SUTIGA ante la nueva ley de internación compulsiva
Sobre la nueva Ley de Internación Involuntaria N° 20279, que comenzó a aplicarse el lunes 26 de agosto.
Creemos que: La gestión del MIDES en relación con los dispositivos y políticas para personas en situación de calle sigue siendo motivo de preocupación, sorpresa e indignación. El ministerio que sigue sin asumir la responsabilidad por la precarización de los refugios, la reducción de equipos y la falta de técnicos especializados en salud mental y adicciones, ahora propone que con una ley y retirando a las personas de la calle contra su voluntad, se comenzará a solucionar un problema complejo, visible a todos y que sensibiliza a los uruguayos. Ante la aplicación de esta ley, diversos colectivos, organizaciones y trabajadores de la salud han manifestado su rechazo. Los trabajadores y trabajadoras nucleados en SUTIGA hemos denunciado repetidamente los recortes y la precarización que afectan a quienes trabajamos directamente con las personas en situación de calle. Los constantes atrasos en las partidas, la improvisación, el estado decadente de los refugios, y la irresponsabilidad del Ministerio al seleccionar organizaciones sin experiencia en políticas públicas son muestra de un fracaso evidente. A pesar de esto, las autoridades hablan de salud mental y descompensación, mientras continúan retirando psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales de los refugios.
Los resultados están a la vista: la gente no se descompensa sola, sufre cuando quienes tienen la responsabilidad de atender y acompañar, optan por recortar y precarizar un ministerio que ha perdido el rumbo en su función primordial: atender y brindar asistencia a los más vulnerables. Cada día, más personas se suman a las filas del hambre y la miseria. Los discursos del ministro Sciarra y de la directora de Protección Social, Auersperg, sostienen que esta Ley será la respuesta para las personas en situación de calle que se encuentren descompensadas por consumo de psicoactivos o enfermedades mentales, con riesgo para su vida o para terceros. Auersperg, en una reciente nota periodística, justificó la retirada de psicólogos de los centros, argumentando que las personas más que "hablar" preferían "darse una ducha", demostrando la poca capacidad de entender una problemática sumamente compleja. Proponer la internación compulsiva como solución a un problema que estas mismas personas no han encontrado en los dispositivos y las políticas de este ministerio, denota la falta de sensibilidad y de autocrítica y solo lleva a una mayor estigmatización, y vulneración de sus derechos.
Como se viene aplicando: De manera improvisada, el pasado jueves 22 de agosto, las autoridades del MIDES convocaron a técnicos sociales del programa calle, integrantes del Ministerio del Interior y de ASSE a una reunión para el día siguiente, con el objetivo de tener una "charla informativa". Esta reunión se realizó sin dar el espacio necesario para que los equipos técnicos en territorio pudieran participar en un debate que consideramos fundamental.
Además, quedó en evidencia que no existen protocolos claros para la implementación de la ley.
En tal sentido, denunciamos la utilización política de la ley 20.279 por vulnerar los derechos de la población que se encuentra en situación de calle, generando traslados contra la voluntad de las personas y sin brindar las garantías correspondientes para que su situación sea abordada integralmente en el marco de procesos de intervención con perspectiva de derechos.
De tal manera, nos preocupa enormemente que existan listas preestablecidas de usuarias/os y presiones políticas para que se aplique la internación compulsiva en dichas situaciones. Los refugios nocturnos, a los que deberían ser trasladadas después de pasar por los servicios de ASSE, se encuentran en condiciones de hacinamiento y carecen de equipos técnicos. Además, estos refugios operan solo de 18:00 a 09:00 horas, lo que significa que las personas son obligadas a regresar a la calle una vez más.
¿Cómo atender a las personas en estados de descompensación y tratamiento en dispositivos sin recursos o equipos técnicos que aborden la especificidad? Entendemos que: El abordaje de la situación de calle debe partir de una concepción integral que reconozca la complejidad de los factores que llevan a una persona a esa situación, incluyendo la precarización laboral, la falta de acceso a la vivienda, los problemas de salud mental, las adicciones, y las violencias estructurales que afectan de manera desproporcionada a ciertos colectivos.
Conclusión: Es hora de dejar de naturalizar la exclusión y la pobreza. Como sociedad, debemos exigir políticas públicas que no solo atiendan la emergencia sino que trabajen para erradicar las causas estructurales que la generan. Programas implantados de manera improvisada y sin recursos no garantizarán los derechos de ningún sector, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La lucha por una vida digna es colectiva, y es imperativo que trabajemos unidos para construir un Uruguay más justo y humano.
