UTMIDES: Balance lapidario de la gestión del ministro Lema en el MIDES
La Unión de Trabajadores de Desarrollo Social (UTMIDES - COFE) realizó un contundente balance de la gestión del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, denunciando que se han destinado más recursos asistencialistas pero se han obtenido “menos resultados”. También cuestionaron un “debilitamiento” o “vaciamiento” de la mayoría de los programas sociales y un “evidente aumento del clientelismo”.
UTMIDES desarrolló este lunes un paro hasta las 13 horas con concentración frente a las oficinas centrales de la cartera en avenida 18 de Julio y Javier Barrios Amorín en Montevideo. De la movilización participó también el sindicato de trabajadores tercerizados del Mides (Sutiga) y la Coordinadora de Ollas Populares.
La secretaria general de UTMIDES – COFE, Ana Casteluccio, y el integrante de la dirección del sindicato, Carlos Moreira, se refirieron a la gestión del ministro Lema y de su antecesor, Pablo Bartol. Casteluccio y Moreira coincidieron en expresar -en entrevista con el Portal del PIT-CNT- que tanto la gestión de Bartol como la de Lema, quien abandonará el cargo para realizar campaña política, fueron en la misma línea.
Ineficiencia
“Nos llama la atención cuánto ha gastado el MIDES en políticas públicas, ya que si bien es uno de los ministerios que ha tenido más incremento en su presupuesto, está funcionando muy mal. Consideramos que hay un fuerte sesgo que ha tenido esta administración hacia políticas netamente asistencialistas. Es un problema que el MIDES ya tenía en alguna medida, porque podíamos hablar de las políticas de Asignaciones Familiares, de Tarjeta Uruguay Social, pero en este período se han profundizado de forma alarmante. Por otro lado, tenemos el desmantelamiento o debilitamiento de las políticas que buscan un desarrollo social, como las políticas de acompañamiento, de cercanía, que se han modificado para convertirse en políticas muy vacías”, expresó Casteluccio.
Por su parte, Moreira remarcó que en este período primó un enfoque asistencialista en las políticas públicas, con una marcada discrecionalidad en la asignación de recursos y una fuerte ineficiencia. “Hubo un incremento importante de recursos, lo cual es necesario dado que el país está atravesando una crisis social y hay gente que la está pasando muy mal. Pero si con más recursos se obtienen peores resultados, eso es ineficiencia".
Moreira explicó que al respecto existen mediciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del propio Ministerio, en las cuales se pueden observar los resultados de manera objetiva.
Agregó que otra forma de medir la ineficiencia en los resultados es cuando los trabajadores perciben cambios en el ánimo y en la actitud de las personas que acuden al MIDES en busca de ayuda, mostrando sus necesidades. Las personas notan que el MIDES no tiene la capacidad de responder. Se ha observado un aumento de la violencia en las oficinas del MIDES debido a la indignación de las personas al no encontrar una solución a sus problemas.
En tanto, Casteluccio agregó que UTMIDES venía alertando sobre esta situación desde hace algún tiempo. “¿Y qué ha ocurrido durante todos estos años? Algunas de las situaciones que denunciamos en su momento han terminado cumpliéndose”.
Alimentación
Con respecto a las políticas de alimentación, Casteluccio recordó que la administración de Lema comenzó en plena pandemia de Covid-19 y no ha dado respuestas adecuadas a la demanda alimentaria ni a la crisis alimentaria de la población.
Cuestionó que el MIDES haya dejado en manos de organizaciones, como las ollas populares, la cobertura de esa demanda, primero a través de un apoyo económico y luego con la provisión de alimentos. “En ese momento, desde UTMIDES dijimos que era responsabilidad del Estado asegurar el derecho a la alimentación. Sin embargo, no solo el Estado no reconoció el esfuerzo de las ollas populares por suplir lo que el mismo Estado no hacía, sino que además inició una política de desprestigio, sospecha y persecución hacia estas organizaciones. Llegó al punto de realizar una investigación administrativa en la que se desplazó a todos los cargos de confianza del MIDES para investigar en las calles si las ollas populares operaban de manera irregular; sin embargo, nunca nos enteramos de los resultados”.
Moreira, por su parte, expresó que la política de alimentación ha sido predominantemente “asistencialista”, ya que se implementó el Programa de Alimentación Territorial (PAT), el que proporciona viandas diarias a personas “que deben recorrer largas distancias, hacer fila, retirar la vianda y luego volver a sus hogares, repitiendo este proceso diariamente”. Sin embargo, “no se está buscando una estrategia para que estas personas logren alcanzar la soberanía alimentaria y puedan acceder a recursos que les permitan una mayor independencia en este aspecto”.
Denunció que existe “discrecionalidad” en la política alimentaria. “El MIDES continúa manteniendo las 3.000 canastas que se distribuyen a través de las oficinas territoriales, pero no hay criterios claros de asignación. Además, un director político en una oficina puede decidir a quién otorgar una canasta. Se trata del mando político decidiendo quién recibe una canasta de alimentos a pesar de necesitarla”.
“Además, es ineficiente, porque cuando el MIDES decidió dejar de asistir a las ollas populares y comenzar a implementar el programa de viandas, se destinaban 120 millones de pesos anuales a través de Uruguay Adelante. El nuevo programa, el PAT, pasó a tener un presupuesto de 400 millones de pesos. Hubo un incremento significativo, debido a la situación de hambre importante que enfrenta mucha gente, pero los resultados no mejoraron”, cuestionó.
Mientras tanto, Casteluccio añadió que si se considera una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, para cubrir la alimentación diaria, el Estado gastaría, a través del PAT, unos 18.000 pesos mensuales. Esto sería 10 veces más de lo que se gasta en una Tarjeta Uruguay Social. “El problema no es que se gaste 10 veces más, el problema radica en que ese dinero debería entregarse directamente a las familias para que ellas puedan solucionar sus necesidades según sus propios criterios”.
En tal sentido, Moreira señaló que desde el sindicato se plantea que “el gasto por el Programa de Alimentación Territorial no soluciona el problema. En cambio, el volumen de dinero que se destina en este programa sería suficiente para sacar a toda la gente de la línea de pobreza, ya que la gran mayoría de estas personas superarían el umbral de pobreza por ingreso con esta asignación de recursos”.
Sistema de Cuidados
Por otro lado, Casteluccio señaló que el Sistema de Cuidados fue un programa que este gobierno no quiso reforzar, y de hecho hubo intentos de desmantelamiento. “No solo el total de funcionarios que trabajan para el Sistema de Cuidados es insuficiente, son menos de 30 personas, sino que durante dos años el programa de asistentes personales no tuvo nuevos ingresos”.
Dijo que el “modus operandi” de la administración es no terminar formalmente con un programa, pero sí dejarlo sin ingresos.
La dirigente sindical señaló que desde junio de 2023 no se han otorgado más cupos ni ingresos en las Becas de Inserción Educativa para niñas y niños menores de tres años de hogares vulnerables que no residen cerca de un Centro de Infancia y Adolescencia (CAIF). En 2020 se otorgaron 5.000 becas; en 2023, 1.700; y para este año se prevén menos de 1.000. En el mismo sentido, cuestionó que desde noviembre de 2023 tampoco se han asignado ingresos en las Ayudas Técnicas que se otorgan a hogares con menores con discapacidad o alteraciones del desarrollo y que no están cubiertos por el Banco de Previsión Social (BPS). Alertó que se trata de dos programas que no están funcionando, pero la gente se sigue anotando.
Al respecto, Moreira indicó que todo el sistema político plantea su preocupación por la infancia y este gobierno también, aunque se observa que muchos CAIF hoy son esqueletos, porque no se les asignan docentes.
Situación de calle
Con respecto a las personas en situación de calle, Moreira dijo que el MIDES también actuó con asistencialismo, discrecionalidad e ineficiencia. “La ineficiencia se evidencia por sí sola, ya que a pesar del aumento presupuestario para atender la situación de calle, este ha sido proporcional a un incremento en la cantidad de personas en esa situación”.
“Entendemos que el aumento de personas en situación de calle se ha dado por una clara responsabilidad de los cambios en la gestión de este gobierno. Primero, se pasó de un modelo de colmena, donde un equipo técnico se encargaba de un refugio, a que ese mismo equipo tuviera que encargarse de tres refugios. Esto significó una disminución en las horas disponibles de los técnicos para trabajar con esas personas. Cuando se lleva a alguien a un refugio, no es simplemente para que pase la noche, sino para comenzar a trabajar en la reconstrucción de los vínculos familiares, abordar posibles problemas de adicciones o salud mental, y buscar una ruta de salida que les permita encontrar trabajo”, añadió Moreira.
Agregó que también se cambió la figura del educador por la del cuidador, con la clara intención de ofrecer cuidados mientras la persona pernocta. “Entonces, las personas en situación de calle van al refugio y, después de un tiempo, continúan en la misma situación sin que se les ofrezca ningún dispositivo para superarla. El MIDES no genera ningún mecanismo que permita a esas personas salir de esa situación. El resultado es que seguimos viendo un incremento en la cantidad de personas en situación de calle”.
Por su parte, Casteluccio agregó que, según datos estadísticos, existe una “puerta giratoria” en relación con los centros de reclusión. “Cuando una persona sale de la cárcel después de un período de tiempo, no tiene prioridad para ingresar a un refugio. El único lugar donde sí tenía prioridad, conocido como La Posada, cerró sus puertas y se convirtió en otro tipo de refugio, derivando a las personas a otros dispositivos de vivienda”.
Territorio
Otro aspecto al que se refirió Casteluccio se relaciona con cómo las políticas del MIDES se insertan en el territorio. “El MIDES venía apostando por algunos programas que podríamos llamar de proximidad, los cuales no estaban centrados en una oficina, sino que consistían en que el técnico o la técnica social se insertaba en los barrios, creaba comunidad y de esa forma fortalecía los vínculos comunitarios. Esto no solo era un objetivo, también era una herramienta, ya que con esos mismos vínculos comunitarios se trabajaba el programa. Ahora el MIDES se ha convertido en un Ministerio de escritorio. Se ha pasado de que la persona pudiera encontrar al MIDES en su barrio a que la persona tenga que ir a pedir ayuda al MIDES”.
“Cuando observamos las redes debilitadas en los barrios y nos preguntamos por qué hay más delincuencia, bueno, es también porque el Estado se retira del territorio, y en gran medida, se retira porque retira al MIDES”, expresó Casteluccio.
Dijo que el sindicato jamás se opondrá a la apertura de nuevos espacios del MIDES, pero cuestionó que se retiren a los técnicos de los barrios. “El MIDES no puede limitarse a ser un ministerio de puertas adentro, porque su esencia es el territorio, y eso es precisamente lo que ha perdido en estos últimos años”.
Clientelismo
Finalmente, Moreira se refirió a los cargos de confianza. “Toda esta política pública y este incremento presupuestal también se ha llevado adelante con un fuerte componente de clientelismo”.
Expresó que el ministro Lema ha designado aproximadamente 200 cargos en forma directa. “Además, con compensaciones que, en algunos casos, llegan a los 130.000 pesos mensuales. De esos 200 cargos, hay 88 que no marcan asistencia, entrada ni salida en el Ministerio. Algunos cargos de confianza trabajan a tiempo completo, pero hay otros que van solo dos veces por semana, están en distintas direcciones, y algunos son difíciles de ubicar para los trabajadores. Existe un poder político muy fuerte que está en detrimento del poder técnico. En todo el Estado, el 1,2% de los cargos son de particular confianza, lo cual está bien. En el MIDES, esa relación es del 10%, es decir, diez veces más, con 2.000 trabajadores y 200 cargos de confianza”.
“Si a nivel nacional, el Estado pusiera 25.000 cargos de confianza, no habría suficientes militantes en todos los partidos de la coalición para justificar tanto clientelismo”, comparó.
Ante ello, Casteluccio agregó que en el interior del país, el MIDES pasa a ser territorio del cargo de confianza local.
“Lo que aspiramos como trabajadoras y trabajadores es que los problemas se aborden con una visión también técnica, que no se descarten las prácticas que han demostrado funcionar, así como también aquellas que han demostrado no funcionar, y que el bienestar de la población esté siempre en el centro de las discusiones. Las políticas deben ser a largo plazo y tener una proyección sostenible. Lo que esperamos es que esto sea lo que los partidos políticos consideren de ahora en adelante”, sentenció.
“Aspiro a que como uruguayas y uruguayos nos indignemos cuando una persona pasa hambre, cuando una persona no llega a fin de mes, cuando una persona tiene que dejar de estudiar, cuando una persona duerme en la calle, cuando tiene que ir a mendigar a una iglesia. Como Estado, como sociedad, tenemos que repensarnos qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que deberíamos hacer mejor. Y eso no puede ser un botín electoral”, puntualizó Casteluccio.