A seis años de la Ley de empleo para personas con discapacidad: Una lucha pendiente contra el Incumplimiento en el sector privado
En el día de la fecha se celebra un año más de la aprobación de la Ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, Ley N° 19.691. En el año 2018 luego de una larga lucha, se aprueba la ley que regula el acceso al empleo de personas con discapacidad para el ámbito privado.
Hoy, a seis años de su aprobación las empresas siguen incumpliendo la misma.
En Uruguay tenemos cerca de 500.000 personas con algún tipo de discapacidad (dato del Censo realizado en el año 2011 y que al día de hoy se ha incrementado) y el 50% de ellas viven en los hogares más vulnerados social y económicamente.
Por otro lado, tenemos un gran número de trabajadores que a causa de accidentes laborales han perdido sus trabajos debido a la situación de discapacidad que han adquirido. El incumplimiento no es solamente sobre lo legislado sino también sobre el desconocimiento de resoluciones de organismos internacionales como lo es la Convención Internacional de Derechos de las PeSD que establece lo siguiente: “debe garantizarse el acceso a la rehabilitación y la reinserción en el trabajo, generando los ajustes razonables necesarios para dicha reinserción.” La ley en cuestión también menciona la necesidad de la formación de la figura del operador laboral, rol fundamental en la
garantía de inclusión de las PeSD en el mundo del trabajo. También velar porque los espacios sean accesibles en cuanto a lo físico pero también el entorno que, a nivel social, permita trabajar en derribar barreras actitudinales que permitan a la persona desarrollarse y avanzar en su camino laboral, en igualdad de oportunidades.
Desde la Secretaría de Discapacidad del Pit-Cnt, reafirmamos nuestro compromiso para que los sindicatos exijan el cumplimiento de las leyes, ya sea la ley integral de cuotas para el ingreso al Estado, la Ley n° 18.651, como la que regula el ingreso al sector privado. También nos comprometemos en seguir denunciando empresas que incumplan con la normativa, actualmente en el ámbito privado, por rama de actividad y a través del Sunca, se denuncian si hay
incumplimientos ante el MTSS.
Exigimos la formación de la figura del operador laboral, o estudiar figuras que garanticen fehacientemente el cometido. Del mismo modo, solicitamos la reactivación de la comisión de inclusión laboral del MTSS prevista en la ley, donde están representados todos los actores en cuestión: gobierno (a través del Mides), BPS, MTSS, congreso de intendentes, organizaciones de la sociedad civil y Pit-Cnt. Esta comisión se ha visto bastante paralizada en avances en los últimos años.
En un nuevo aniversario de la ley que es fruto del trabajo arduo y constante de atender esta problemática que no escapa a ningún ser humano, ya sea por adquirir discapacidades en el transcurso de la vida, donde hoy ya existen estudios que hacen referencia por ejemplo no solo a los accidentes laborales, donde también hay normativas , sino por el estrés, y la salud mental que es un debe a resolver de manera urgente y como prioridad en las políticas públicas que se debe llevar a cabo. También destacamos la necesidad de reflotar el proyecto de ley que hoy duerme en los cajones del Poder Ejecutivo y que trata sobre una “Renta Básica Incondicional y Permanente” para PeSD, a
fin de dar respuestas urgentes a un colectivo históricamente olvidado y vulnerado en varios derechos, y que hoy por hoy han sufrido un sin fin de retrasos y recortes de los derechos conquistados con lucha.
Entendemos que es necesario buscar una salida que garantice lo fundamental de los Derechos Humanos que es la mínima supervivencia.
Incluyamos en la plataforma reivindicativa del Pit-Cnt el cumplimiento de las normativas de inclusión laboral, así también como en las federaciones y sindicatos de base.
¡A redoblar hoy más que nunca! Denunciemos y demos pelea para defender lo conquistado y recuperar el retroceso en este periodo de gobierno.
No podemos permitir que el sistema capitalista actual use a la clase trabajadora como objeto de deshecho en beneficio de los intereses de una clase privilegiada.