidos desaparecidos”. En ese sentido, destacó que se elaboró un plan de acción tras más de 50 reuniones con organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y representantes del ámbito académico.
“Esta Secretaría está para desatar nudos”, afirmó Casablanca, al tiempo que reiteró su compromiso con la verdad y la justicia en relación con los crímenes del terrorismo de Estado. “Estos son compromisos que, para este Gobierno, no son letra muerta. La profundización real de la democracia en Uruguay pasa por la lucha contra la impunidad. Para eso necesitamos el compromiso de todas y todos, y también una voluntad política firme”, remarcó.
Casablanca anunció las principales líneas de acción que se implementarán desde el Ejecutivo. Entre ellas, mencionó “la continuación de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la revisión de las leyes reparatorias para las víctimas del accionar ilegítimo del Estado, el desarrollo de una política nacional de memoria, y la garantía de una mayor fluidez en la tramitación judicial de los casos vinculados a delitos de lesa humanidad”.
También aseguró que su Secretaría trabajará para “eliminar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad sobre posibles lugares de enterramiento; facilitar el acceso a fuentes de inteligencia militar con el fin de agilizar el conocimiento de los archivos de la dictadura; y suprimir de espacios públicos toda referencia a personas, militares o civiles, condenadas por crímenes de lesa humanidad”.
Asimismo, Casablanca anunció que “se incluirán contenidos sobre el pasado reciente en los programas educativos de todos los niveles”.
“Estos son los compromisos de nuestro Gobierno, y los vamos a cumplir. Mienten, estaban ahí”, sentenció, en referencia a los hallazgos de restos humanos en predios militares.
Digitalización de archivos
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, afirmó que el compromiso del Gobierno con la búsqueda de los desaparecidos “es indiscutible” y que se han dado señales claras en ese sentido. Anunció que su cartera retomará el proceso de digitalización de archivos en conjunto con el ámbito académico. Además, informó que se solicitó información sobre personas prófugas, sospechosas de haber cometido este tipo de delitos, que aún perciben haberes del Estado.
En tanto, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, anunció que se reactivó un convenio de 2013 -suspendido en 2020- que permitirá digitalizar el archivo histórico de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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