El Ámbito Tripartito sobre Migración, integrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el PIT-CNT, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Cámara de Industrias del Uruguay, con el acompañamiento técnico de la Oficina Internacional del Trabajo; renueva su determinación de contribuir a la prevención y erradicación del trabajo forzoso, la trata de personas con fines de explotación laboral, las prácticas abusivas de contratación y todas las formas de explotación y vulneración de derechos en el trabajo.  
Reafirmando su compromiso con la promoción del trabajo decente, el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.  

En este contexto, resulta necesario subrayar que las personas en situación de movilidad están expuestas a mayores riesgos de vulneración de sus derechos cuando concurren, entre otros factores, a las barreras de acceso a la información, el desconocimiento de la normativa vigente en su lugar de destino, las dificultades y desconocimiento de los procesos para la regularización migratoria, la precariedad económica o las limitaciones para acceder a mecanismos de protección. Por ello, reafirmamos la importancia de promover políticas y mecanismos que garanticen información accesible, condiciones de trabajo decente, igualdad de trato y oportunidades, a no discriminación por motivo de nacionalidad o condición migratoria, acceso a la protección social y canales seguros y efectivos de orientación y denuncia.  

El diálogo social constituye una herramienta esencial y fundamental para prevenir la explotación laboral y promover mercados de trabajo más justos, inclusivos y sostenibles. En ese marco, el Ámbito Tripartito sobre Migración reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación entre el gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores para impulsar acciones de prevención, sensibilización, capacitación y articulación institucional, promoviendo prácticas laborales responsables, condiciones de trabajo decente, igualdad de oportunidades y el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Asimismo, renueva su compromiso con la construcción de entornos laborales libres de trabajo forzoso, trata de personas, violencia, discriminación y cualquier otra forma de explotación, garantizando el acceso efectivo a los derechos y consolidar mercados de trabajo inclusivos, seguros y respetuosos de la dignidad humana.