Trabajadores del Inau presentaron denuncia penal

El sindicato de trabajadores del Inau (Suinau) quiere que la justicia se expida porque entiende que puede caber la responsabilidad de las autoridades competentes, ante las agresiones y heridas recibidas en el desempeño de sus funciones. Asimismo, desde el sindicato, se cuestiona que las organizaciones que trabajan en defensa de los DDHH ya no tengan la misma actitud de denuncia ni sean tan vehementes frente a los hechos que les ha tocado vivir a los trabajadores como la que tuvieron cuando la publicación “hasta el cansancio” del video de agosto del 2015.

Tatiana Antúnez, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en representación del Departamento de Jóvenes y trabajadora en un centro de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley, explicó al Portal que el alcance de la denuncia que el sindicato del Inau (Suinau) presentó ante la Justicia Penal contra las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) se vincula con la Ley 19.196 de Responsabilidad Penal del Empleador, aprobada en el año 2014, que establece penas de hasta 24 meses de prisión para "el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de la dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador".

Antúnez dijo al Portal del PIT-CNT que la denuncia se enmarca en un contexto en el que “se han suscitado varias situaciones en las que hubo accidentes y específicamente en situaciones violentas con los adolescentes, muchos trabajadores han resultado lastimados, de manera grave, además de lo que refiere a los daños psicológicos”.

El sindicato entendió necesario realizar esta denuncia enmarcada en una “escalada de violencia hacia los trabajadores en general, pero que en algunos casos o tal vez en la mayoría de los mismos, se deba a las malas decisiones que ha tomado la administración “es por ello que podemos llegar a concluir que hay una responsabilidad de dicha administración”.

Los trabajadores entienden que es la justicia penal quien debe pronunciarse y establecer “si efectivamente se comprueba o no que hay responsabilidad penal de las autoridades”.

Clima enrarecido

La pasada semana en un intento de motín en el Hogar Ceprili algunas trabajadoras resultaron heridas y fueron tomados de rehenes integrantes de la dirección del Centro. Antúnez reveló al Portal que la dirección en conjunto con el equipo de educadores tomaron la decisión de retirar de las celdas de los adolescentes directamente responsables de los hechos, algunos elementos como una TV o DVD que o bien significaban un riesgo o en caso de ser considerados un “privilegio” en este momento no merecían tener. “Esa decisión la tomamos en conjunto la dirección y el equipo”, sin embargo la dirigente explicó que a los pocos días, la asesora de Gabriela Fulco, la presidenta del Sirpa, “se reunió directamente con los gurises” y desconociendo lo resuelto por la dirección y el equipo resolvieron volver a otorgarles los elementos retirados.          

“En este caso lo que se produjo fue una «transa», porque la definición para cualquier trabajador carcelario es una transa, se desconoció la decisión de los trabajadores y la dirección y a la vez, se los premió con un televisor de última generación supuestamente a cambio de paz” sostuvo.

“Después que lastimaron a un montón de funcionarios de manera muy grosera, el desconocimiento de la resolución del equipo les hace perder presencia y autoridad frente a los adolescentes” cuestionó. “Eso en cualquier cárcel se llama transa, no es una intervención profesional sino todo lo contrario”.

Ante este hecho, los trabajadores se reunieron para adoptar medidas y esto motivó según explicó Antúnez, que fueran puestos a disposición. “La decisión fue redistribuir a la población del Centro y a la vez poner a los trabajadores a disposición”. Los trabajadores alegaron que en esas condiciones no podían trabajar con normalidad “y lo que termina sucediendo es que se vulneran los derechos de los trabajadores o incluso el derecho a huelga, porque en lugar de haber diálogo lo que siempre obtenemos en respuesta son medidas punitivas hacia los propios trabajadores, la misma lógica que se emplea para los adolescentes en general se emplea para los trabajadores generando un clima de hostilidad constante”.

Convivir con Fulco

Para la integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, se hace “muy difícil convivir así” porque no se generan ámbitos de diálogo y “siempre es por la vía vertical, y tenemos que recordar que no estamos en el Ministerio del Interior, y las medidas que se le imponen a los adolescentes son socioeducativas por lo tanto no están sujetos al sistema penal de los adultos”. Antúnez recordó que los trabajadores de los centros de adolescentes en conflicto con la ley “son educadores y no policías”. Para la dirigente, Fulco “trae su lógica de otra escuela, totalmente diferente, y de alguna manera genera determinada lógica y tratos hacia la población y los trabajadores que no se corresponden con el tipo de institución en la que nos encontramos” alegó. “Y eso genera vulneración de derechos para todos, para los chiquilines y los trabajadores” enfatizó.

“Fulco no puede estar llamando a los referentes sindicales cuando estamos en una asamblea para decirles que si se toma una decisión determinada ella va a hacer una denuncia penal, tratando de generar miedo en la gente”.

El silencio de ahora

Consultada sobre la mirada de la sociedad hacia los adolescentes en conflicto con la ley, la dirigente del Suinau sostuvo que cuando se produjo el episodio del video de pública notoriedad, Fulco “se ganó la simpatía” de quienes no coincidían con el secretario general de COFE Joselo López. En este sentido, aseguró que lo que es notorio “es que organizaciones que históricamente han luchado por la defensa de los DDHH, por los derechos de los gurises, hoy no miran con la misma intensidad, no los vemos tan seguido, no hay una injerencia directa como lo hubo en otros tiempos”.

Antúnez aseguró que los organismos de los DDHH prácticamente no se aparecen hoy por los centros cuando antes había un contralor claro y directo. “Esto lo vemos como un retroceso porque las organizaciones de los DDHH ofician como garantía para todos, pero en particular para los gurises”. En este sentido, la dirigente abogó porque “hoy como ayer tengan la misma presencia ya que hoy notoriamente no la están teniendo como en otro tiempo”.

 ¿Torturadores?

Tatiana Antúnez fue vocera de la Comisión que defendió el No a la Baja de edad de imputabilidad, por lo que hablarle de trabajadores torturadores le provoca una sensación de rebeldía. “Me toca mucho este tema de los derechos de los gurises porque hoy a nivel de la opinión pública se está hablando de endurecer las penas y nadie sale a decir nada”.

Antúnez aseguró al Portal que por estas horas las autoridades del Sirpa “están viajando a EEUU a capacitarse, un país que ni siquiera ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (NdR: Junto con Somalia y Sudán son los únicos tres países que se negaron a suscribirla), entonces, en esto de pensar quiénes son los torturadores deberíamos replantearnos otras cuestiones” reflexionó.

Inserción laboral casi paralizada

Para los trabajadores, es muy grave que se haya modificado de manera dramática la política de inserción social y comunitaria que mediante convenios establecidos con el PIT-CNT, le brindó la posibilidad a más de 400 adolescentes de trabajar y estudiar lo que provocó que el índice de reincidencia bajara notoriamente. “A este proyecto las autoridades lo barrieron porque no es parte de la lógica que hoy impera”. Según Antúnez, desde que asumió la comisión responsable delegada no se firmó “ni un solo convenio laboral más”.

 Las políticas que realmente apuntan a la inclusión de los adolescentes hoy están absolutamente debilitadas y que esté pasando eso es muy grave” sentenció.