Documento Género, Equidad y Diversidad para el XII Congreso del PIT-CNT

Ideas y propuestas para fortalecer el PIT-CNT

 Estamos nuevamente ante la principal instancia de decisión política de nuestro PIT - CNT, como lo es el Congreso. Este material es un aporte al desarrollo de un análisis que debe ser profundo sobre una etapa de lucha y el accionar de la central desde la salida del XI Congreso hasta el presente. Es necesario para ello desarrollar una discusión franca, con ideas y propuestas que fortalezcan al PIT CNT, tendiendo en cuenta el actual momento político que vive nuestro país, la lucha por la negociación colectiva, la conquista de la igualdad de oportunidades, entre otros objetivos a conquistar. Para ello es necesario crecer aún más como central a partir de la suma y fortaleza de los sindicatos que la componen, sin la participación de los trabajadores y trabajadoras organizadas y movilizadas no se alcanzan los objetivos propuestos. Defender la unidad del movimiento obrero es un elemento estratégico y de principios siempre, en la tarea de construir una sociedad sin explotados ni explotadores.

Nuestro pueblo vive un momento particular de la historia de nuestro país que nos coloca una vez más, en la disyuntiva de ser protagonistas centrales del mismo, haciendo avanzar la democracia en el actual proceso de cambios iniciado en el 2005 y profundizando con más conquistas y derechos para las grandes mayorías populares. Decimos esto porque nuestro movimiento sindical y el pueblo organizado somos protagonistas en el enfrentamiento con las clases dominantes, cuyo resultado no debe ser otro que el de hacer avanzar en democracia el actual proceso de cambios que vive el país hasta lograr que el mismo se torne irreversible.

Hemos recorrido senderos que han marcado una huella profunda en nosotros mismos y en nuestro país, llevamos décadas de luchas, construyendo y activando movimiento, coordinando acciones, siendo parte de las luchas por los derechos de la clase, defendiendo el derecho al trabajo con igualdad de oportunidades, la dignidad y la formas de vida de las trabajadoras con pleno acceso a la alimentación, la vivienda y educación

Estamos en un momento privilegiado para reducir inequidades, nos encontramos por lo tanto ante una oportunidad histórica para la igualdad. Debemos de provocar e impulsar procesos anti-discriminatorios, desde un cambio de la cultura en la construcción de una democracia integral e integradora. En el marco de conquistas sindicales, debemos de seguir profundizando la equidad en el trabajo. El combate a la pobreza está absolutamente ligado al logro efectivo de derechos y a la obtención de la ciudadanía plena de cientos de miles de mujeres uruguayas, ya que afecta cualitativamente las diferencias entre hombres y mujeres.

Las perspectivas están planteadas: distribución de la riqueza, mejores salarios y jubilaciones, avances en las reformas estructurales en curso, combate a la pobreza y la exclusión social, defensa de los Consejos de Salarios y libertades sindicales, combate a toda violencia de género, construcción de viviendas y escuelas de tiempo completo, sistema educativo integral para el desarrollo de un país productivo con justicia social, profundización de los derechos sexuales y reproductivos, sistema integrado de cuidados, por verdad y justicia.

Reconocemos que las uruguayas hemos construido innumerables espacios en la última década, la superación efectiva de las desventajas sigue siendo una deuda para el Uruguay actual. Tanto en lo que refiere a la participación política, sindical, el acceso de los cargos de confianza, a los recursos culturales, económicos y sociales, estamos lejos de acceder de forma equitativa.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Para el movimiento sindical la negociación colectiva es un instrumento de gran importancia, a 30 años de la vuelta de la democracia, hemos recuperado la negociación colectiva entre otros instrumentos. Continuamos reivindicando nuestro papel en la negociación colectiva, como instrumento en defensa de las trabajadoras donde nuestra plataforma sea contemplada con el respaldo y compromiso de todos los sindicatos. Luchamos y logramos incorporar cláusulas que nos amparan en nuestras necesidades reales de acuerdo a nuestros diferentes lugares de trabajo: salas de lactancia, licencia especial por violencia doméstica, el cuidado de nuestros familiares. Es tarea de cada gremio profundizar y fortalecer los avances. Valoramos estos logros, que son resultado de nuestras luchas, hemos avanzado en la inclusión de cláusulas de equidad de género, pero debemos profundizar los acuerdos en las negociaciones para seguir avanzando e impulsando la inclusión de cláusulas de equidad de género en los convenios colectivos.

Aún sigue siendo deficitaria la participación de mujeres sindicalistas negociadoras, las mujeres debemos participar en todas las instancias de negociación, las organizaciones deben promover esta participación asegurando con medidas concretas para que esta se concrete.

Entre las conquistas de los últimos años destacamos la Negociación Colectiva de las trabajadoras domésticas, pero en pleno Siglo XXI las Trabajadoras Rurales siguen siendo trabajadoras de segunda clase, por sus condiciones laborales, por sus salarios, por su calidad de vida, por las dificultades para que se cumplan todos sus derechos, los avances que se puedan acordar en las negociaciones serán también muy importantes para estas trabajadoras.

Proponemos acordar licencias especiales pagas por caso de violencia de género, licencia por familiar a cargo con discapacidad (Sin límite de edad del mismo) internado o en tratamientos domiciliarios que lo necesiten (considerando también tenencias y cúratelas).

Equiparar a 14 semanas la licencia de Maternidad-Paternidad a las trabajadoras públicas a proponer en el próximo Presupuesto Nacional y consejo de salarios tratando que cada convenio de respuesta a las necesidades de las trabajadoras. Además, lograr un piso de 16 semanas para equipararnos con el resto del MERCOSUR y extender el medio horario por lactancia hasta el año del niño/a.

Luchamos en el marco de las reivindicaciones del movimiento sindical por conquistas para las trabajadoras, por lo que hacemos nuestra la propuesta de que la Ley 18516 de inclusión de mano de obra local que amplíe las categorías, como una forma de promover el ingreso de las mujeres a los puestos de trabajo.

Valoramos positivamente la participación en la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, Comisión asesora del MTSS, organismo en el cual participamos desde hace 18 años, donde conquistamos la ley de trabajo doméstico, la ley de acoso sexual, el impulso de cláusulas de género en los diferentes convenios colectivos, acuerdo con Congreso de Intendentes para la realización de Capacitaciones sobre la Ley 18561 para la prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y relaciones docente –alumno entre otros. A finales del 2014 se firma un Convenio con el INEFOP para la realización de un Plan Piloto en Capacitación sobre dicha Ley. El mismo comenzará a partir de mayo 2015; entre los primeros participantes estarán el supermercadismo, las empresas de seguridad y Mafer (Frigoríficos), además se realizara difusión con folletería, guía amigable, libro de normas. Cabe destacar que esta Comisión Tripartita recibe denuncias de todos los sindicatos del país, entre otras muchas La Negociación Colectiva genera condiciones para impulsar la NO

Discriminación y la equidad de género en el empleo, es un instrumento de violencia de género, una herida abierta en nuestra democracia

No podemos ignorar los avances de la legislación en estos últimos años, pero aún debemos trabajar para mejorar la aplicación de medidas y acciones, que hoy, no son efectivas.La violencia también se sigue manifestando en el ámbito laboral, en los espacios públicos, en las imágenes en las que se promueven estereotipos reduciendo a las mujeres a roles tradicionales o meros objetos sexuales.

Nada justifica la violencia, debemos asumir el compromiso de apoyo y defensa de las mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia. Como movimiento sindical debemos respaldar con acciones de condena a quienes ejerzan violencia de género, aquí no hay lugar para violentos. 

Los medios de comunicación no pueden ser estigmatizantes, donde la violencia hacia las mujeres y aun más hacia las jóvenes queda desdibujada ante la gravedad del hecho, y la realidad queda oculta detrás de la noticia. No son mostradas muchas veces como las víctimas sino como sospechosa por ser joven, por ser mujeres, entre otras conceptualizaciones. Esta comunicación resulta negativa porque se reproducen estereotipos, imágenes falsas que a fuerza de repetirse comienzan a sentirse como verdaderas, por lo cual debemos de seguir apostando a una comunicación más sensible, más democrática y participativa.

Entendemos que es imprescindible ampliar los recursos económicos en el presupuesto nacional, contar con más servicios de atención, refugios adecuados a las diferentes situaciones, generar programas de empleo, de vivienda para apoyar las salidas que las mujeres necesitan, como un compromiso real para erradicar este flagelo nacional.

 Rechazamos toda forma de violencia de género, como personas y como sociedad.

 Debemos de continuar trabajando en la prevención y en las medidas para salir definitivamente de la violencia hacia las mujeres, el maltrato y el abuso infantil, tanto en el ámbito público como privado.

 Se debe garantizar el control, atención y represión de todas formas de violencia de género, que se incorpore la perspectiva multifactorial; generacional, por origen étnico racial, por identidad de género u orientación sexual, entre otros.

 Debemos exigir la creación de programas especiales de Empleo y prever cupos de viviendas para casos de violencia doméstica y jefaturas monoparentales.

 Debemos capacitar y sensibilizar permanentemente a los educadores, funcionarios/as de la Salud, Ministerio del Interior, Poder Judicial, delegados/as negociadores/as del MTSS para logran una efectiva prevención.

 Seguir realizando actividades de sensibilización en las organizaciones sindicales.

 La concreción de un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica en todo el país que de respuesta a esta situación.

 La capacitación, formación y sensibilización sobre la Ley de Acoso Sexual en el ámbito sindical y empresarial.

 Es necesario que todos los y las sindicalistas den a conocer a sus afiliados sus derechos así como el compromiso y aplicación en defensa de esta Ley.

 Aprobación de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y/o acoso sexual en el ámbito laboral.

 Aplicación del Protocolo de actuación votado en el XI Congreso del PIT-CNT asumiendo el compromiso en la defensa de la ley de acoso sexual laboral.

 Difusión a todos y todas de los derechos adquiridos sobre acoso sexual- laboral. Consideramos que los asesinatos por violencia doméstica no pueden quedar impunes, solo como una expresión de violencia de género, los consideramos FEMINICIDIO y por eso, proponemos al parlamento que discuta y apruebe en forma urgente una ley que tipifique como delito el FEMINICIDIO.

TRÁFICO Y TRATA

Hoy Uruguay es terreno para el tráfico y trata de personas tanto a nivel nacional e internacional con fines de explotación laboral y sexual. Las mujeres y aún más las adolescentes son captadas con falsas promesas a nivel personal y económico, esto es una forma encubierta de esclavitud y violación a los derechos humanos.

Vemos con preocupación las denuncias surgidas de inmigrantes de distintos orígenes sobre todo dominicanas que estarían llegando a nuestro país para la explotación sexual. Muchas de ellas son adolescentes las que son captadas con el ofrecimiento de trabajo. La Trata y el Tráfico de personas atenta contra la dignidad, la integridad y la capacidad de constituirse en sujetos plenos de derechos.

 

El tráfico y la trata es forma de esclavitud, es violación a los Derechos Humanos

Es responsabilidad del Estado continuar tomando medidas para proteger a las víctimas de Trato o Tráfico y asignar los recursos necesarios para proporcionarles una atención integral, así como la voluntad y el compromiso político en defensa de ellas. 

Reafirmamos que EL DERECHO AL TRABAJO NO TIENE FRONTERA. La migración es un tema impostergable que debemos incorporar a nuestra plataforma, así como también elaborar propuestas, un compromiso que debemos de asumir con quienes llegan a nuestro país, quienes retornan o quienes continúan fuera de él. Para quienes emigran, se plantea la dificultad para la sociedad que las recibe, esto sucede por varios factores; dificultad para conseguir trabajo sin documentación, desconocimiento de las leyes y recursos, lo que lleva a que las posibilidades sean de acceso a trabajo precario e irregular.

Una situación que se debe de tener en cuenta es la FEMINIZACIÓN de las migraciones, ya que por motivos laborales o como integrantes de grupos familiares, aportando a la tarea del cuidado; deben de contar con servicios para sus hijos/as y para ellas, algo que por el momento es de difícil acceso y muy complejo. Cuando su condición es de ilegalidad las mujeres migrantes están en situación de extrema vulnerabilidad y desprotección. En el plano laboral pueden acceder a trabajos de menor calidad y remuneración, sin protección de la seguridad social y por lo tanto sin cobertura de asistencia. Debemos de tener en cuenta que entre las migrantes un alto porcentaje trabajan en el servicio doméstico, y generalmente en trabajos precarios y subvalorados, es por esto, entre otras razones, la importancia para millones de trabajadoras la aprobación y ratificación del convenio 189 de la OIT.

Aspiramos como PIT-CNT a que los trabajadores/as migrantes tengan plenos derechos y que no se constituyan en el ejército de reserva del capitalismo, esperando como clase trabajadora la unidad de la misma para evitar cualquier tipo de enfrentamiento que involucre xenofobia o cualquier tipo de discriminación a la interna de nuestra clase.

DERECHO AL ACCESO A LA CULTURA Y SUPERACIÓN DE ESTEREOTIPOS CULTURALES

Para apuntar a una sociedad más equitativa resulta prioritario promover cambios culturales, para los que la socialización secundaria es determinante. Es preciso idear estrategias para develar e impugnar las manifestaciones de la currícula oculta en el sistema educativo a efectos de que niños, niñas y adolescentes crezcan convencidos de que su sexo nada tiene que ver con su potencial ni con sus posibles proyectos de vida, así como tampoco con sus responsabilidades y obligaciones en la vida adulta.

NO HAY AVANCE EN LA DEMOCRACIA SIN LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES

Los avances obtenidos, son insuficientes, y nos desafía a luchar por nuevos objetivos, la aprobación de la cuota en el IX Congreso generó una discusión importante colocando el análisis sobre las dificultades que enfrentamos las mujeres a la hora de participar, o de ocupar lugares de representación, o de dirección.

Pese a ser aprobada, la cuota no ha sido aplicada, pero consideramos que hay que redoblar el esfuerzo y la voluntad para que las mujeres accedan a todos los lugares. Se ha mostrado claramente la necesidad de instrumentar la lucha por la igualdad de la mujer legislando sobre la paridad política que garantice la representación igualitaria de mujeres y de hombres en todas las instancias de toma de decisiones.

En la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Ecuador se firmó el Consenso de Quito (2007), se respaldaron todos los acuerdos internacionales previos y se avanzó en la necesidad de establecer la paridad entre los géneros. En este documento, firmado por representantes de 34 países latinoamericanos, entre ellos Uruguay, se acordaron los temas considerados de importancia estratégica en la región:

 Participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles.

 La contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado.

  se entiende que “la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia”.

Los fines del establecimiento de la paridad son alcanzar la igualdad: en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

En julio de 2010 en el Consenso de Brasilia, se ratificó el Consenso de Quito y se alcanzo su plena vigencia. Se reafirmó que la paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres de la sociedad. Hoy aquí en este Congreso tenemos la oportunidad de plantearnos la reflexión entre todos y todas para saldar una deuda que tenemos dentro de nuestro movimiento sindical con la PARIDAD. 

Si observamos la participación política, sindical, el acceso a cargos de confianza, a recursos culturales, económicos, sociales, la desigualdad y la inequidad siguen estando presentes. Puntualmente en el mercado laboral persisten las inequidades de género, la tasa de actividad de empleo, la remuneración salarial, el acceso a determinados puestos de trabajo, sin evaluar la real capacidad de los trabajadores/as. En el caso de las mujeres específicamente en la división del trabajo, situándolas en cargos de atención al público, administración, gestión de personal, secretarías, etc., con escasas posibilidades de ocupar cargos de liderazgo y de decisión. 

Debemos romper con los “techos de cristal” y los “pisos pegajosos” que limitan a las mujeres, a las personas trans, a los/as afro descendientes y a las personas con capacidades diferentes en ambos extremos del mercado laboral. Los “techos de cristal” describen el freno en el acceso de las personas más capacitadas a los cargos de decisión, tanto en los ámbitos laborales como en nuestras organizaciones sindicales, los cuales se generan por mecanismos no siempre visibles de discriminación.

Por “Pisos pegajosos”, nos referimos a trabajadores/as con mayor vulnerabilidad social, con bajos salarios, empleos informales y de baja calidad, con poca perspectiva de progreso, a los cuales se les hace muy difícil salir de esas situaciones, principalmente por la inexistencia de apoyo para los cuidados, por falta de oportunidades de capacitación en el trabajo.

Si tomamos en cuenta la actual tasa de empleo, 58,8% y la disgregamos por sexo, la tasa de empleo para los hombres es de 68,2% y el de las mujeres un 50,2%, lo que nos demuestra la desigualdad en el mercado laboral y en el acceso al trabajo (Datos febrero 2015, Fuente: INE). En el mismo orden, se evidencia la presencia de una brecha promedio entre salarios de mujeres y hombres, aunque se han reducido, aún persisten, segregación ocupacional, la feminización de ciertas ocupaciones tienen un impacto negativo sobre las mujeres y tienden a incrementar las diferencias entre las remuneraciones entre ambos sexos.

La diferencia salarial existente es consecuencia de la división sexual del trabajo de una sociedad capitalista y patriarcal. Dado la coyuntura existente donde no hemos llegado a que se logren mejores condiciones de participación de las trabajadoras en la estructura de la central es imprescindible que se mantenga la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El principal desafío a futuro,  es garantizar que no haya retrocesos y procurar que en la nueva administración de gobierno, se hagan mayores esfuerzos para que todas las personas en todo el país se beneficien de estos avances en igualdad de oportunidades. Para ello deberán superarse los obstáculos y problemas identificados a través del monitoreo social, la experiencia de la población usuaria y el conocimiento de quienes participan en diversas instancias de la implementación y evaluación de las políticas públicas.

Hoy en Uruguay están dadas las condiciones para que existan servicios integrales y de calidad de salud sexual y reproductiva y de aborto seguro. Están dadas las condiciones para lograr un efectivo ejercicio de nuestros derechos de manera informada sin cohesión. En el período legislativo 2010-2014, se aprobaron varias leyes que aportan al marco de reconocimiento de los DSR:  ampliación de la Licencia por Maternidad y Paternidad (Ley Nº 19.161); la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley Nº 18.987), la Reproducción Asistida (Ley Nº 19.167) y el  Matrimonio Igualitario (Ley Nº 19.075), son ejemplos de ello.

En el 2010 se reglamentó la Ley Nº 18.426, en Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), y comienzan a implementarse los servicios dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como prestaciones obligatorias para las instituciones públicas y privadas afiliadas. Además, a partir de diciembre de 2012 se incluye la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), implementándose la Ley Nº 18.987 aprobada en octubre de ese año. Las cifras oficiales a febrero de 2014 dicen que se realizaron aproximadamente 6.500 abortos legales, con mayor incidencia en Montevideo y en las instituciones mutuales. Han adherido a la objeción de conciencia el 30% de profesionales de la ginecología, y dos instituciones de salud, afiliadas al SNIS, han hecho objeción de ideario para no brindar servicios de aborto, debiendo derivar a las mujeres que lo requieran a otras instituciones o profesionales para asegurar su atención.

En cuanto a los derechos de la diversidad sexual, en este periodo se reglamentó la Ley Nº 18.620 para el cambio de nombre en el Registro Civil para su adecuación a la identidad de género de la persona. Se aprobó el matrimonio igualitario y se han elaborado protocolos de atención en SSRR para hombres que tienen sexo con hombres y para personas trans. Si bien esto implica avances en lo que hace a los derechos de la comunidad lésbica, gay, transexual, transgénero, bisexual e intersexual (LGTTBI), aún hay que enfrentar múltiples desafíos para que, en el proceso de cambio socio-cultural, ninguna forma de discriminación continúe vigente en nuestra sociedad.

El país obtuvo financiamiento externo para concentrar los esfuerzos en la respuesta al VIH, dirigiendo acciones hacia las poblaciones más afectadas buscando combatir el estigma y la discriminación vinculados a la pandemia. El Programa Nacional de  ITS/sida, fue integrado al Área de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección de Planificación Estratégica creada en el Ministerio de Salud, en el anterior periodo de gobierno.

Si bien todos estos cambios pueden valorarse como positivos, hay problemas, obstáculos y vacíos que aún deben enfrentarse y superarse a distintos niveles. La violencia obstétrica, sigue siendo una práctica institucional no superada y desprovista de los mecanismos de investigación y respuesta cuando se presentan las denuncias. Los servicios de atención a la violencia sexual y de género son insuficientes. El acceso a la medicación necesaria y a una atención de calidad para personas con VIH tiene déficit que han sido denunciados reiteradamente por las organizaciones sociales.

La atención de las personas que realizan trabajo sexual no es integral, y las necesidades en salud específicas de las personas trans para las transformaciones corporales o la reasignación de sexo, no son accesibles para toda la población implicada. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no siempre tienen garantizada la igualdad de condiciones para desarrollar la vida sexual libre de violencia y abusos, ni acceden a los medios para tomar decisiones reproductivas informadas y sin consecuencias negativas para su futuro.

LOS DERECHOS SEXUALES SON DERECHOS HUMANOS, NO SE NEGOCIAN, SE RESPETAN Y GARANTIZAN

Trabajaremos para que en todo el movimiento sindical se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad, que seamos inclusivos, diversos, libres de perjuicio de cualquier tipo, donde las personas sean respetadas cualquiera sea su opción sexual y así podamos vivir en una sociedad sin discriminación y sin estigmatización de ningún tipo.

Propuestas sugeridas en la 5º Jornada Nacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos

 Que los DSR, en tanto Derechos Humanos, sean legitimados, promovidos y respetados social, cultural, legal y políticamente, asegurándose desde el Estado la igualdad de condiciones para que toda persona pueda desarrollar sus capacidades y vivir con libertad y autonomía, sin sufrir violencia ni discriminación por edad, sexo, clase social, condición, orientación e identidad sexual o de género.

 Que el sistema político se comprometa con el objetivo de que leyes, planes y programas tengan los recursos presupuestales y humanos necesarios y suficientes, a nivel nacional y departamental, para ser debidamente implementados. A su vez, deben ser servicios organizados y articulados en los distintos niveles de atención y entre distintas instituciones, para asegurar la promoción, la prevención y el acceso universal a la educación y a una SSR de calidad, integral y acorde a los requerimientos específicos de la población.

 Fortalecer un eficiente sistema de registro sobre el estado de situación de la salud y los DSR, construyendo los indicadores necesarios que permitan evaluar procesos y resultados, contar con herramientas adecuadas de fiscalización y con mecanismos de participación ciudadana que permitan canalizar denuncias y propuestas, con el objetivo de adaptar y mejorar las respuestas ante problemas y vacíos detectados.

 Desarrollar y fortalecer, por parte de instituciones públicas y privadas, la formación continua de recursos humanos para contar con profesionales y personal debidamente capacitado que pueda brindar una atención humana, calificada, en condiciones y con los insumos que les permitan cumplir satisfactoriamente con la función y la actuación en equipo.

 Generar un sistema de acreditación y certificación de quienes brindan educación sexual, con el propósito de asegurar la calidad de las acciones dentro y fuera del sistema educativo formal.

 Ampliar y asegurar múltiples canales de difusión de los servicios existentes, para que toda la población pueda conocer y hacer uso de los mismos. Desarrollar campañas de sensibilización, información y educación en todo lo relacionado a DSR, que impulsen cambios culturales, promuevan la equidad de género y erradiquen toda forma de violencia, estigma y discriminación vinculada a las distintas formas de vida sexual y decisiones reproductivas.

 Promover un sistema de cuidados que supere la división sexual del trabajo, de forma tal que las tareas de reproducción biológica y social no recaigan exclusivamente sobre las mujeres. Esto implica democratizar las responsabilidades para que sean compartidas al interior de las familias y entre la comunidad, el Estado y el mercado.

 Revisar, armonizar y modificar el marco normativo para superar los vacíos y problemas identificados en la legislación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, así como fortalecer los mecanismos de participación.

A nivel de servicios, proponemos:

 Que la atención en SSR sea integral, de calidad y brinde respuesta a las distintas necesidades.

 Fortalecer el trabajo en red y potenciar los niveles de coordinación entre los programas de salud, educación y  políticas sociales superando los enfoques verticales y la superposición de esfuerzos para consolidar la descentralización de las respuestas y la  intervención interinstitucional y multisectorial.

 Asegurar en tiempo y forma la medicación más adecuada, acorde a las necesidades y proceso de adherencia al tratamiento antirretroviral de las personas con VIH que lo requieren. Además, lograr accesibilidad en igualdad de condiciones para la población usuaria de las instituciones públicas y privadas de todo el país.

 Minimizar las barreras de acceso a los servicios de SSR para personas con discapacidad y para quienes viven en condiciones de particular vulnerabilidad por razones de edad, sexo, clase social, nivel educativo, ubicación geográfica, etnia/raza, orientación sexual e identidad de género diversa.

 Asegurar el tratamiento de hormonización y de reasignación de sexo para las personas trans que lo requieran en el marco de una atención integral de sus necesidades en salud.

 Se debe respetar el derecho de la mujer y su pareja a elegir dónde, cómo y con quién parir. A su vez, debe abatirse el alto índice de cesáreas que superan largamente los promedios recomendados por las instituciones internacionales y regionales referentes en salud.

 Que la canasta de métodos anticonceptivos sea amplia y se habiliten todos los medios para promover la elección informada, asegurando que mujeres y varones de todas las edades y condiciones tengan protección en su vida sexual y reproductiva, acorde a los requerimientos y características particulares de cada persona.

 Mejorar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, asegurando la existencia de los profesionales necesarios, el acceso a los métodos más seguros y la elección más apropiada para la mujer que lo solicita.

 Regular de forma estricta la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología para abatir, en los distintos lugares del país, esta causa como obstáculo al ejercicio de los derechos de las mujeres que transitan por un embarazo no deseado.

 Asegurar la existencia de las salas de lactancia que permitan continuar con el amamantamiento una vez que las mujeres deban reintegrarse a sus lugares de trabajo o de estudio, después del parto.

 Efectivisar políticas inclusivas interinstitucionales que aseguren servicios integrales para la atención de las múltiples dimensiones de la violencia física, psíquica, sexual y patrimonial por razones de género y generaciones.

 Desarrollar políticas y estrategias efectivas para erradicar la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

 Asegurar el respeto, la atención integral y las garantías para la protección de las personas que realizan trabajo sexual.

 Desarrollar servicios de promoción, prevención y atención en salud y DDSSRR para varones de todas las edades y condiciones.

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS

La política del cuidado como política pública debe dejar de ser simplemente un debate, debe responder a una necesidad con profundo impacto en la vida cotidiana de cada una de nosotras. Es este condicionante sobre aquellas mujeres que no tienen oportunidades para incorporarse al mercado de trabajo. Porque el cuidado no es solo cosas de mujeres, para seguir avanzando a estructuras sociales equitativas, es imprescindible la concreción de una ley de un SISTEMA

INTEGRADO NACIONAL DE CUIDADOS

La construcción de dicha ley debe permitir atender los cuidados de personas dependientes, de sus cuidadores/as, así como la redistribución de las responsabilidades de las familias, sociedad y Estado. Sus efectos mejoraran las condiciones de trabajo y la calidad de vida de la clase trabajadora y es una imperiosa necesidad para seguir profundizando la justicia social.

Los/as trabajadores/as dedicados a la tarea de los cuidados tienen un alto nivel de informalismo en comparación con otras ocupaciones, con salarios bajos, muchas veces encubierto como trabajo doméstico. Reconocer el CUIDADO como trabajo, con derechos y obligaciones es imprescindible.

Es el estado que debe ser garante de los cuidados, debe definir las políticas, las normas, la reglamentación, su monitoreo y evaluación, así como crear mecanismos de participación de organizaciones sociales, de trabajadores y de usuarios en la definición de políticas y financiamiento a nivel nacional.

PROPUESTAS SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS

 Creación e implementación de un SNIC y seguir avanzando en términos de corresponsabilidad en el trabajo (OIT convenio 156).

 El desarrollo de una RED de Servicios de cuidados con diferentes niveles de complejidad que se extienda por todo el territorio nacional.

 La descentralización de la gestión y el financiamiento de los Departamentos, Municipios y Alcaldías.

 La profesionalización y calificación de los/as cuidadoras/es especializados.

 La capacitación de las personas que cuidan (INEFOP)

 Los servicios brindados por el SNIC deben ser suficientes y distribuidos en todo el territorio, de buena calidad, accesible, diversos (Club de niños, hogares de día, servicio de reposo) adecuados a las necesidades de los usuarios (modalidad, horarios) y deben de existir servicios de apoyo por ejemplo, el transporte brindado por el estado.

 Democratizar el sistema de aportes para el acceso a guarderías, de forma que las empresas aporten y los/as trabajadores/as paguen de acuerdo a sus ingresos.

 Ampliación de los horarios y calidad de los CAIF, así como tener presente las guarderías nocturnas para aquellos trabajadores/as que las necesiten.

 Escolarización de tiempo completo en primaria y pre-escolares en cantidad de horas y calidad en las propuestas con su debido presupuesto.

 Responsabilidad social de las empresas que se debe de traducir en aportes a guarderías y al sistema de cuidados tratarlos en la negociación colectiva.

SEGURIDAD SOCIAL

 Rediseño del sistema de Asignaciones Familiares, apuntando a la universalidad del derecho del niño y niña.

 Prohibir las tablas de expectativa de vida, por ser altamente discriminatorias, que se mantienen vigentes producto de las AFAPS en el sistema jubilatorio.

Como ayer, hoy y siempre las trabajadoras organizadas defendemos la justicia social y la paz. Al decir de nuestra querida compañera Jorgelina Martínez:” Las mujeres no solo queremos dar la vida, queremos cambiarla”

 

Secretaría y Departamento de Género, Equidad y Diversidad

Junio 2015