Hablando claro sobre los "cincuentones"
La solución para los denominados “cincuentones”, los posibles escenarios futuros y las diferencias de costos que se estima tendrá el proyecto del Poder Ejecutivo, ha venido generando un intenso intercambio sobre distintas posturas tanto a nivel del propio gobierno, como de los actores políticos. Una alta fuente que solicitó mantenerse en reserva, dijo al Portal que "aquí hay que alinearse con el gobierno, con el Presidente, en la defensa de la solución que se propone para los cincuentones". En este sentido, mencionó que "hay quienes desde la izquierda parecen defender la postura de Lacalle". Asimismo, el economista Hugo Vai, asesor del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) del BPS y también integrante del Instituto Cuesta Duarte trabajó en la elaboración de un informe analítico sobre los costos que implica la solución.
Por estas horas, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, salió al cruce del dirigente nacionalista Luis Lacalle Pou quien cuestionó la solución del gobierno para los denominados “cincuentones”. Según Lacalle Pou la iniciativa del Poder Ejecutivo es “irresponsable” lo que motivó una dura respuesta del ministro de Trabajo que le reclamó tanto al Partido Nacional como el Partido Colorado que pidan “disculpas a la población, por el daño que le han hecho a decenas de trabajadores en estos años”. En otro punto de sus declaraciones, Murro sostuvo que el impacto fiscal de la solución será notoriamente menor al déficit que le genera la caja militar al Estado, algo que también ha señalado el integrante del Directorio del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. “Actualmente el déficit de la caja militar supera los US$ 400 millones anuales, lo que representa por lo menos, cinco veces el costo que tendría la solución (del Poder Ejecutivo). Para tener una idea, en caso de mantenerse, el costo acumulado, el costo acumulado del déficit de la caja militar a lo largo de 48 años es de US$ 19.200 millones, lo que representa la tercera parte del PBI”.
El Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) del BPS considera que reparar la injusticia establecida con la reforma de 1996 “tiene costo”. Según un análisis realizado para clarificar cifras y analizar posibles escenarios futuros, se entiende que “se puede estar o no de acuerdo con reparar esta injusticia originada en la reforma de 1996, pero no parece sensato afirmar que esta medida pueda poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país”.
El documento de trabajo señala que “el único organismo que estimó el costo global del proyecto del Ley es el BPS. Dicho costo global, que se extendería por 48 años, variaría entre U$S 1.095 millones y U$S 2.558 millones. En términos anuales, esto significa un costo promedio de entre U$S 23 millones y U$S 53 millones”. Aclara que “el Ministerio de Economía no realizó una proyección de costos diferente, sino que, a partir del escenario de máxima establecido en el informe del BPS, modificó 2 supuestos. Con esos cambios estimó un costo global de U$S 3650 millones, que se corresponde con un costo promedio anual de U$S 76 millones. Tomando en cuenta los supuestos sugeridos por el Ministerio de Economía, el costo global en el escenario de mínima asciende a U$S 1.565 millones lo que implica un costo promedio anual inferior a U$S 33 millones. Por lo tanto, con los supuestos propuestos por el Ministerio de Economía, el costo anual de reparar esta situación variaría entre U$S 33 millones y U$S 76 millones, una cifra muy inferior a lo que anualmente se destina a la devolución FONASA (U$S 130 millones) o el déficit de la Caja Militar (U$S 400 millones)”.
Análisis completo
Sobre el costo del proyecto de ley de los Cincuentones
I. Aclaraciones iniciales
• El único organismo que ha hecho cálculos sobre el costo de posibles soluciones para la problemática de la totalidad de los cincuentones afectados es el BPS. Previo al actual proyecto de Ley, el BPS realizó estimaciones sobre las ideas que se estaban discutiendo y, una vez que el Presidente Tabaré Vázquez envió el actual proyecto de Ley a estudio del Parlamento, el BPS divulgó un informe sobre una estimación del costo de ese proyecto.
• Hasta el momento, todos los que han opinado sobre el costo global de una posible solución para el conjunto de los cincuentones, se han remitido a los informes elaborados por el BPS, sin deslizar críticas de ningún tipo sobre la metodología empleada. Lo que sí ha existido por parte del Ministerio de Economía es una estimación alternativa, basada en dicho informe, pero a partir de la modificación de 2 supuestos que se detallan más adelante.
• Al hablar del costo global de este proyecto, cabe mencionar que el mismo se desarrollará a lo largo de los próximos 48 años. Por lo tanto, al momento de manejar la cifra global conviene tener esto presente e incluso, a los efectos de comparaciones, resulta útil anualizarlo, dividiendo el costo global entre los 48 años de duración.
II. El informe del BPS sobre este proyecto de Ley
Como toda estimación de costos a futuro, la proyección que hace el BPS está sujeta a incertidumbre, por lo que el organismo maneja un escenario de mínima y un escenario de máxima. Dichos escenarios resultan casos extremos y parece sensato admitir que el costo fiscal seguramente se ubique entre los mismos, y no necesariamente en el extremo superior.
A continuación se muestra la cantidad de personas involucradas y el costo global y anualizado asociado a cada uno de estos escenarios extremos.
De acuerdo al informe del BPS, la cantidad de afiliados que cambiaría de régimen sería de entre 28.168 y 70.559 personas. El costo global sería de entre U$S 1.095 millones y U$S 2.558 millones, lo que representa un costo por año de entre U$S 23 millones y U$S 53 millones.
III. La estimación del Ministerio de Economía
Como se señaló antes, el Ministerio de Economía no realizó proyecciones de costos sino que su estimación se basa en el informe del BPS . Lo que sí realiza es una opción y 2 cambios en los supuestos que se detallan a continuación:
a) En primer lugar, opta por no considerar el amplio intervalo mencionado en el informe de BPS, sino que su estimación se basa en el escenario de máxima. Por lo tanto, no maneja un intervalo sujeto a incertidumbre –como parece sensato establecer- sino que presenta una cifra de costo única basada en dicho escenario de máxima.
b) Un primer supuesto que modifica es que mientras el BPS supuso una tasa de rentabilidad del fideicomiso de UR + 1,5%, el Ministerio de Economía considera más apropiado utilizar una tasa de rentabilidad de UR + 0,5%. Este cambio, que genera una disminución en los aportes que realizará el fideicomiso al BPS, incrementa el costo.
c) Un segundo supuesto que modifica es la tasa de descuento a la que actualiza el costo global (VAN) del proyecto. Mientras el BPS empleó una tasa de UR + 1,5%, el Ministerio de Economía opta por aplicar UR + 0,5%.
Con estos cambios, la estimación del Ministerio de Economía basada en el escenario de máxima de la proyección del BPS, involucra a 70.559 personas e implica un costo global de U$S 3.650 millones, es decir, un costo anual de U$S 76 millones.
A partir de esta cifra divulgada por el Ministerio de Economía, se comenzó a manejar públicamente como dato cierto que el costo del proyecto de ley es de U$S 3.650 millones, sin aclarar que dicha cifra responde a un escenario de máxima de un intervalo muy amplio que está disponible en el informe del BPS.
Al realizar la estimación con los supuestos empleados por el Ministerio de Economía para el escenario de mínima, el costo global se ubicaría próximo a los U$S 1.565, lo que representaría un costo anual inferior a U$S 33 millones.
Por lo tanto, siempre bajo los supuestos empleados por el Ministerio de Economía, el costo promedio anual de este proyecto de ley variaría entre U$S 33 millones y U$S 76 millones.
IV. El costo de los cincuentones comparado con otros “gastos”
Sobre el costo de la solución a este proyecto, se ha mencionado que comprometería la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la deuda. Sin duda, esta reparación asociada a un serio problema de diseño de la reforma de 1996, tiene un costo que tal como se explicó, tomando los supuestos del Ministerio de Economía, variaría entre U$S 33 millones y U$S 76 millones, de acuerdo a las personas que opten por cambiar de régimen. Para dimensionarlo correctamente, conviene compararlo con otros costos:
• Actualmente, el déficit de la caja militar supera los U$S 400 millones anuales, lo que representa por lo menos 5 veces el costo que tendría esta solución. Para tener una idea, en caso de mantenerse, el costo acumulado del déficit de la Caja Militar a lo largo de 48 años es de U$S 19.200 millones, lo que representa la tercera parte del PBI.
• En 2017, la devolución FONASA ascendió a U$S 130 millones, una cifra que seguramente duplique el costo de este Proyecto de Ley. Suponiendo que se mantuvieran en este nivel, las devoluciones FONASA de los próximos 48 años le costarán al Estado U$S 6.240 millones.
Estas comparaciones sobre gastos o renunicas fiscales que existen actualmente, permiten advertir que este proyecto, que indudablemente tiene un costo elevado, no parece poner en riesgo la situación financiera del país.
V. En síntesis
• El actual proyecto de ley pretende reparar una injusticia establecida en la reforma de 1996. Reparar esta injusticia, denunciada hace años por los trabajadores, tiene costo.
• El único organismo que estimó el costo global del proyecto del Ley es el BPS. Dicho costo global, que se extendería por 48 años, variaría entre U$S 1.095 millones y U$S 2.558 millones. En términos anuales, esto significa un costo promedio de entre U$S 23 millones y U$S 53 millones.
• El Ministerio de Economía no realizó una proyección de costos diferente, sino que, a partir del escenario de máxima establecido en el informe del BPS, modificó 2 supuestos. Con esos cambios estimó un costo global de U$S 3650 millones, que se corresponde con un costo promedio anual de U$S 76 millones.
• Tomando en cuenta los supuestos sugeridos por el Ministerio de Economía, el costo global en el escenario de mínima asciende a U$S 1.565 millones lo que implica un costo promedio anual inferior a U$S 33 millones.
• Por lo tanto, con los supuestos propuestos por el Ministerio de Economía, el costo anual de reparar esta situación variaría entre U$S 33 millones y U$S 76 millones, una cifra muy inferior a lo que anualmente se destina a la devolución FONASA (U$S 130 millones) o el déficit de la Caja Militar (U$S 400 millones).
• Se puede estar o no de acuerdo con reparar esta injusticia originada en la reforma de 1996, pero no parece sensato afirmar que esta medida pueda poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país.
