AUTE denuncia subsidio para pocos clientes de UTE y uso de chips privados en sus telemedidores

La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) cuestionó que el Poder Ejecutivo haya creado un subsidio que beneficia a pocos clientes y aumenta las tarifas de UTE, afectando su sostenibilidad, lo cual incentivará a más clientes a pasar al mercado mayorista y generará un círculo vicioso de aumentos tarifarios. Por otro lado, el sindicato denunció que la empresa estatal utiliza chips de Claro y Movistar en sus telemedidores.

En las últimas horas, AUTE emitió una declaración titulada “¿Competencia en generación eléctrica o apropiación de los beneficios de la inversión pública por los malla oro?”, en la cual cuestiona que el Ejecutivo haya creado un subsidio que beneficia a unos pocos clientes y eleva las tarifas de UTE. Además, el presidente de AUTE, Gonzalo Castelgrande, denunció que el ente autónomo emplea chips de sus competidores, Claro y Movistar, en sus telemedidores.

En su declaración, AUTE cuestiona el Decreto 242/023, aprobado en agosto de 2023 por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que modifica el funcionamiento del mercado eléctrico. Según AUTE, este decreto beneficia a un pequeño grupo de clientes mediante un subsidio millonario, perjudicando a los usuarios de UTE al aumentar las tarifas y comprometer la sostenibilidad de la empresa pública.

Según el sindicato de la empresa estatal de telecomunicaciones, a través del decreto se busca “profundizar el funcionamiento del mercado mayorista”, pero AUTE considera insuficiente esta motivación y señala que el cambio ignora los costos que UTE ha asumido en el proceso de transformación energética, como las inversiones en generación térmica de respaldo y en infraestructura de redes. Según la agrupación, estos costos, que han sido financiados por UTE para viabilizar la inversión privada, “deberían ser compartidos por todos los actores del sistema eléctrico”.

Para AUTE, el decreto permite a los grandes consumidores “acceder a precios bajos en el mercado mayorista, sin asumir los costos fijos de generación”. De esta forma, los clientes de UTE, especialmente hogares y pequeños comercios, asumen en las tarifas el peso de estos compromisos, mientras que los pocos beneficiados aprovechan el bajo costo de la energía sin contribuir al sostenimiento del sistema.

El decreto establece una nueva metodología para calcular la potencia firme, que mide el aporte de cada fuente de generación a la seguridad del suministro. Este cambio reconoce a fuentes renovables no convencionales, como la eólica y solar, lo que AUTE cuestiona. La agrupación argumenta que estas energías, debido a su “intermitencia”, no aseguran un suministro constante y dependen de las centrales térmicas e hidráulicas de UTE en momentos críticos.

También denuncia que la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), responsable de esta metodología y avalada por el Ministerio de Industria, “ha ignorado las opiniones de UTE” y “ha favorecido a los generadores privados, sin una representación adecuada de los pequeños y medianos consumidores en el proceso”.

AUTE estima que alrededor de 500 clientes -que representan el 25% del consumo nacional, y al 0,03% de los clientes a nivel nacional-, podrían migrar al mercado mayorista, “generando pérdidas anuales de hasta 50 millones de dólares para UTE”. Este déficit se trasladaría a las tarifas de todos los clientes de UTE, “afectando a hogares, pequeños comercios y emprendimientos productivos”.

En su declaración, AUTE sostiene que el Poder Ejecutivo “crea un subsidio millonario para beneficiar a unos pocos clientes, quienes ya son los principales favorecidos por la estructura tarifaria, provocando, como contrapartida, el incremento de todas las tarifas reguladas de UTE, además de afectar la sostenibilidad de la empresa pública, y la calidad del servicio”.

También expresa que “este incremento de tarifas de UTE va a generar un círculo vicioso en el cual, a los clientes de UTE que puedan acceder al mercado mayorista les resultará cada vez más conveniente hacerlo, profundizando la necesidad del incremento de tarifas de UTE para cumplir con los compromisos asumidos”.

Las inversiones que mejoran el funcionamiento del sistema eléctrico deben ser asumidas por todos los participantes del mercado y no solamente por los clientes de UTE, indica el gremio.

AUTE expresa en su comunicado una serie de reivindicaciones, tales como: “En defensa de la UTE estatal y pública; contra el avance de la privatización del servicio público de energía eléctrica; por el derecho humano a la energía y que la tarifa eléctrica sigue siendo injusta, por lo que bajarla es posible”.

Telemedidores

Por su parte, el presidente de AUTE, Gonzalo Castelgrande, denunció a través de su cuenta de X que UTE utiliza en sus telemedidores chips de sus competidores, Claro y Movistar. El dirigente sindical criticó que la empresa pública contrate servicios de una multinacional que compite directamente con ANTEL, mientras se le exige a las empresas públicas “competir y ser eficientes”.

UTE ha informado que 1.500.000 usuarios ya cuentan con tecnología de medición inteligente. De los primeros 30.000 medidores instalados, los chips utilizados fueron de ANTEL, gracias a un acuerdo comercial entre ambas empresas, aunque dicho acuerdo no se mantuvo. Castelgrande indicó que, según UTE, la empresa contrató otros servicios en zonas donde ANTEL no tiene cobertura. Sin embargo, el dirigente sindical aseguró que “en el 99,9% del país hay cobertura de ANTEL y con un alcance mayor que Claro o Movistar”.

Castelgrande resaltó que “entre las empresas públicas debería haber una coordinación estratégica que permita sumar fuerzas contra las privadas”. En esa línea, AUTE planteó la necesidad de firmar un nuevo acuerdo entre UTE y ANTEL para que ambas empresas se beneficien de la introducción de estas nuevas tecnologías.