"La vida debe estar al servicio de la vida"

La Comisión Nacional “Afirmá tus derechos”, que promueve el plebiscito para reformar la Constitución de la República y modificar la reforma de la seguridad social impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, ha elaborado un documento titulado “La seguridad social como un derecho humano fundamental. El camino de la reforma constitucional”. Este documento expone los fundamentos jurídicos, políticos, económicos y las respuestas éticas que sustentan la campaña por el “Sí” a la reforma.

El documento, redactado por la Comisión, recibió aportes de economistas, juristas y catedráticos especializados en seguridad social, y fue aprobado tanto por el Secretariado Ejecutivo como por la Mesa Representativa del PIT-CNT. Se presenta como un marco teórico fundamental que será dado a conocer a los distintos sectores políticos y a los representantes de la sociedad civil organizada. Según se expresa en el documento, “la vida debe estar al servicio de la vida”, y ese es “el principio ético y el compromiso político sobre los que se fundamentan las acciones, ideas y valores que sustentan la reforma constitucional y las luchas por los cambios sociales en favor del bienestar y la libertad de las grandes mayorías del pueblo”. Se indica también que “no hay fundamento más preciado para concebir la seguridad social y su forma de gestión y prestaciones, que como herramienta al servicio de la dignidad humana”. Por ello, “la seguridad social no puede ser objeto de lucro, ni estar empañada por intereses ajenos a su rol social superior. La seguridad social es, ante todo, un modo de organización de la solidaridad y un medio con profunda repercusión para la protección de las personas ante el variado conjunto de vulnerabilidades que la vida y sus circunstancias ponen sobre ellas”. “Garantizar a todo jubilado y pensionista un ingreso mínimo equivalente al salario mínimo nacional, que por definición es el piso mínimo de ingresos al que tiene derecho una persona para asegurar un nivel de vida suficiente, es una condición que Uruguay puede y debe hacer”, se expresa en el documento teórico. Asimismo, se indica que “la postergación de derechos en las que se encuentran miles y miles de personas luego de una larga vida de trabajo, estanca el desarrollo humano y cuestiona moralmente el uso social de las riquezas que de manera creciente genera el trabajo de la gente”. Por lo cual, “restaurar el derecho de acceso a la jubilación a partir de los 60 años de edad, es otro principio protector de las personas, para asegurarle a las y los trabajadores la posibilidad de elegir, a partir de esa edad, si quieren y pueden seguir en el mundo del trabajo”. “La vida es más que producir valores de cambio y es un derecho vivirla plenamente, en cada momento de la existencia. El derecho a una vida plena es un principio que la sociedad debe brindarse a sí misma, para honrarla”, expresa la Comisión “Afirmá tus derechos” en su documento. Otro de los aspectos a los que se hace mención en el informe se refiere a que la Constitución de la República “no está escrita en piedra, ni está por encima de la voluntad democrática del pueblo”, por lo que “los cambios constitucionales son y serán posibles cada vez que su conciencia y voluntad así lo determinen”. En el estudio aprobado por el PIT-CNT como base para la discusión y el diálogo, se asegura que han impulsado esta propuesta democrática “sin alarmismo ni otra urgencia que superar un régimen de jubilaciones que dejó de estar centrado en las personas, para restringirse exclusivamente a los mandatos de las variables financieras, alejadas, cada vez más, del derecho de todas las personas a una vida digna”.

Tres principios protectores

A través del documento asegura que con la aprobación de la reforma “se consagra la seguridad social como derecho humano y se le da estatus jurídico a tres principios protectores que dignifican y modernizan el desarrollo humano del país: que todos los jubilados y pensionistas reciban ingresos que les permitan satisfacer las necesidades mínimas para la vida, restituir el derecho de las personas a jubilarse a partir de los 60 años de edad; fortalecer el sistema previsional del país como bien público y las garantías institucionales incuestionables que brinda el Banco de Previsión Social (BPS)”. En el informe se expresa que, en el marco de un diálogo nacional, es importante considerar otros aportes, como el hecho de que “es una falacia que la reforma propuesta contraponga pobrezas y obligue a elegir entre niñez y vejez”. Para una sociedad democrática, “suponer la contraposición, o peor aún, sostener la inviabilidad del abatimiento de la pobreza infantil y la pobreza en la vejez, es moralmente inadmisible”. La Comisión “Afirmá tus derechos” espera el compromiso público de todo el sistema político, en caso de que la reforma constitucional sea aprobada, de que “con los ahorros emergentes de la reforma del artículo 67 de la Constitución se implemente un plan nacional de erradicación de la pobreza en las infancias y adolescencias”.

Sustentar la seguridad social

Por otro lado, en el documento se expresa que hay muchos ejemplos de correcciones que el Gobierno puede realizar para sustentar la seguridad social. Uno de ellos es “revisar, en arreglo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, las inequidades sectoriales en el aporte patronal como en el caso del sector agropecuario”; y se aclara que el movimiento sindical es “contrario a cualquier suba del IVA (impuesto regresivo por excelencia) para financiar el déficit de la seguridad social”. También se indica que el régimen actual de aporte patronal del sector rural lleva a que aporten un 1,9 % de la masa salarial del sector. “Si se llevara su aporte a un 7,5 %, como es para el resto de los sectores, se recaudarían 50 millones de dólares anuales en general, lo que no implica igual tratamiento para pequeños establecimientos familiares que para hacendados titulares de grandes superficies de explotación”. Otro aspecto que se plantea es “redefinir y potenciar las políticas de fiscalización en la órbita de BPS, a los efectos de cumplir con el rol recaudador del ente, haciendo especial énfasis en la erradicación de la evasión”. La Comisión plantea que “reducir la evasión tributaria de IVA e IRAE en un tercio permitiría una recaudación incremental de 730 millones de dólares anuales. Estos son recursos genuinos que son desviados del bien común por la acción de la actividad delictiva y a la que el Estado debe dar lucha sin tregua”. “Reducir progresivamente el gasto tributario (exoneraciones fiscales) del actual 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) al 3,7 %, que es el promedio de América Latina, implicaría un ahorro por menor gasto tributario de 2.000 millones de dólares anuales”, por lo que “se debería tener un estudio de que esto es realizable sin afectar negativamente la inversión y el empleo”. En contrapartida, “debería fundarse una nueva mirada sobre el trabajo decente, la formalización del mismo y políticas públicas en el sentido de mantener las fuentes de empleo”. En suma, la Comisión asegura en su documento que la reforma constitucional propuesta es “justa, necesaria y posible” y será el pueblo, en base al ejercicio de la democracia, el que defina su aprobación.