SUTEL exige al gobierno frenar la portabilidad numérica hasta que la ciudadanía se exprese en el referéndum

El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL) expresó su "preocupación y alarma" por lo que define como el "silencio reinante" por parte del Poder Ejecutivo con respecto a la Portabilidad Numérica, "con la cual se avanza sin prisa pero sin pausa en un proceso que será sometido a referéndum junto con 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración N° 19.889 (LUC) y de ser aprobado -lo cual descontamos que ocurrirá-, generará juicios millonarios contra el Estado uruguayo por parte de las empresas que se presentaron oportunamente al llamado".

El sindicato señala que como es de público conocimiento, "los artículos 471, 472 y 473 de la LUC declaran que la Portabilidad Numérica es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil, lo cual, rompe con una lógica que pretende defender a nuestra empresa ANTEL otorgando la inclusión de claras políticas agresivas por parte de las multinacionales, quienes ofrecerán “mejores” condiciones contractuales a los usuarios. Es importante señalar que la experiencia internacional indica que un número menor de usuarios cambia de operador de telefonía, en relación al gasto ocasionado al sistema. La implementación de la portabilidad numérica solo logrará elevar en forma desmedida los gastos de los operadores, recogiendo nulos beneficios para sus usuarios. Estas medidas, entre otras ya denunciadas por los trabajadores y trabajadoras de SUTEL, afectan a la empresa uruguaya que deberá realizar importantes gastos para competir en forma equitativa en un contexto claramente desfavorable de desidia de las autoridades actuales".

En este marco, SUTEL señala:

1) Con respecto a la apertura del Sobre S4, (que refiere a las propuestas económicas para la contratación del Administrador de la Base de Datos), aún no hay información al respecto y vemos con preocupación que el organismo regulador no se haya expedido

2) Independientemente de la posición diametralmente opuesta de quienes formamos parte de ANTEL a la llamada Portabilidad Numérica, debemos dejar bien claro que el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou continúa desoyendo la voz del pueblo quien, en la reciente   campaña y con resultados contundentes se expresó, con aproximadamente 800.000 firmas, contrario no solamente a los 135 artículos de la LUC sino y puntualmente, una vez más, a la entrega de nuestra soberanía, reclamando la libertad de elegir

3) Llama poderosamente la atención de los y las trabajadoras de ANTEL que el Poder Ejecutivo no se haya expresado sobre los caminos que se recorrerán sobre este tema, habida cuenta del inminente referéndum donde, justamente se pone en cuestión este proceso.

 4) Está previsto que la Portabilidad Numérica (cuyas condiciones regulatorias aplicables a su implementación están previstas en los señalados artículos de la LUC y el Decreto N° 26/021 del 19 de enero de 2021) comience a regir en el mes de octubre. Al menos así estaba establecido antes de la campaña de recolección de firmas y así lo  expresa AÚN el titular del portal de Presidencia: “Desde octubre los usuarios de celular podrán cambiar de operador de servicios sin perder el número".

5) De avanzar con la planificación expresada en el numeral anterior, y luego de obtenerse un resultado favorable en el señalado referéndum, se habrá expuesto al Estado uruguayo, por falta de cautela y previsión de las actuales autoridades, a demandas de los oferentes, usuarios, e incluso otras operadoras de telecomunicaciones que se vean afectados. Cabe recordar, como establece el art. 25 de nuestra Constitución, que el Estado podrá repetir contra los funcionarios que por su culpa le hayan causado daños.

Los trabajadores y trabajadoras organizados en SUTEL reclamamos se detenga el proceso antes que la Portabilidad Numérica “caiga” por la decisión soberana que legítimamente y transitando los caminos correspondientes ya se ha expresado y, confiamos, lo ratificará una vez más en las urnas, evitándole al Estado uruguayo mayores costos y reclamos a futuro por responsabilidad de quienes hoy son las autoridades competentes.