Derechos y seguridad social en el centro del debate: III Seminario sobre Discapacidad del PIT-CNT

En un contexto marcado por la reforma jubilatoria aprobada por el gobierno, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT organizó su III Seminario sobre Discapacidad, abordando la importancia del diálogo social, la lucha por una sociedad inclusiva y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en Uruguay.

Este jueves 15 de agosto, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó el III Seminario sobre Discapacidad desde una perspectiva de derechos y seguridad social.

El panel estuvo compuesto por Natalia Lancieri y Cecilia Ferreira, ambas de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT; Patricia Cosani, en representación de la Red Procuidados; Ivar Solsona, exgerente de la Unidad de Evaluación de Discapacidad del Banco de Previsión Social (BPS); y Anabela Espino, representante del equipo de trabajadores en el BPS.

La charla forma parte de una serie de eventos que buscan aportar insumos para lograr un diálogo social, dado que, más allá del candidato presidencial que resulte electo en las elecciones generales de octubre, “el diálogo social tiene que existir”.

En la apertura del seminario, Anabela Espino expresó que el tema del seminario es de “gran sensibilidad” y que ha sufrido cambios con la reforma de la seguridad social a través de la Ley 20.130. “En todas las etapas de nuestra vida, directa o indirectamente, la seguridad social está presente, desde la niñez hasta la vejez. Es una seguridad social que intenta garantizar, a través de sus prestaciones, una vida digna”.

Se refirió a las prestaciones contributivas y no contributivas, que incluyen dinero, lentes, prótesis, audífonos, vivienda y servicios de atención a la salud, tanto a corto como a largo plazo, mencionando ejemplos como la “Operación Milagro”, que ha beneficiado a todo el país. Según dijo, hasta la fecha se han realizado 13.243 operaciones oculares, permitiendo a muchas personas recuperar su visión.

Entre otros beneficios de la seguridad social, mencionó las jubilaciones por imposibilidad física total, la equinoterapia, los perros guía, las ayudas extraordinarias y las asignaciones familiares especiales. Espino afirmó que la Ley 20.130 es una reforma de jubilaciones y prestaciones “injusta, que potencia el lucro de las AFAP, donde los trabajadores y jubilados son quienes más pierden”.

“Proteger nuestros derechos es fundamental, y la seguridad social es un derecho, como lo establece específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”, remarcó.

Por su parte, Cecilia Ferreira lamentó que de 5.000 empresas en Uruguay, sólo 20 están cumpliendo con la Ley 19.691, que promueve el trabajo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Esta ley, surgida de las organizaciones sociales, establece que la cuota de personas con discapacidad empleadas en una empresa de 25 o más trabajadores debe ser del 4% de la plantilla de trabajadores permanentes.

Ferreira también enumeró las diferentes actividades que lleva adelante la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, como controles, fiscalizaciones y charlas sobre discapacidad. “Desde la Secretaría de Discapacidad tenemos el compromiso de defender y luchar por una sociedad justa e inclusiva, por la igualdad y no discriminación como derecho fundamental de las personas a acceder a un trabajo digno que garantice su sustento y autonomía económica”, aseguró.

Diálogo social

A su turno, Natalia Lancieri destacó que el diálogo social sobre discapacidad es crucial, especialmente tras una reforma reciente que “cambió algunos cálculos para la jubilación por discapacidad y generó pérdidas en esos aspectos; por eso no es una reforma integral, solidaria, ni la que queremos”.

“El movimiento sindical siempre está ligado a las luchas populares, a los vulnerados por el sistema, y desde ese lugar, la Secretaría de Discapacidad compromete a los sindicatos a formar sus comisiones de discapacidad e integrar esta Secretaría”, afirmó.

Lancieri también subrayó que en la franja etaria de 18 a 65 años, el porcentaje de personas con discapacidad que no consiguen empleo es altísimo. Añadió que, en relación a la seguridad social, el objetivo es la universalización de la misma. “Entendemos el foco desde la perspectiva de una madre con un hijo o hija con discapacidad, dependiente, que en muchas ocasiones debe dejar de trabajar para cuidar a su hijo o hija, lo que le impide estudiar. Por eso, vinculamos este hecho con la importancia de un Sistema Nacional de Cuidados”.

La Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, junto con la Mesa Permanente y la Universidad de la República, presentó a los legisladores de todos los partidos políticos un proyecto de ley referido a la autonomía material. “Dado que no se cumple cabalmente la Ley de Cuotas en el ámbito laboral, apostamos por otorgar una Renta Básica Incondicional y Permanente (equivalente a un salario mínimo nacional) para personas en situación de discapacidad, enfocada en aquellas de entre 18 y 65 años con más del 33% de discapacidad según el baremo”, explicó.

Patricia Cosani se refirió a la seguridad social en un sentido amplio, ya que va más allá de las jubilaciones y pensiones, destacando aspectos fundamentales a debatir. Para la Red Procuidados, debatir sobre la situación de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos implica garantizarles la mayor autonomía posible y la autodeterminación sobre cómo quieren vivir su vida, apostando por una vida independiente.

Cosani afirmó que la seguridad social debe ser vista desde la diversidad, que incluye diferentes edades, trayectorias y tipos de discapacidad.

Mientras que Ivar Solsona señaló que “la solidaridad es la construcción de un anhelo, y ese anhelo es la vida con dignidad para las personas con discapacidad, lo cual es el único objetivo por el que debemos luchar”.

“Hay 6.000 pensiones que se tramitan por mes, pero sólo el 40% se gestionan por teleconsulta, y la persona al otro lado del teléfono a menudo no muestra preocupación, lo que afecta la dignidad de la prestación. Esto no se ha podido superar”, lamentó.

También intervino Ramón Ruiz, director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), quien sostuvo que los temas de cuidados, discapacidad y lo que ocurre y ocurrirá en el mundo del trabajo no fueron considerados en la reforma jubilatoria del gobierno aprobada el año pasado, ya que no fue una reforma integral.

Dorte Wollrad, representante de la Fundación Friedrich Ebert (FESUR) en Uruguay, también tomó la palabra. Aseguró que la fundación que representa apoya a los y las trabajadoras y remarcó que la seguridad social ha estado muy presente en los debates políticos públicos.

"Es responsabilidad del colectivo, de la sociedad y del Estado brindar seguridad a cada uno de los individuos, no solo a lo largo de las etapas de su vida, sino también en sus diferentes condiciones, capacidades y situaciones. Somos sujetos de derechos, y es importante conocer esos derechos y poder ejercerlos con el apoyo de la sociedad, no de manera individual”, concluyó.