Todo lo que usted debe saber del TISA

Los contenidos de un acuerdo que pretende cambiar dramáticamente el marco regulatorio en áreas estratégicas y de máxima sensibilidad para el país, como las telecomunicaciones o los servicios financieros, se manejaron con "secretismos" y el PIT-CNT accedió a lo sustancial del acuerdo o tratado, por las filtraciones de Wikileaks.

Viviana Rumbo, secretaria técnica de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y también integrante del departamento de Relaciones Internacionales de la Central, explicó al Portal del PIT-CNT que la información a la que han podido acceder ha sido conseguida no por los carriles esperados y de manera institucional, sino a través de las filtraciones desde Wikileaks.

Para los próximos días el PIT-CNT tiene previsto solicitar una reunión con el canciller Rodolfo Nin Novoa antes de su viaje a Ginebra, a la reunión en la que se establecerán las “cláusulas negativas”, instancia en la que el país debería dejar sentadas las exclusiones del acuerdo. Asimismo, Viviana Rumbo adelantó al Portal que la intención de la Central es organizar en el corto plazo una mesa de información y análisis de los contenidos para que los trabajadores conozcan en profundidad el alcance de lo que se pretende firmar y que hasta ahora se ha manejado de manera reservada.

La técnica aseguró que los mayores peligros que plantea el TISA para nuestro país implican  áreas de máxima sensibilidad y de interés estratégico como el anexo que se refiere a las telecomunicaciones y los servicios financieros.  

En materia bancaria, consignó que Uruguay no podría crear nuevas leyes que acoten el mercado o fiscalicen mejor. "Ejemplo de ello es que si bancos extranjeros que vengan a abrir filiales en nuestro país solo podrán ser fiscalizados por la casa matriz de dicho banco, no por el Banco Central del Uruguay. Lo que sería un gran riesgo para nuestra plaza financiera.  Si este acuerdo se hubiera firmado 10 años atrás, todo lo que el Uruguay avanzó después de la crisis financiera del 2001, en realidad son leyes que no se podrían haber aprobado. Nada de lo que se ha realizado en materia financiera se podría haber aprobado de haberse firmado el TISA unos años atrás” señaló.

La existencia de esa lista “negativa” implica que todo lo que no está creado se toma como incorporado a una lista positiva. “Inclusive aquellos bancos que no estén en territorio nacional en este momento, mañana se instalan en Uruguay y quedan comprendidos en el TISA. Porque todo lo que no se incluye en la lista negativa será considerado como lista positiva. Luego de firmado el acuerdo, no hay espacio para rectificar errores” enfatizó.

Origen

El proceso casi desconocido del TISA comienza con negociaciones que se iniciaron en el año 2012, de manera “sumamente reservadas” para tratar de establecer este “nuevo” acuerdo comercial, el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). Actualmente, participan 50 países en la negociación, como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Australia, Japón, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay, entre otros, que representan 68% del comercio en servicios a nivel global.

Es notoria la exclusión de los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), aunque China solicitó su ingreso a la negociación, pero que hasta el momento se ve frenada por la oposición de los Estados Unidos.

¿Qué es el acuerdo TISA?

Se trata de un acuerdo o tratado que pretende liberalizar el comercio e inversiones en los servicios, y expandir “disciplinas regulatorias” en todos los sectores, incluyendo muchos servicios públicos. Estas “disciplinas”, tenían como objeto conceder a los proveedores extranjeros acceso libre en condiciones no menos favorables que las de los nacionales y restringir la capacidad de los gobiernos para regular. De concretarse, esto podría alterar significativamente el marco regulatorio de muchos servicios públicos, privados, privatizados o comerciales, pasando de servir al interés público a servir al interés de las corporaciones privadas extranjeras.

De acuerdo a lo que reveló la secretaria técnica de la CCSCS al Portal, cuando se aprueba el ingreso de Uruguay a las negociación del TISA, el 4 de febrero de 2015, “nuestro país no conocía los documento que ya formaban parte de la negociación”, por lo que comenzó a participar en las rondas negociadoras, aceptando los avances registrados hasta el momentos de su incorporación, “sin previo conocimiento y análisis de los textos y compromisos a asumir”.

Trato nacional

Lo que se negocia es en base a listas denominadas “negativas”, es decir, se asumen compromisos en todos los sectores y modos de suministro, excepto en aquellos que se especifiquen explícitamente.

La dinámica de la negociación busca avanzar en la limitación de la potestad del Estado de establecer políticas nacionales diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios y fortalecer nuestras empresas estatales de servicios.

Rumbo explicó al Portal que según el anexo de “servicios financieros que se filtró, se estaría  negociando la aplicación de la cláusula status quo en el sector”, que implicaría que Uruguay no podría  hacer en un futuro ninguna ley o normativa o cambiar cualquier política, que afecte el acuerdo ya firmado.

En filtraciones de documentos de la negociación, “se ve que las restricciones que se impondría a la regulación financiera abarca a todo el sector, la banca, las acciones y bonos, seguro de vida, tarjetas de crédito, el procesamiento de datos financieros, calificaciones de créditos y demás”.

Para la técnica del PIT-CNT y de la CCSCS, Los gobiernos estarían sometidos a las normas del TISA en los productos financieros “que aún no se han inventado y así como para bancos extranjeros que aún no operen en territorio”. Asimismo, se plantea que los estados “se esfuercen por eliminar o limitar los efectos de medidas que impidan a las empresas financieras extranjeras a ofrecer productos y servicios financieros, ejemplo de ello, los gobiernos no podrían prohibir servicios o productos financieros riesgosos, como los que contribuyen a las crisis financieras”.

Polémica y riesgo mayor

Dentro del TISA existe una cláusula aún más polémica, que es la “cláusula trinquete”, que significa que una vez que el mercado de un sector está abierto ya no es posible nacionalizarlo, o si una medida discriminatoria a favor de las empresas nacionales es atenuada o derogada, el Estado no podrá luego retroceder en su decisión. “Un ejemplo de ello es si el TISA se hubiera firmada hace 10 años Uruguay no podría haber devuelto a la órbita del Estado los servicios  de abastecimiento de agua privatizados, como dispuso el plebiscito del agua en el 2004 y la reforma constitucional que lo siguió” aseguró.

El absurdo

Viviana Rumbo destacó en diálogo con el Portal que en el anexo sobre “Transparencia”, se plantean  “cuestiones un tanto absurdas para los países firmantes, como por ejemplo que previo a la entrada en vigencia de cualquier medida referida a los asuntos cubiertos por el TISA –leyes, regulaciones, etc- los Estados tienen la obligación de publicarlas y de otorgarles a las «partes interesadas» una  oportunidad «razonable» para que puedan enviar sus comentarios. En este caso los capitales privados de origen extranjero y/o nacional podrían influir en las decisiones del Estado a favor de dichas empresas y en detrimento del Estado”.

Alerta máxima

En el anexo sobre las “Telecomunicaciones”, Rumbo enfatizó que está claro el objetivo del TISA de “promover y facilitar las actividades de los operadores privados y reducir la capacidad regulatoria del Estado, una vez más”. Empero destacó que “preocupa la referida «neutralidad de red» que obliga a que el Estado ponga a disposición la infraestructura de red, -algo en lo que ha avanzado mucho el país en este quinquenio- a operadores privados en forma no discriminatoria y a precios que denominan «razonables», sin establecer quién controlará esos parámetros”.

La técnica ejemplificó que Uruguay ha legislado en beneficio de la población y ha entrado en controversia con privados en dos casos notorios como la disputa con la tabacalera mundial Philips Morris y lo que sucede con la cadena de farmacias Farmashop. “Pero si firmamos este nuevo acuerdo, ya el Estado no podría pensar en el bien de la población, si no es el bien de las empresas, por lo que no sería sorprendente que luego de firmado este acuerdo veamos un monopolio en cadena de supermercado como Walmart por ejemplo, que es el mayor empleador privado en los  Estados Unidos, con efecto devastador sobre salarios y derechos laborales, sin competencia de precios y colocando los mismos a su antojo «obligando» a la población a pagarlos” culminó.