AEBU: "No fueron ellos, fuimos nosotros"

El funcionamiento del Estado durante la pandemia está demostrando lo engañoso de la prédica con la que poderosos sectores económicos pretenden desmontarlo y privatizarlo.

Por su amplitud, sus fines estratégicos o incluso por asumir funciones —que la escala del mercado no hace rentables para las empresas privadas— el Estado uruguayo ha tenido un desarrollo histórico muy importante.

Como contracara, ha ido generado una estructura burocrática muchas veces ineficiente y también afectada por eventos de corrupción que lo han desprestigiado. A pesar de ello siempre ha cumplido una función social trascendente, por equilibrar las condiciones de vida de la población, disminuir las injusticias que el sistema genera y como tabla de salvación frente situaciones de crisis.

Sin embargo, la prédica constante de los sectores económicos más poderosos en contra del Estado les ha permitido avanzar en el debate ideológico y cultural y logrado generar una predisposición social en su contra.  Entre ellos podemos recordar el insistente discurso del movimiento de «autoconvocados» del «campo». Este colocaba como «centro de todos los problemas, el alto costo del Estado […] que se alimenta de los impuestos y sobreprecios en tarifas públicas», y llamaba a bajar «en forma urgente» el gasto público.

En la misma orientación se posicionaban todas las cámaras empresariales, cuando desembozadamente llegaron a aportar iniciativas a un proyecto de urgente consideración dirigido especialmente a la reducción del Estado, a su desmonopolización y privatización y al desmantelamiento de las políticas sociales.

El programa económico, destinado a recuperar el poder perdido por estos sectores tras un largo proceso de redistribución de la riqueza, permeó en la población y alcanzó el gobierno. Cuando la coalición ganadora se aprestaba a materializar su proyecto regresivo la pandemia postergó dichos planes.

Pero esta iniciativa que busca hacer retroceder las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, en beneficio de los poderosos, no se ha frenado ante la pandemia. Por el contrario, el caos generado, el shock del miedo en la sociedad, el aislamiento social, la centralidad del tema sanitario en la información y la justificación de toda medida de gobierno generan las condiciones perfectas para implementar un cambio radical en las relaciones económicas, sociales y de poder.

Como fundamento del rechazo impulsado contra el Estado estaba incluido el desempeño de sus empresas, sus políticas públicas, sus contribuciones sociales e incluso la desvalorización de la función pública y de sus funcionarios. Ello explica que la aplicación de una rebaja salarial a los funcionarios públicos haya logrado fácilmente consenso social. Esta es en sí una medida de escasa trascendencia sobre el ingreso del Estado, pero muy significativa en términos simbólicos. Seguramente será una reducción de salarios que luego seguirá encontrando sectores a los cuales extenderse, y —como efecto de la justificación inicial— se irá imponiendo sin mayores limitaciones.

Como contrapartida, los sectores empresariales, exentos de contribuciones obligatorias se autoproclaman comprometidos con la situación crítica del país y publicitan ínfimas donaciones en relación con sus ganancias históricas.

Ellos son quienes han tejido en forma sistemática su programa anti estatista conformando grupos que gozan del privilegio de prescindir del Estado, a partir de proveerse privadamente de educación, salud o seguridad. Los mismos que en tiempos de bonanza reclaman su reducción, pero no pierden la oportunidad de utilizarlo en su beneficio a través los créditos blandos, refinanciaciones o amnistías de pagos, sin olvidarse de pedir apoyo al gobierno en materia de relaciones laborales.

Pero no son estos sectores poderosos, ni sus apoyos en el gobierno, ni los medios de comunicación los decisivos. Ellos solo defienden sus intereses. El problema es la inmensa mayoría de la población, que aceptó sin cuestionarse que ese discurso era lo mejor para la sociedad.

Por ello, cuando la crisis avanza, ahora provocada por una pandemia, la ciudadanía toda vuelve a mirar a la única herramienta que tiene para sobrellevarla: el Estado. Un Estado capaz de sostener a cientos de miles de trabajadores y jubilados. Un Estado necesario para mantener vivas miles de pequeñas empresas, otorgar flexibilidades, postergar pagos de servicios públicos, brindar alimentación y salud pública, proteger a los más débiles y sostener a los afectados. Un Estado que deberá utilizar la fortaleza de sus empresas públicas para mantener la sociedad en condiciones básicas de funcionamientos. Un Estado que deberá establecer políticas de protección a los más vulnerables y generar las condiciones para que el impacto de la crisis se diluya en el tiempo.

Al igual que en crisis anteriores, el Estado uruguayo —como expresión de la capacidad de atender colectivamente y por igual a toda la ciudadanía— deberá cumplir un papel central para proteger, sostener y posibilitar la reconstrucción del país. Pero cómo lo haga y a qué intereses responda dependerá del compromiso que todos asumamos para fortalecerlo, como medio para equilibrar los efectos del libre mercado.

Tal vez, esta vez aprendamos. Tal vez, esta vez reconozcamos su importancia. Tal vez, esta vez nos decidamos a defenderlo.

AEBU

Viernes 3 de abril, 2020