Estas acciones fueron adoptadas a raíz de gravísimas denuncias de los trabajadores de orden penal, laboral y de derechos humanos con severas restricciones a la libertad en algunos casos y con constatación policial.

Su denuncia penal y su acción civil no son más que un ejemplo de criminalización de la protesta social para debilitar y reprimir la acción colectiva de trabajadoras y trabajadores. En este caso, la empresa debido a nuestras denuncias por graves acusaciones de sus trabajadores, responde con una ofensiva judicial cuyo único objetivo es acallar nuestra voz, agotar nuestros recursos y deslegitimar públicamente a quienes denunciaron sus conductas.

De tal modo, se vulneran derechos con consagración constitucional, como la libertad de expresión y la propia acción sindical y gremial, las previsiones y tutelas previstas en el convenio 87 de la OIT, así como las previsiones de la ley 17940.