Juristas de la impunidad
A instancias de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, este lunes la Mesa Representativa repudió la iniciativa legislativa de Cabildo Abierto que pretende otorgar prisión domiciliaria a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Para el asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, el anteproyecto de Ley de Cabildo Abierto "es una evidente reacción ante cierto relativo impulso de los procesamientos en los dos últimos años. Como tal, revela la infame intención de beneficiar a torturadores, homicidas y desaparecedores, pretextando la pandemia, por la vía torcida de volver ilusorias las penas y poner en riesgo los procesos".
El abogado explicó que tanto el Código del Proceso Penal de 1980 -que regula la mayoría de los procesos por crímenes de la dictadura- como el de 2017, prevén la internación en establecimiento adecuado o en el domicilio, en caso de enfermedad grave incompatible con la permanencia en un establecimiento carcelario. Por lo tanto, una modificación en general para beneficiar a mayores de 65 años, no tiene, contra lo que se arguye, una intención humanitaria sino impunidora. Lo que, a su vez, implica un perverso mensaje a la sociedad. En este sentido hay que recordar la obligación internacional del Estado uruguayo (que el legislador debería observar celosamente) de combatir la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Porque, como ha dicho invariablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos: «la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los Derechos Humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares».
Chargoñia recordó que cuando el año pasado un tribunal argentino denegó la prisión domiciliaria de Manuel Cordero, reflexionó así: «en los casos que exista una obligación internacional de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena (…) debe tenerse presente que la justicia penal no solo tiene una naturaleza sancionadora sino que en el ámbito internacional, fundamentalmente, tiende a prevenir la reiteración de ilícitos a través del juzgamiento ejemplificador de los responsables de delitos como los que aquí nos ocupan, puesto que, una característica destacable de esta rama del derecho es esa general función preventiva».
Por tanto, según el asesor del Observatorio Luz Ibarburu, "la prisión domiciliaria de mayores de 65 años que no presenten graves enfermedades incompatibles con la permanencia en establecimiento penitenciario, distorsiona el valor simbólico preventivo de las escasas condenas que hoy existen, arriesga la frustración de los procesos en los que se adoptó la medida cautelar de prisión preventiva y vuelve ilusoria la noción de justicia con relación a procesos penales que ocurrirán en el futuro inmediato".
Asimismo, Chargoñia sostuvo que "excluir del beneficio a los criminales de lesa humanidad posteriores a 2006 implica jugar aviesamente una carta en el actual debate de los tribunales uruguayos. Esto es así por cuanto algunos tribunales penales hoy sostienen, contra la opinión de las defensas de los imputados, que aún antes de esa fecha los delitos cometidos por agentes del estado o con aquiescencia de éste y el marco de masivas violaciones a los derechos humanos, son de esa categoría: de lesa humanidad. Y como corolario: imprescriptibles. Cabildo Abierto juega, de este modo, en el foro judicial, en forma tan obvia como deshonesta".
Mensaje perverso
Por su parte, la directora del Observatorio Luz Ibarburu y responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, dijo al Portal que la declaración de la Mesa Representativa coloca el tema en la agenda nacional y era necesario un pronunciamiento categórico. Asimismo, adelantó que serán recibidos por la Comisión de Legislación y Códigos del Parlamento el próximo 16 de noviembre. "Era importante que el conjunto del movimiento obrero expresara de manera formal su repudio a un mensaje perverso que se pretende dar desde Cabildo Abierto con su proyecto de ley que pretende beneficiar a los responsables de delitos de lesa humanidad".