PIT-CNT reclamó al gobierno argentino el cese de medidas "contra la clase trabajadora y los sindicatos" y abogó por "amplio diálogo social"

Tal como estaba previsto, el PIT-CNT junto a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Federación Sindical Mundial (FSM), se concentró frente a la Embajada de la República Argentina, en el marco de un paro general convocado en el vecino país por la CGT y diversas organizaciones sindicales, contra las medidas impuestas por el presidente Javier Milei.

En este contexto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala y la secretaria general, Elbia Pereira, entregaron una misiva al gobierno argentino en la que señalan el "profundo rechazo a las medidas que el gobierno ha impuesto contra la clase trabajadora y los sindicatos, además de configurar un antecedente regional en materia de una clara violación a los derechos laborales, sociales y sindicales".

Asimismo, el movimiento sindical peticionó al gobierno argentino que "priorice de manera urgente el diálogo social amplio y democrático para analizar y definir las mejores medidas que incluyan y promuevan la participación del pueblo argentino", al tiempo que solicitó a las autoridades argentinas de los tres poderes constitucionales "que revean todas aquellas medidas del DNU que vulneran los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que contravienen normas constitucionales y las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por Argentina".

Texto completo

La central sindical (PIT-CNT) de nuestro país, junto a la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) y la Federación Sindical Mundial (FSM), manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa Argentina.

Desde su asunción el pasado 10 de diciembre, el gobierno del presidente Javier Milei ha promovido varias medidas que generan profundos perjuicios al pueblo argentino, a sus trabajadores y trabajadoras, a sus organizaciones y movimientos sociales.

Respaldamos el paro nacional convocado por las centrales sindicales argentinas, CGT, CTA-T y CTA-A, este 24 de enero en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus”, que violan los principios de división de poderes, los principios democráticos y el correcto funcionamiento de las instituciones y la norma constitucional.

Algunas de las medidas del DNU 70/23 que afectan de manera sumamente negativa a los trabajadores y trabajadoras son: impone fuertes límites al ejercicio del derecho de huelga y a la realización de asambleas sindicales; amplía el período de prueba de 3 a 8 meses; permite desregular la jornada laboral y se modifica la regulación de las horas extras; facilita la tercerización y la intermediación laboral; reduce la indemnización por despido; debilita la ley de contrato de trabajo al reducir su aplicabilidad; elimina multas por empleo no registrado y por la falta de pago de las indemnizaciones. Por su parte, la ley ómnibus incluye una modificación del Código Penal que lleva la criminalización de la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar, entre las medidas claramente destinadas a limitar la acción sindical.

Si bien la justicia argentina dio lugar al reclamo realizado por las centrales sindicales emitiendo una medida cautelar que paraliza la implementación del segmento dedicado a las reformas laborales en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dicha resolución no es definitiva y el gobierno argentino ha anunciado reiteradamente que continuará y profundizará las medidas, mientras que el Congreso argentino debe debatir y definir la aprobación de la “ley ómnibus”.

Manifestamos nuestro profundo rechazo a las medidas que el gobierno ha impuesto contra la clase trabajadora y los sindicatos, además de configurar un antecedente regional en materia de una clara violación a los derechos laborales, sociales y sindicales.

Por lo tanto, peticionamos al gobierno argentino que priorice de manera urgente el diálogo social amplio y democrático para analizar y definir las mejores medidas que incluyan y promuevan la participación del pueblo argentino.
Solicitamos a las autoridades argentinas (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial) que revean todas aquellas medidas del DNU que vulneran los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que contravienen normas constitucionales y las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por Argentina.