Abdala: “Cada vez que el movimiento popular luchó por un avance, debió enfrentar una campaña del miedo”

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, fue contundente a la hora de defender el plebiscito sobre la seguridad social, al afirmar que “cada vez que el movimiento popular luchó por un avance, debió enfrentar una campaña del miedo”.

- ¿De qué forma puede impactar en la votación del plebiscito el hecho de que un líder para el Frente Amplio (FA), como lo es José Mujica, se haya pronunciado en contra y también lo haga el presidente Luis Lacalle y empiece a hacer campaña?

- El expresidente Mujica es una persona reconocida a nivel internacional, es muy querida en el país, y a nosotros nos constan dos cuestiones: que él ha tenido siempre una sensibilidad y una preocupación por los más humildes, es una persona de diálogo y de conversación. Justamente el plebiscito que impulsamos es bueno para los hogares más vulnerables y para la gente más humilde. Realmente estoy convencido que no se puede convertir en una calamidad que un Jubilado, que gana $18.000 pase a ganar $22.000. Si uno mira la historia, vemos que se repite la campaña del miedo, apunta a generar terror, a generar temor en la gente. Nosotros planteamos fundamentos sólidos. Ante esto nos encontramos, otra vez, con que cada vez que el movimiento popular luchó por conquistar un avance, una cosa importante, debió enfrentar una campaña de miedo.

Si uno estudia la historia, cuando Don José Batlle y Ordoñez aprobó la ley de 8 horas, las grandes cámaras empresariales en la prensa del momento decían que iban a suceder todos los males. Y eso no pasó, todo lo contrario. Más acá en el tiempo, cuando se vinculó el aumento jubilatorio al índice medio de salarios, también iba a haber cualquier tipo de desastre. Cuando evitamos la privatización de las empresas públicas íbamos a quedar al margen de la globalización y del comercio internacional.

Cuando se recrearon los consejos de salario, esto es más cerca, en el 2005, se decía que iban a cerrar todas las empresas, que iba a detenerse la inversión, que iba a haber más desocupación. Funcionaron los consejos de salario y no pasó nada.

Más recientemente, cuando la ley de responsabilidad penal empresarial se decía que no se iba a poder trabajar, que iban a ir todos los empresarios presos. Disminuyeron los accidentes y se demostró la enorme pertinencia de la ley y no hubo gran problema. Entonces, lo que nos importa señalar, es que con diferentes intenciones, no deja de ser un tipo de operación política que se repite cuando hay iniciativas de avance que provienen del movimiento popular.
¿Qué es lo que yo le quiero decir a la población? Que discutamos fundamentos sólidos, ¿está bien o está mal que la gente pueda reconstituir su derecho a jubilarse a los 60 años? Para mí y para muchísimos más, está bien. ¿Está bien o está mal que haya, del mismo modo que está definido en el consejo de salario, que el salario mínimo por persona sea aquella prestación por debajo de la cual es inhumano estar? Esto es lo que estamos planteando nosotros para las jubilaciones.

Y, en último término, la Ley 20.130 estableció, por parte de los que defienden la “libertad”, el ahorro de pesado, el ahorro forzoso en las AFAP. ¿Está bien o está mal eliminar el lucro en la seguridad social? Para nosotros está bien, y estamos contentos con la campaña, estamos dialogando con gente de los más diversos sectores políticos. No le preguntamos a la gente qué va a votar partidariamente en octubre, y muchos se sienten identificados con la papeleta del SI. Y bueno, vamos a seguir en ese camino sea como sea.

- Muchos dicen es que la sostenibilidad de este plebiscito es muy difícil o provocaría, como dijo Mujica y apoyaron otros, un caos.

-El estudio que tenemos nosotros, en un promedio de transferencias a las AFAP de entre 1.400 y 1.500 millones de dólares por año, en la medida que las AFAP se eliminan y que no tiene que hacerse esa transferencia, desaparecen las necesidades de asistencia financiera de rentas generales al BPS, inclusive hemos planteado públicamente a todo el sistema político que con esos ahorros que produce el plebiscito se elimine la pobreza y la pobreza infantil.

Quiero comentar que sobre esto no hemos tenido respuesta ninguna. El propio CINVE establece que por muchos años esta iniciativa no presenta dificultades financieras. Y más adelante, el cálculo que hicimos nosotros, a partir de la definición del salario mínimo que está vinculado a la persona, a nosotros nos da una necesidad de asistencia financiera después de bastante tiempo de unos 460 millones de dólares anuales.

Y sí, un derecho humano hay que sostenerlo, hay que financiarlo. El problema es que nosotros estamos convencidos que hay espalda para resolver esta cuestión. Claro, tiene que haber voluntad política. Esto está complicado. Creo que hay mucha gente que se pone nerviosa por la eliminación de las AFAP, porque la plata de los trabajadores pasa a ser la caja mediana del estado. Las AFAP compran deuda pública, el estado recibe ingresos y la sociedad vuelve a pagar pero con intereses.

Tampoco, probablemente, muchos quieran avanzar en lo que es necesario en la sociedad: gravar más a la riqueza de este país. Pongo algunos ejemplos: solamente en el transporte carretero, no nosotros, o el Instituto Cuesta Duarte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice que hay una evasión por 180 millones de dólares anuales. Las exoneraciones que se le hacen al gran capital, tanto por IRAE como por impuesto al patrimonio, suman 2.000 millones de dólares anuales.

En América Latina eso se llama costo fiscal. El costo fiscal está en un promedio del 3.3%, digamos, y es América Latina uno de los continentes más desiguales del planeta. En Uruguay está un 6%. Nosotros nos preguntamos, capaz que no hay que eliminar la totalidad de esas exoneraciones porque en algunos casos es un estímulo para generar empleo, en fin, se puede ver, pero ¿2.000 millones de dólares por año?
En tercer lugar, ¿es justo que un gran empresario de los agronegocios aporte a la Seguridad Social un 1.9% y el asalariado Rural un 15%? Para nosotros, y esto es lo que no se ha rebatido nunca, hay espaldas suficientes como para sostener este derecho. Por eso es que llamamos a la gente a votar el sí.

- Con lo que más discrepa Mujica es que se reforme la Constitución. Sí dice que está en contra de esa ley que se aprobó de Seguridad Social, pero propone llamar a un diálogo social.

- Lo que sucede es que esta forma, digamos, de democracia directa, de plebiscito, es la única forma que los movimientos sociales tenemos para garantizar los derechos. Porque hay un pequeño detalle, el planteo de resolver las cosas mediante un diálogo social, que repito nosotros acompañamos, estamos de acuerdo, parte de un hecho que hoy por hoy no está garantizado, que haya un gobierno del FA y los movimientos sociales no pueden supeditar a que haya tal o cual gobierno para presentar sus demandas. Entonces, obviamente, que es el único camino -válido, constitución al, contemplado por la ley- que nos quedaba era apuntar a una reforma constitucional donde estos tres derechos básicos, que son medidas cautelares, queden consagrados.

- Si no se llega a aprobar el plebiscito, dicen las encuestas que está un poco lejos de llegar al 50% más uno de los votos que se necesitan, ¿ustedes entonces ahí sí aspiran al diálogo social o cómo lo van a revertir?

- El movimiento sindical tiene una postura de resolver las cuestiones de una reforma integral de la seguridad social desde el fondo de la historia. No es un planteo nuevo para nosotros. Porque, es más, lo que estamos haciendo con el plebiscito es un enorme diálogo social con la población.

¿Qué quiero decir? El problema del diálogo social no es contradictorio con que la gente ubique estos tres derechos humanos en la Constitución. Porque la nuestra no es una reforma integral. Son tres derechos que dejamos garantizados, para que no se toquen. Pero cuando tú hablas de una reforma integral, tienes que mirar la financiación, que hay que pensar en una financiación de nuevo tipo. Si en una empresa se sustituye un cajero o una cajera por un dispositivo automático, ¿no será que en el futuro esa tecnología debería pagar impuestos para sostener la vida de la gente?

En fin, son preguntas que nosotros nos hacemos. Una reforma integral tiene que mirar financiación, derechos, jubilación, un conjunto de cuestiones, discapacidad, sistema de cuidados. Es una discusión mucho más profunda y obviamente que el movimiento sindical comparte el objetivo de apuntar a una reforma global, integral, a partir del diálogo social. Pero también necesitamos garantizar derechos básicos que no estén en juego para los trabajadores.

- ¿Ha tenido diálogo con el expresidente Mujica o con Lucía Topolansky?

Nosotros no hemos tenido a este momento comunicación. La opinión de Mujica es conocida. Nosotros sabemos lo que piensan los distintos dirigentes políticos. Hay otras direcciones políticas que están acompañando, pero, repito, la nuestra es una campaña ciudadana, de contacto por abajo, en los barrios y directamente con la gente. Esperamos que la gente vote lo que vote, pero ponga la papeleta de sí. No le preguntamos a la gente qué partido va a votar.

- El hecho de que el gobierno esté preparando una conferencia de prensa, elaborando una contracampaña, ¿no se redunda en los esfuerzos en los barrios?

- Sí, claro. Estamos haciendo barriadas, estamos llevando el planteo a todos lados y bueno, la contracampaña ya existe. Que además es coordinada, porque cuando no sale la Cámara Empresarial, sale la Cámara de las AFAP, cuando no, sale el directorio, gente del directorio del BPS, distintos ministerios, bueno, es una campaña global y coordinada contra la conquista de estos tres puntos básicos para la vida de la gente. Cómo ha pasado siempre.

- ¿Si se aprueba el plebiscito hay que aumentar el IVA el 35%?

- Ese es otro disparate. Justamente te acabo de comentar tres medidas, digamos, de carácter tributario, que no requieren gravar en lo más mínimo a la población. Es más, una de ellas ni siquiera habla de impuestos nuevos, habla de evitar una serie de evasiones fiscales que existen y que son demasiado cuantiosas. Las otras están a discrecionalidad del Poder Ejecutivo, porque las exoneraciones son en función de determinados criterios, y bueno, solamente con esas dos cuestiones se puede sostener una propuesta que recién requeriría necesidades adicionales de financiamiento muchos años en adelante.