Este miércoles 9 de julio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó por segunda vez al PIT-CNT y a las cámaras empresariales, en el marco del Consejo Superior Tripartito, para discutir las futuras pautas salariales.

La propuesta del Poder Ejecutivo establece tres franjas: la primera abarca a los trabajadores que ganan hasta 38.950 pesos, dirigida a los sectores más sumergidos; la segunda comprende ingresos de 38.951 a 165.228 pesos; y la tercera incluye a quienes perciben desde 165.229 pesos en adelante.

El secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, profesor Sergio Sommaruga, sostuvo que la central sindical está analizando los lineamientos tanto en su contenido como en su concepto, y que ya realizó un balance que identifica componentes positivos y críticos.

“Entre los componentes positivos encontramos que son lineamientos cualitativamente superiores a los que heredamos del gobierno saliente, en las tres rondas que ocurrieron bajo el gobierno de derecha: la octava, la novena y la décima. En esta propuesta del Poder Ejecutivo no hay pérdida salarial, como sí ocurrió en la octava y novena rondas, e incluso en la décima del gobierno saliente”, expresó Sommaruga.

Agregó que, como segundo punto positivo, el movimiento obrero “reconoce que las franjas salariales definidas por el Poder Ejecutivo priorizan los salarios sumergidos, lo cual es una bandera histórica de la lucha sindical, basada en la conciencia de clase y en la solidaridad con quienes están en peores condiciones desde el punto de vista de la valorización de su fuerza de trabajo”.

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Además, subrayó que en tercer lugar “se incorpora un componente de negociación no salarial, con contenidos muy importantes para la vida de las personas, como la salud mental, que es un gran drama nacional que se viene extendiendo y que ahora está recogido en los lineamientos, para que sea parte del proceso de negociación y de la búsqueda de acuerdos entre trabajadores y empresarios. O sea que, en ese sentido, son lineamientos que nosotros consideramos positivos”.

No obstante, Sommaruga advirtió que también existen “críticas o elementos que no cierran de estos lineamientos en el sentido de lograr cumplir con los objetivos que el propio Poder Ejecutivo manifiesta para esta ronda de Consejo Salarial”.

“Esto básicamente tiene que ver con tres elementos”, explicó. “Primero, por la estructura de franjas planteada, hay un conjunto de trabajadores -los que quedaron en la franja 3- a los que no se les incluye crecimiento de salario real ni se les garantiza mecanismos de compensación en caso de que la inflación crezca por encima de la evolución salarial. Es decir, este grupo de trabajadores estaría perdiendo poder de compra de sus salarios”.

Añadió que otro punto crítico es que “el gobierno asegura una equiparación con la inflación recién al cierre de los dos años, en caso de que haya un desfasaje negativo entre salarios e inflación. Esto a nosotros nos preocupa, porque lo que puede pasar es que en el transcurso de esos dos años la inflación crezca más que los salarios y, por lo tanto, se genere pérdida de salario real”.

Respecto al tercer aspecto, el dirigente explicó que “en la propuesta del Poder Ejecutivo no hay mecanismos para consolidar el crecimiento del salario real. Es verdad que para la franja 1, es decir, los salarios postergados, los ajustes nominales proyectan un incremento del 14% de estos salarios tan bajos. Sin embargo, esto siempre va a depender de que la inflación no supere los 9 puntos en los dos años, en 2025 y 2026”.

Acotó que si la inflación crece por encima de ese porcentaje, empieza a “comer” puntos del crecimiento del salario real. “Por eso hablamos de que son insuficientes. Si bien son positivos, son insuficientes porque no tienen herramientas que consoliden los objetivos que los propios lineamientos formulan”.

166 mesas de negociación

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Sommaruga recordó que hubo dos instancias del Consejo Superior Tripartito y que la próxima semana se abrirán las mesas de negociación de las distintas ramas de actividad, son 166 mesas que se habilitan en esta etapa y que abarcan a unos 800.000 trabajadores y trabajadoras. Por eso, destacó que la etapa que se iniciará en los próximos días es la de “compartir con todas las compañeras y compañeros que van a representar a los trabajadores en las mesas de negociación toda la información necesaria para que vayan con las mejores herramientas a defender los intereses del salario, los derechos laborales y las condiciones de trabajo”.

También expresó preocupación por la postura empresarial y en este sentido cabe mencionar que el asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Mailhos, afirmó al término del encuentro que estos lineamientos “no son los que el empresariado hubiera deseado para el estado de situación que mostró el Ejecutivo como contexto en el cual se va a dar la negociación”, sostuvo el empresario.

“Quedamos preocupados y, en cierta medida, con un nivel importante de diferencia con el sector patronal, porque su principal crítica, y así lo formularon públicamente, tiene que ver con el tratamiento diferencial positivo que va a haber para los salarios sumergidos. Esto es un mensaje que no le hace bien a la sociedad, porque el hecho de que el sector empresarial salga a decir que su principal preocupación es mejorar el sueldo a trabajadores y trabajadoras que ganan hasta 31.300 pesos líquidos, conociendo la situación del costo de vida que tiene Uruguay y lo poco que son 30.000 pesos líquidos mensuales para mantener una familia, para sostener un hogar, no nos parece un buen mensaje para la sociedad”, puntualizó.

Sommaruga agregó que poner el eje ahí también “es regresivo”, considerando la función distributiva del salario. “El salario debe distribuir ingresos para mejorar la capacidad de consumo de bienes y servicios básicos. Más aún es regresivo tomando en cuenta que uno de los tres motores del crecimiento económico es el consumo de los hogares. Al mejorar estos salarios, que además son muy bajos, no es plata que se vaya a la timba internacional, sino que va a la feria, al almacén, al supermercado; retroalimenta el mercado interno, mejora el consumo de los hogares y, por lo tanto, impulsa la actividad económica”.

“Desde ese punto de vista, tampoco nos cierra. Y tampoco nos convence esta especie de asociación que hace el sector empresarial de que el aumento del salario postergado va a generar desempleo o incluso el retiro de empresas”, cuestionó.

El dirigente sindical recordó que en el período pasado, durante el gobierno de derecha, “los trabajadores sufrieron por tres años y medio pérdida de salario. Y cuando uno analiza los cinco años del gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, los trabajadores perdieron 1,2% de salario real respecto a 2019. Hubo un retroceso salarial. Al punto tal que investigaciones técnicas del ámbito académico establecen que el no cobro de todos esos meses de salario acumula 4.500 millones de dólares. Es decir, hubo una reducción del salario”.

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Sin embargo, esa reducción no generó soluciones para el problema del empleo. “Seguimos teniendo medio millón de trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. La informalidad, en el gobierno pasado, aumentó dos puntos”.

“Tenemos 42.000 puestos de trabajo creados en el período pasado que son trabajos en la informalidad, trabajos ilegales que generan desamparo para los trabajadores porque no cobran aguinaldo, no se van de vacaciones, no tienen aportes jubilatorios. La evidencia empírica indica que cuando se sigue la receta de bajar salarios, no solo la sociedad se precariza y los hogares pierden calidad de vida y bienestar social, sino que no se genera empleo. Por eso, la generación de empleo de calidad, que a nuestro entender es la principal política pública distributiva y la mejor forma de cuidar a la sociedad, tiene que discutirse seria y profundamente en el marco de un proyecto de desarrollo nacional”.

En ese sentido, Sommaruga reiteró que el PIT-CNT aspira a debatir con el gobierno y los empresarios una estrategia de desarrollo nacional. “Porque el chip del mercado como agente dinamizador de la economía y como gestor de la resolución de los problemas en la sociedad no funciona. Pero esto no es una apelación ideológica, la evidencia empírica nos ha llevado a esta conclusión”.

Finalmente, subrayó que, si se quiere generar empleo de calidad para lograr más inclusión social, mejor calidad de vida y mayor bienestar, “hay que salir del paradigma del mercado como agente ordenador de la vida económica del país y que sea la sociedad, a través de la participación democrática en el marco del Estado, la que avance hacia una planificación estratégica de la economía nacional”.

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