Consejeros electos de ANEP propuestos por el PIT-CNT consideran que LUC representa un "retroceso para la educación pública" que afectará derechos de trabajadores y estudiantes

Jueves, 27 Febrero 2020 17:04
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Declaración de los Consejeros electos de ANEP propuestos por el PIT-CNT

Introducción

Ante la publicación del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, los consejeros electos de ANEP; que hemos sido propuestos por el PIT CNT, expresamos:

El extenso anteproyecto aspira a una reforma del Estado que implica un cambio cultural muy profundo en el Uruguay, cuyo imaginario social parte de una concepción de lo estatal como de bien público, por lo que concibe al Estado como agente socializador de primer orden.

De los 457 artículos que tiene el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, 68 refieren a educación, anticipando un planteo de privatización y mercantilización que confirma el carácter regresivo del mismo y que además profundiza como nunca antes en propuestas intrínsecas al neoliberalismo.

El diagnóstico que plantean para la reforma del gobierno es que la educación está en crisis y para revertirla existe la necesidad de retomar el control partidario. Por tal motivo, se debe garantizar que el gobierno no puede ser afectado por la participación social, en la medida que –según su concepción– ésta impide llevar adelante los cambios propuestos, que solo se garantizarán con la propuesta de fortalecimiento del MEC.

Los cambios que se proponen no refieren solamente a la estructura de gobierno del sistema educativo, como fue anunciado en reiteradas declaraciones, sino que constituyen modificaciones en la concepción del mismo, desmantelamiento de áreas y formas de administración del sistema educativo y la incorporación de mecanismos de cuasi mercado en la construcción de la carrera docente.

Eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública

Señalamos con profunda preocupación, que el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) previsto en la actual ley de educación 18.437 cambia de denominación, reduce la concepción de la educación nacional quitándole la característica de pública.

 Esto no es meramente un problema de denominación, sino que va mucho más allá, como puede percibirse en la redacción de otros artículos de la LUC, ya que habilita la injerencia de institutos privados de educación en la conducción del sistema público. La sociedad uruguaya históricamente ha optado mayormente por el sector educativo público sobre el privado en todos sus niveles. En 2018 el 84,3% de los alumnos en los niveles obligatorios, asistían a instituciones educativas de la ANEP. Por tal motivo ratificamos la plena vigencia del Sistema Nacional de Educación Pública.

El MEC en la conducción del sistema educativo y pérdida de la autonomía

Nuestro país se distingue en el mundo por tener un sistema de educación estructurado sobre la base de entes autónomos en donde el Estado garantiza la educación pública -sin que el Poder Ejecutivo tenga potestades en la conducción del mismo. Esto pone a salvo a la educación de los vaivenes político partidarios coyunturales, como señaló Varela ya en el siglo XIX. No obstante, este principio de autonomía -que viene desde los orígenes mismos de nuestra educación pública- es violentada con la propuesta del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, en donde en los hechos el Ministerio de Educación y Cultura pasa a regir las políticas educativas de la ANEP, subordinándolas al control político partidario del poder ejecutivo.

La centralidad -que en la LUC se da al Ministerio de Educación y Cultura, con el responsable de la Cartera al mando- cambia la relación entre lo público y lo privado; entre la educación como una cuestión de Estado o una cuestión partidaria. De esta forma se da la casi desaparición de la autonomía de la ANEP en favor de un MEC, que adquiere más potestades y poder. El MEC pasa a ser responsable de la elaboración del "Compromiso de Política Educativa Nacional", que debe acompañar el pedido de venia al Senado de los tres miembros del Consejo Directivo Central (CoDiCen) propuestos por el Poder Ejecutivo.

Además el "Plan de Política Educativa Nacional" también elaborado por el MEC, fijará las metas y principios de las políticas educativas y su articulación con otras políticas, de una forma tan amplia que abarca hasta las reválidas de títulos universitarios, de las que hoy se encarga la UdelaR con una lógica de especificidad técnica  y no de distribución y conveniencia del mercado como se propone.

La autonomía, recordemos es un principio consagrado en el artículo 202 de la Constitución de la República, cuyas raíces se remontan a la concepción de Varela expuesta en La Legislación Escolar, la Constitución de 1919, la defensa de la autonomía de la educación secundaria en los años 70 del siglo pasado y la negativa de Rodríguez Zorrilla a condicionarla, ni ante el Poder Ejecutivo, ni ante el Poder Legislativo.

Pérdida del carácter colegiado de los consejos y eliminación de los consejeros electos

Por otra parte, el anteproyecto propone eliminar los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Técnico Profesional y Secundaria transformándolos en Direcciones Generales.

La sustitución de los Consejos por direcciones unipersonales propone figuras más próximas a cargos gerenciales del ámbito privado que a una fórmula que permita la correcta conducción del sistema de educación pública. 

La pérdida del carácter colegiado de los Consejos así como la eliminación de los consejeros electos en la conducción de los subsistemas significa un retroceso histórico en la educación pública. En contraposición con el discurso hegemónico de los grandes medios de prensa y operadores políticos que ahora serán gobierno, no representan un obstáculo en la toma de decisiones, desafiamos a cualquier político o medio de prensa que ponga un solo ejemplo de ello en los últimos diez años. Por el contrario han mantenido la gobernabilidad cuando el Poder Ejecutivo ha tenido dificultades para mantener la conformación en los diferentes Consejos. Creemos que la figura del docente electo es una garantía de transparencia y permite mantener en las decisiones la mirada pedagógica y técnica, relacionándose fluidamente con los dos colectivos representativos de los docentes: los sindicatos en cuanto a las situaciones relacionadas con lo laboral y las ATD en lo relacionado con lo técnico pedagógico.

Recortar la participación en el gobierno, en este y en todos los casos que plantea el anteproyecto implica un retroceso en la organización democrática del estado con respecto a la presencia de todos los actores sociales organizados, más aún cuando se desplaza una representación y se jerarquiza y aumenta la de los actores privados.

No es menor y va en el mismo sentido el cambio con respecto a la organización y competencia del Congreso de Educación, la máxima expresión y oportunidad para los sectores populares y la sociedad toda de participar en la política educativa.

Flexibilización laboral

Uno de los aspectos que afecta a todos los trabajadores de la educación consiste en la pérdida de la actual regulación laboral y cambios en las garantías que amparan a los docentes a través del respectivo estatuto del funcionario. Se abre la posibilidad de que el Consejo Directivo Central cree nuevos estatutos docentes sin derogar los anteriores, lo que implica que existe un escenario factible - en el cual algunos funcionarios se rijan por un estatuto y otros funcionarios por otro. Esto traerá aparejado diferentes derechos, obligaciones y remuneraciones a docentes de un mismo escalafón y grado.

Por otra parte, se podrá exigir determinados niveles de compromiso y adhesión a proyectos para el acceso o permanencia en el lugar de trabajo. Además, rompiendo el orden escalafonario se dará la posibilidad de que algunos directores de centros elijan a los docentes cooptando a los mismos a diferentes proyectos y subordinándolos a su voluntad jerárquica según el cumplimiento de metas y objetivos discutibles.

En síntesis

Las anteriores, son algunas de las consideraciones sobre el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, que los consejeros electos de ANEP propuestos por el PIT-CNT creemos constituyen un retroceso para la educación pública de nuestro país, regresión esta, que afectará los derechos de trabajadores y estudiantes y a principios que históricamente han guiado la educación de todos los uruguayos.

 

Modificado por última vez en Jueves, 27 Febrero 2020 19:56
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