ONU advierte al gobierno por proyecto oficialista que beneficia a criminales de lesa humanidad
En una comunicación dirigida al canciller Francisco Bustillo cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su «profunda preocupación» por el proyecto presentado por Cabildo Abierto en el Senado.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) se expresó sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto sobre la sustitución de penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de sesenta y cinco años, que de ser aprobado beneficiará a los represores de la dictadura recluidos en Domingo Arena.
Mediante una carta, cinco relatores expresan «profunda preocupación» por dicho proyecto, y señalan que se utiliza como “excusa” la pandemia de Covid-19 “sin mediar una evaluación de cada caso particular” y “permitiendo la continuación de dicho régimen con posterioridad a la finalización de la situación de emergencia”.
Advierten que de aprobarse otorgaría «de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.
Asimismo, cuestionan que el proyecto oficialista «no establece que esos beneficios quedarán sin efecto una vez finalizada la emergencia referida», sino que «por el contrario, establece expresamente que los beneficiados continuarán con régimen domiciliario, presumiblemente hasta finalizar su condena».
«Las medidas de prevención adoptadas en el marco de la lucha contra el COVID-19 deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto», agrega el escrito enviada al representante uruguayo en la ONU, en la que se solicita que sea dirigida «a la mayor brevedad posible» al canciller Francisco Bustillo.
En ese sentido disponen de «proveer la asistencia técnica que pueda ser necesaria» y le piden al gobierno que explique cómo dicho proyecto puede ser compatible con el Derecho Internacional.
La comunicación difundida por el Portal Sudestada, está firmada por Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Luciano Hazan, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
