Secretaría de Género: "El capitalismo se ensaña con las mujeres" mientras existe un "Estado ausente" que "es responsable de cada femicidio"

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT refuerza su compromiso con la promoción de “entornos sociales y laborales libres de todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres y las diversidades sexuales”. Asimismo, denuncia que “el Estado es responsable de cada femicidio, de la violencia vicaria, de cada mujer desaparecida, de las redes de trata y explotación de adolescentes e infancias, y de la violencia institucional que perpetúa conductas discriminatorias”.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que recuerda el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Mariposas, ocurrido en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960.

En Montevideo se realiza la tradicional marcha que en esta oportunidad comenzará con una concentración a las 18:30 horas en la plaza Independencia y posteriormente trasladarse hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Más allá de los ecos del resultado electoral, este lunes por la mañana, la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT ofreció una conferencia de prensa en la sede de la central sindical, donde se presentó la proclama del 25 de noviembre. El evento se enmarca en un contexto de aumento de “femicidios, suicidios femicidas y agresiones sexuales a niñas y adolescentes, entre otras formas de abuso”.

En este contexto, la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT reafirmó su compromiso con la construcción de “entornos sociales y laborales libres de todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres y las diversidades sexuales”.

Bajo la consigna “Son tiempos de lucha”, este 25 de noviembre se convocó a marchar junto a diversas organizaciones sociales, feministas y de clase, con el objetivo de enviar un mensaje claro tanto a las autoridades gubernamentales actuales como a las que asumirán en 2025.

“Las mujeres y las diversidades sexuales estamos presentes y somos conscientes del escaso interés que los diferentes gobiernos, independientemente de su orientación política, han demostrado hacia la efectiva erradicación de una violencia estructural. Una violencia que ignora la importancia de asignar un porcentaje adecuado del gasto público a la implementación de las legislaciones nacionales existentes en nuestro país para combatir las diversas formas de violencia que enfrentamos”, expresa la Secretaría en su proclama.

Femicidios

En la proclama también se recuerda que, en 2019, se registraron “40.000 denuncias de violencia basada en género, de las cuales el 50% contaba con medidas cautelares. Este número equivale a un promedio de una denuncia cada 12 o 13 minutos”. Ante esta situación, el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, emitió la resolución 760/019, mediante la cual se declaró el “estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género”.

La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de la central obrera informó este lunes que, en lo que va del año, se han registrado 43.000 denuncias relacionadas con violencia de género, lo que equivale a un promedio de 118 denuncias por día. Asimismo, se han presentado 1.606 denuncias por delitos sexuales, de las cuales el 65% corresponde a niñas, niños y adolescentes, y el 35% a mujeres”.

Asimismo, la Secretaría señala en su proclama que “se han registrado 11 femicidios y otros 10 casos que el Ministerio del Interior no clasifica como tales”. Pese a estas alarmantes cifras, advierte que “el Estado sigue ausente en la inversión en campañas de sensibilización, educación y acompañamiento para las personas denunciantes”.

“Se ha ignorado la resolución de 2019 durante cinco años, ya que, por más que se haya declarado una emergencia nacional, sin voluntad política ni un presupuesto adecuado, no se logrará el cambio cultural necesario ni se pondrá fin a este flagelo que nos oprime y asesina”, denuncian.

Recomiendan a las autoridades electas la “lectura” de la resolución número 760 de 2019, para que incluyan en su plan de acción los ejes desarrollados en ella, con el fin de evitar que las mujeres deban pasar otros cinco años reclamando la ausencia del Estado.

Una sociedad más justa

“Es fundamental construir una sociedad más justa, equitativa y libre de toda forma de discriminación, violencia, acoso laboral y acoso sexual. Tanto en nuestra sociedad como en los entornos laborales, persisten lógicas machistas, racistas, xenófobas, homófobas y misóginas que alimentan y refuerzan los discursos de odio”, denuncian.

Por este motivo, la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad exige un papel activo por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para erradicar el acoso en los entornos laborales. “Son numerosas las situaciones vividas por compañeras trabajadoras rurales, de la industria de los cítricos, frigoríficos, comercio, servicios, sector público, entre otros. Un ejemplo de ello es el caso de una compañera del sindicato de medicamentos, a quien se le niega una silla y se le asignan tareas de esfuerzo físico, a pesar de estar en el sexto mes de embarazo y contar con recomendaciones médicas contrarias a dichas labores”.

Expresan su solidaridad con las integrantes de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), quienes “siguen esperando que la justicia ofrezca respuestas sobre los asesinatos de Miriam Macedo Soto e Isabel Mallorana, ya que los hechos permanecen sin esclarecer y han transcurrido años sin ningún avance”.

En la declaración, también se refieren a la violencia doméstica que sufren las mujeres en el campo y en zonas rurales y que por encontrarse en zonas muy alejadas “se le dificulta poder acceder a centros de apoyo o contar con un debido acompañamiento”.

Reivindican la pronta reglamentación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que la igualdad y la no discriminación son pilares fundamentales para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Señalan además que esta reglamentación debe ser “coherente con nuestras leyes, y no los fallidos intentos del exministro de Trabajo, Pablo Mieres, que desvirtúan conceptualmente la esencia del convenio. Un convenio que, como su nombre indica, se orienta hacia la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, e incluye específicamente la violencia basada en género”.

“El capitalismo se ensaña con las mujeres, y la cultura patriarcal nos relega a un lugar donde parece que ‘calladitas somos más bonitas’. Pero no, se equivocan, porque siempre se encontrarán con la voz y la lucha de las trabajadoras”, se señala en la declaración.

Asimismo, denuncian que, al hablar de violencia estructural, es imprescindible mencionar también la “aporofobia y el racismo inherentes al sistema”. Por ello, se definen como “profundamente antirracistas” y subrayan su compromiso con la “lucha contra la cultura del odio, sea cual sea su manifestación”.

“Luchamos por las 200.000 personas que viven en asentamientos, enfrentando todo tipo de calamidades. Hablamos de las infancias pobres con madres pobres, sin oportunidades. De mujeres que nos duelen, y nos duelen profundamente, porque no tienen la posibilidad de acceder a un empleo que dignifique sus vidas. De mujeres en barrios donde predominan los tiroteos, el narcotráfico y la miseria”, puntualizan.

Estado ausente y sin respuestas

Por otro lado, la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad se pronuncia en su declaración sobre la reforma educativa, señalando que esta “busca que las infancias y adolescencias aprendan menos cada día”. Asimismo, subraya la necesidad de construir un país donde “prime el desarrollo productivo con justicia social, y no únicamente el desarrollo económico”.

“Si aspiramos a lograr autonomía económica para las mujeres, no podemos seguir aceptando salarios mínimos de miseria. La Ley 20.130 recortó y despojó de derechos a los trabajadores, pero las mujeres siempre somos las más afectadas. Es imprescindible un diálogo social que se traduzca en políticas integrales y que, además, profundice el Sistema Nacional de Cuidados, dándole continuidad al proceso iniciado hace diez años. Seguimos reivindicando el valor del trabajo no remunerado: somos todas trabajadoras, tanto quienes tienen empleos remunerados como quienes, sin recibir pago, sostienen la vida a través de los cuidados. Este trabajo representa un 23% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que ha generado una deuda histórica con las mujeres, una deuda que el Estado nunca ha reconocido”, denuncian.

Aseguran que las mujeres trabajadoras y las diversidades sexuales, desde el feminismo de clase y el movimiento sindical, continúan construyendo “alianzas” con otros colectivos y movimientos populares porque creen en la solidaridad, la empatía y la fuerza de la organización conjunta para potenciar sus luchas.

“Por eso hoy salimos a las calles: para dar voz a quienes ya no están, para todas las compañeras trabajadoras que enfrentan violencia, discriminación y acoso, ya sea laboral o sexual, tanto en sus lugares de trabajo como en las calles y en sus propios hogares”, manifiestan.

“Salimos a las calles no solo por nosotras, sino también por nuestras hijas, nietas, hermanas y madres, quienes han soportado históricamente las opresiones de este sistema. También salimos para exigir a los nuevos y nuevas gobernantes una rendición de cuentas clara y completa ante toda la sociedad sobre los avances en la Ley 19.580 de Violencia de Género, y para que asuman su responsabilidad por todo lo que no se ha implementado de dicha norma”.

Demandan una implementación efectiva de la ley, no limitada únicamente a los aspectos judiciales. “Exigimos además capacitación continua para todo el personal de los organismos de salud, educación, juzgados especializados y servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género”.

 “Es crucial evitar estigmatizar a las personas denunciantes y garantizar que, durante el proceso de su denuncia, se les brinden las debidas garantías. No todo se resuelve con la adquisición de más dispositivos; se requiere formación continua, centros de acogida y equipos interdisciplinarios que acompañen estos procesos, lo que implica una mayor inversión”, plantean.

Lo mismo exigen para las leyes N° 18.561 (Ley de Acoso Sexual: Prevención y Sanción en el Ámbito Laboral y en las Relaciones Docente-Alumno) y N° 18.987 (sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo).

Estado responsable

La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad afirma que “el Estado es responsable de cada femicidio, de la violencia vicaria, de cada gurisa desaparecida, de las redes de trata y explotación hacia adolescentes e infancias, y de la violencia institucional que perpetúa conductas discriminatorias, muchas veces con justificaciones morales ante quienes se atreven a denunciar”.

“Para nosotras, ninguna muerte es indiferente, y el suicidio femicida de Mili es un claro mensaje de que este es sólo la punta del iceberg, resultado de dar la espalda durante años a esta problemática”, aseguran.

Recuerdan que hace 64 años fueron asesinadas las hermanas Mirabal, Patria, Teresa y Minerva, activistas políticas de la República Dominicana, conocidas como Las Mariposas. Fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo un 25 de noviembre de 1960. “Hoy, son otros nombres, otros territorios y otros contextos. Pero el asesinato sigue siendo el mismo, ya sea el de Berta Cáceres y las cientos de lideresas en América Latina, los cometidos contra las mujeres kurdas que siguen luchando en las montañas, o cada una de las mujeres, niños y niñas asesinadas en territorio palestino”.

“Porque nuestra lucha es internacionalista, también denunciamos y exigimos a las nuevas autoridades que se comprometan a apoyar el dictamen de la Corte Penal Internacional, y que como país, nos comprometamos a proceder al arresto de Benjamín Netanyahu si pisa nuestro territorio. No seamos cómplices de un genocidio ni de la masacre de niñas, niños y mujeres palestinas. ¡Es una cuestión de derechos humanos! Compañeras, desde el feminismo de clase, antirracista y anticapitalista, hoy, una vez más, nos encontramos y nos reencontramos, marchando juntas. ¡Siempre! Son tiempos de lucha. Marchamos contra las guerras en el mundo, contra el capitalismo y el patriarcado. Marchamos por la paz. ¡Otro mundo es posible!”, se expresa en la proclama.