Balsa y Asociados despide a 420 obreros; SUNCA denuncia falta de pagos y exige control estatal
La constructora Balsa y Asociados despedirá a 420 trabajadores a partir del 19 de agosto. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) denuncia la falta de pago de sueldos y despidos, así como la imposibilidad de que los trabajadores accedan a un seguro de paro especial. Además, reclama un mayor control estatal sobre las inversiones privadas que generan desigualdad y precariedad en el sector.
La empresa constructora Balsa y Asociados cesará a 420 trabajadores a partir del lunes 19 de agosto. Se trata de obreros que participaron en la construcción de tres barrios privados en Canelones: La Juana, Carlota y Pilar de los Horneros. Aunque inicialmente fueron enviados al seguro de paro, en calidad de suspensión, la cobertura finaliza a mediados de este mes. El SUNCA solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social extender los seguros de paro hasta diciembre, al menos. Sin embargo, la secretaría de Estado respondió que esto no será posible, ya que, desde el punto de vista jurídico, si los trabajadores están dados de baja, no pueden acceder a un seguro de paro especial.
Ante esta situación, Daniel Diverio, secretario general del SUNCA, expresó al portal del PIT-CNT que los trabajadores no cobraron el despido ni la última quincena de trabajo, y se les niega la posibilidad de acceder a un seguro de paro especial, dejándolos sin ningún tipo de ingreso. “Es una noticia que sabíamos se podía dar, pero que nunca quisimos que se diera. Cuando la empresa Balsa se presentó a concurso de acreedores, argumentó que lo hacía para poder organizar el trabajo, retomar las tareas, cumplir con los promitentes compradores de viviendas, así como con las deudas con los trabajadores, y recuperar los puestos de trabajo”, afirmó Diverio.
“Si teníamos algunas dudas, esta noticia las despeja. Reafirma lo que veníamos denunciando: que este tipo de inversiones, que contó con más de 40 millones de dólares en beneficios fiscales por parte del gobierno y con el respaldo de la Junta Departamental, que permitió que terrenos rurales fueran urbanizados, aumentando así su valor, han tenido todo tipo de ventajas. Sin embargo, ante la falta de controles fiscales por parte del Estado, la empresa ha llevado a cabo los despidos, incumpliendo no sólo con el pago de las deudas a los trabajadores, ya que ni siquiera se pagó la última quincena, sino también estafando al Estado al no cumplir con sus aportes al Banco de Previsión Social (BPS). Decenas de microempresas y trabajadores independientes que realizaban tareas adicionales en las obras, como jardinería o instalación de aires acondicionados, también quedaron en la ruina”, denunció el dirigente sindical.
"Lo más lamentable", añadió, es que la decisión de la empresa de despedir a 420 trabajadores impide que estos puedan recibir un seguro de paro especial o una extensión del mismo, que era su único ingreso. “Es una irresponsabilidad muy grande, y exigimos que el Estado, cuando permite este tipo de inversiones, que se venden con tanto marketing, exija garantías adicionales antes de otorgarles beneficios y que cumplan con sus obligaciones”.
Negligencias
Frente a esta situación, Diverio criticó al gobierno por la falta de acción. “El gobierno dice lo de siempre, que hicieron todos los esfuerzos, pero que en el sector privado estas cosas suceden. Nosotros exigimos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Banco de Previsión Social que expliquen cómo fue posible que el año pasado, durante seis meses, la empresa no realizara aportes al BPS por casi 500 trabajadores y que nadie detectara una situación tan complicada. También hubo negligencia al no realizar un seguimiento adecuado para prevenir este tipo de situaciones”.
Este es un escenario que se repite en los barrios privados donde llegan este tipo de inversiones, afirmó Diverio. “Ahora existe otro conflicto con la empresa Norte, un inversor privado que también incumple con la normativa y los convenios colectivos”.
“La inversión privada genera casi el 80% de los puestos de trabajo en la construcción, y ante el retiro de la inversión pública, este gobierno apuesta todo al sector privado. Esto genera mucha incertidumbre sobre qué tipo de inversiones se trat hacia dónde apuntan, y está claro que las garantías de cumplimiento de las obligaciones son mucho más complicadas. Por esto, es necesario que haya mayores niveles de fiscalización y control sobre este tipo de inversiones, reclamando garantías en el momento en que presentan un proyecto para instalarse”, subrayó Diverio.
“No puede ser que todo valga. No es aceptable que vendan un proyecto y que, simplemente porque supuestamente van a generar empleo, se les otorguen beneficios sin nada a cambio”. Diverio también adelantó que el SUNCA iniciará acciones legales y no descarta tomar medidas por este caso en particular y en general por todas las situaciones que se están viviendo en Canelones, Montevideo y Maldonado. “Esperamos lograr un compromiso diferente del Estado y de las Cámaras Empresariales, que también conocen estas situaciones pero poco acompañan las denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
“En mi opinión, Canelones está en una situación complicada porque hoy existe una demanda muy importante de este tipo de inversiones para la construcción de barrios privados”, dijo Diverio. Añadió que, si bien se genera empleo, los barrios privados también dividen más a la sociedad y generan más desigualdad.
“Por todo esto, planteamos al próximo gobierno que surja a partir de las elecciones de octubre y a la futura intendencia que revisemos la realización de un plan urbanístico para el departamento de Canelones, porque es fundamental reorganizar algunos lineamientos. No puede ser que Ciudad de la Costa y Costa de Oro sean casi totalmente zonas privadas, donde ni siquiera se cuida el medio ambiente”. Para el SUNCA y el PIT-CNT, este será uno de los temas que plantearán a los candidatos a la Presidencia.
