La justicia acorralada
Finalmente, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores no incorporó al proyecto de Rendición de Cuentas los recursos necesarios para evitar el cierre de los juzgados de paz, tal como lo advirtieron la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y los gremios judiciales.
Como se recordará, la SCJ informó oportunamente del cierre de los juzgados de paz por falta de presupuesto. El pasado 12 de agosto, la Corte publicó la acordada 8119 en la que reveló el inminente cierre de una serie de juzgados del interior del país por problemas presupuestales. Entonces, la AFJU, así como también las agremiaciones de jueces, defensores de oficio y otros actores vinculados a la justicia manifestaron su absoluto rechazo al cierre de dichas sedes y reclamaron una respuesta inmediata al sistema político.
A los pocos días, la SCJ dejó en suspenso la medida mientras se "ganaba tiempo" para lograr los recursos necesarios.
El 23 de agosto la SCJ emitió una nueva acordada en la que dejó en suspenso la medida. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que los recursos no aparecieron en la Rendición de Cuentas y que el cierre de los juzgados sigue latente ante la falta de soluciones concretas.
El secretario general de la AFJU, Pablo Elizalde, dijo al Portal del PIT-CNT, que "el sistema político no está cumpliendo lo que prometió ya que los recursos no aparecieron". Elizalde recordó que "si bien el presidente de la Corte se había comprometido a que los juzgados no se iban a cerrar, también nos aseguraron que habían espacios abiertos de diálogo. Pero los recursos no están", remarcó. “El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, no otorgó el refuerzo presupuestal de fondos para que los juzgados de paz no cerraran y ahora deberemos esperar a ver qué dice la SCJ", agregó.
"Las promesas que se hicieron desde el Parlamento, asegurando que los recursos estarían no fueron cumplidas", señaló el dirigente.
En este marco, el próximo lunes 18, a partir de las 13:30 horas, en la sede de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay se realizará una conferencia de prensa conjunta de los gremios relacionados a la justicia, con la participación de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (ADAJU), la Asociación de Informáticos Judiciales del Uruguay (ASIJU) y la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (ADEPU). La convocatoria está relacionada a la campaña "La justicia es un derecho, no un servicio", que ha promovido la AFJU, con la idea de "garantizar el acceso a la justicia de calidad en todo el país".
Según señaló Elizalde al Portal de la central sindical, el cierre de los juzgados implica traslados de hasta 50 o 60 kilómetros de su lugar de residencia para acceder a un juzgado por problemas de vecindad o temas variados inherentes a los juzgados de paz.
Asimismo, la AFJU pone hincapié en la "labor social" de los juzgados ya que son los primeros en entender en situaciones de violencia doméstica. "Son un apoyo a la población y suelen recomendar cómo proceder ante distintos tipos de problemáticas", remarcó. "Por eso lo que plantea la AFJU es reasignar las competencias y los juzgados. Todos los jueces de esos juzgados son abogados, egresados del CEJU, entonces hay competencias que actualmente no tienen, como pueden ser los divorcios o las ratificaciones de las tenencias o justamente, seguir los procesos en violencia doméstica. Son ellos, ya que son letrados y son abogados, perfectamente lo podrían hacer. Es una especie de reasignación de competencias la que planteamos", informó.
En cuanto al posible cierre de las sedes en el interior del país, el secretario general de la AFJU dijo que "lo más grave es que hay un modelo de justicia concentradora: concentra en las capitales. Hay un modelo de justicia que solo piensa en la eficiencia estadística y lo más dañino de todo, hay un retiro del Estado del territorio; la autoridad civil se retira del territorio. En las recorridas que hemos estado haciendo por el país, los magistrados y compañeros judiciales nos han dicho sobre el contrapeso del poder, para que la policía no se desborde tiene que estar el Juez; aunque no tenga competencia. Pero solo el hecho de que esté, da otro tipo relacionamiento institucional. Por ello sostenemos que la autoridad civil no puede retirarse del territorio, porque de lo contrario, solo queda la autoridad policial o militar y ahí es cuando pueden haber desbordes. En todo caso, estamos hablando de la necesidad de mantener un contrapeso institucional", concluyó.
